Morant cree "inasumible e inaceptable" una nueva remodelación del Consell: "No nos vale un cuarto gobierno de Mazón"

 VALENCIA.- La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha señalado este lunes que es «inasumible e inaceptable» que se lleve a cabo una nueva remodelación del Gobierno valenciana, presidido por el 'popular' Carlos Mazón. «No nos vale un cuarto gobierno de Mazón», ha indicado respecto a la posibilidad de que se lleve a cabo un cuarto cambio en este ejecutivo autonómico desde que comenzó la actual legislatura.

Asimismo, Morant ha considerado una «anomalía democrática y política» que el nuevo curso político comience con Carlos Mazón al frente de la Generalitat «a pesar del rechazo de la grandísima mayoría de la ciudadanía valenciana».

La también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades se ha pronunciado de este modo durante una comparecencia ante los medios de comunicación en Valencia para hablar del inicio del curso político y de diversos temas de actualidad.

En su intervención, Diana Morant ha comentado que se está «escuchando cómo sutilmente» se «desliza que posiblemente vaya a haber una cuarta remodelación de gobierno» valenciano en esta legislatura.

 «Dos años y una cuarta remodelación de gobierno», ha destacado, al tiempo que ha asegurado que «esto es inasumible e inaceptable».

La representante del PSPV-PSOE ha manifestado que «los valencianos y las valencianas rechazan no sólo a Mazón sino a todo el gobierno» autonómico que preside. 

«El 60 por ciento de los valencianos piensa que estamos peor que antes de que Mazón entrara a gobernar», ha aseverado.

Morant ha añadido que esto «lo saben» los miembros del Consell y del PP y ha advertido de que «van a querer volver a vender esa moto de la remodelación del gobierno». 

«Y nosotros vamos a ser muy claros: No nos vale un cuarto gobierno de Mazón», ha remarcado la responsable socialista.

«No nos vale un cuarto gobierno de PP con Vox. Lo que queremos es una convocatoria electoral, que dimita Mazón y que elija el pueblo», ha añadido Diana Morant.

Respecto al inicio del nuevo curso político en la Comunitat Valenciana, la ministra ha lamentado que arranque con la «anomalía democrática y política» que supone que «Mazón todavía está como presidente de la Generalitat a pesar del rechazo de la grandísima mayoría de la ciudadanía valenciana».

«Quiero recordar las encuestas que dicen que el 80 por ciento de los valencianos y las valencianas quiere que Mazón dimita», ha señalado, al tiempo que ha expuesto que este es «un presidente que ha suspendido completamente su agenda».

«No ha estado en las calles» este verano, «no ha podido visitar ningún pueblo porque sufre ese rechazo de la ciudadanía, de los valencianos y de las valencianas», ha asegurado Morant.

La secretaria general del PSPV-PSOE ha instado a comparar la agenda del actual presidente de la Generalitat con la suya, con la del anterior jefe del Consell, el socialista Ximo Puig, o con la del propio Mazón «antes del 29 de octubre», el día de la dana que afectó a diferentes localidades de la provincia de Valencia.

«Nos podrán contar cualquier cuento, incluso nos dicen que ha estado trabajando discretamente en la reconstrucción y en la dana», pero «lo único que ha hecho Mazón este verano ha sido inaugurar dos carreteras nueve meses después de la dana mientras que el Gobierno de España puso las carreteras en marcha en cuestión de semanas», ha agregado.

Diana Morant ha afirmado que los socialistas valencianos han estado «a pie de calle, trabajando en la recuperación» porque «podemos estar en la calle». 

«Escuchamos a la calle y llevamos a donde se pueden tomar decisiones las reclamaciones de los alcaldes, de las alcaldesas», ha apostillado.

Morant ha considerado que el Consell de Carlos Mazón es «un gobierno de la Generalitat que no gobierna, que no gestiona y que sigue de puntillas y al dedillo todas las órdenes que recibe de Vox, comprando todos los postulados negacionistas del cambio climático de Vox». Ha afirmado que esto «supone un peligro para la ciudadanía».

