VALENCIA.- La Generalitat Valenciana pide, al igual que Fiscalía Anticorrupción, cuatro años de cárcel para Francis Puig, hermano del expresidente del Consell Ximo Puig, por el caso de las subvenciones. Así mismo, requiere otros tres años de prisión para su socio Juan Enrique Adell Bover.
Así se desprende del escrito que ha presentado la Abogacía al Juzgado de Instrucción nº 4 de València, encargado de investigar un supuesto fraude de subvenciones públicas.
El fiscal pide cuatro años para el hermano de Puig por un delito de falsedad documental continuada en concurso medial con un delito de estafa agravada, así como el pago de una multa. Para Bover reclama tres años de prisión por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa agravada.
Así mismo, la Generalitat solicita, en concepto de responsabilidad civil, el pago de 58.866,69 euros de Puig a la Generalitat como administrador de Masmut Produccions S.L. De esta cantidad se indica que Bover, como cooperador necesario al delito de falsedad y estafa, deberá indemnizar de forma solidaria con éste la cantidad de 74.710,75 euros --facturación de Kriol, Canal Maestrat y Nova CB--, cantidad que será repartida, de forma proporcional entre la Generalitat Valenciana y la Generalitat de Catalunya, conforme a los criterios de las bases reguladoras de sus respectivas subvenciones.
La Generalitat mantiene que, de la instrucción llevada a cabo, fundamentalmente de los informes de la Policía Judicial y de la Intervención General de la Generalitat Valenciana, se desprende que se han obtenido «indebida y fraudulentamente» ayudas concedidas por el Consell al haberse detectado facturas no subvencionables, gastos no realizados, facturas que pueden considerarse como falsas, por estar duplicadas, por autofacturación, facturas cruzadas, falta de pago o porque no constan pagadas por el proveedor.
El pasado mes de enero, el juzgado dictó el auto por el que acordaba procesar a Francis Puig y Juan Enrique Adell Bover, administradores de Comunicacions dels Ports SA y Canal Maestrat SL, respectivamente, en el marco de la causa en la que se investigan subvenciones públicas para el fomento del valenciano en medios de comunicación que percibieron ambas empresas y Mas Mut Produccions SL (administrada también por el primero de ellos) entre los años 2015 y 2018.
Según el auto de incoación de procedimiento abreviado, el magistrado señala que «las conductas son relevantes en un doble aspecto, tanto cuantitativo, como se ha expresado en los hechos de la presente resolución, así como en los instrumentos utilizados: facturas falsas, sociedades instrumentales, domicilios ficticios, actividades carentes de forma patente de cualquier tipo de relación con la subvención que efectivamente se obtuvo y produjo el subsiguiente enriquecimiento a favor de las sociedades administradas por los investigados Francisco Puig Ferrer y Juan Enrique Adell Bover».
La resolución judicial detalla los indicios que apuntan al uso por parte de los investigados de facturas falsas, sociedades instrumentales, domicilios ficticios o actividades no relacionadas con las subvenciones para obtenerlas.
La causa se ha centrado en las ayudas concedidas por ambas instituciones autonómicas a las empresas Comunicacions dels Ports SA, Mas Mut Producción SL y Canal Maestrat. En el caso de la Generalitat valenciana, las ayudas iban dirigidas a la protección y difusión del valenciano, mientras que en el de la Generalitat Catalunya el objeto era otorgar subvenciones estructurales para la prestación de servicios en legua catalana o aranesa.
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