Una "dirección política" con la presidencia de la Generalitat y una nueva alerta, propuestas del Plan ante catástrofes

 VALENCIA.- El borrador del Plan director de análisis, anticipación y reacción ante catástrofes naturales de la Vicepresidencia Segunda del Consell para la Recuperación tras la dana, encabezada por Francisco José Gan Pampols, contempla la creación de una comisión delegada como órgano de «dirección política» a través del cual el Consell podrá seguir la gestión de las emergencias, dirigido por la persona que ocupe la Presidencia de la Generalitat. Se diferenciaría así de la dirección «operativa» de las emergencias, que corresponde al Cecopi y al Centro de Coordinación (CCE).

Otra de las recomendaciones del plan --que acaba de salir al proceso de audiencia ciudadana-- es la incorporación de un nivel de alerta superior ante emergencias (color negro, por encima de rojo) «para situaciones excepcionales de riesgo extremo, cada vez más frecuentes en el contexto del cambio climático».

Este plan director, que consta de 123 páginas, tiene como principal objetivo «fortalecer la protección civil de la Comunitat Valenciana para afrontar los desastres de forma eficaz y reducir sus efectos», incide el documento.

En cuanto a la estructura organizativa ante catástrofes, se plantea un esquema piramidal en cuya cúspide aparece la «dirección política», que corresponde al presidente de la nueva comisión delegada, que sería el 'president' de la Generalitat. En los siguientes niveles figuran los responsables del Cecopi, del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) y del Puesto de Mando Avanzado (PMA).

El Cecopi se convocaría a solicitud del director del plan. Las personas encargadas de la dirección y la toma de decisiones serían el director del plan, el director técnico en coordinación con los alcaldes de municipios afectados y director del PMA, que estaría en contacto con las unidades de intervención, sanidad, seguridad o logística.

«Adicionalmente, es crucial que cada integrante de la estructura organizativa posea las competencias necesarias para cumplir sus función específica. Cada miembro debe asumir un solo rol y tener una comprensión clara de sus responsabilidades, funciones y relaciones dentro de la organización», subraya el borrador.

Se pretende de este modo «asegurar una autoridad clara, un liderazgo definido, una respuesta ordenada en todos los niveles de dirección», en base a una estructura «modular y flexible» capaz de adaptarse a todas las fases de la emergencia, y promover «una comunicación integrada que asegura un flujo de información eficaz». Se insta así a revisar la estructura actual para adecuarla a las ya existentes a nivel estatal y europeo.

En concreto, el director de la emergencia --la «máxima autoridad» en la toma de decisiones, precisa-- se encargaría de declarar las fases y situaciones de emergencia, de proponer la declaración de emergencia de interés nacional cuando sea procedente y de dirigir y coordinar las actuaciones y el nivel de movilización de efectivos, por lo que podría solicitar la activación o desmovilización de medios ordinarios y extraordinarios. También podría convocar órganos como el Cecopi y coordinar la información a la población afectada.

Además, en la fase de despliegue de recursos extraordinarios y de interés nacional se constituiría un comité de dirección, integrado por una responsable de la emergencia a nivel autonómico y por otro representante del Estado. Si se declarara la emergencia nacional, el director del plan pasaría ser el ministro del Interior o la persona en quien delegue.

Por su parte, el director técnico, como «elemento operativo de nivel superior», se encargaría de activar y desactivar planes de emergencia, evaluar avisos para ordenar la emisión de alertas y de proponer al director del plan la declaración de las fases de emergencia. También dirigiría las actuaciones del CCE y coordinaría al Cecopi y al PMA, además de colaborar con otras organismos públicos y privados. Haría así de «enlace institucional» con el director del plan y con los alcaldes afectados.

En paralelo se contempla un comité asesor con participación de todos los cuerpos de seguridad y servicios movilizados, con representación de la Delegación de Gobierno, y un gabinete que centralizaría la información sobre la emergencia y se encargaría de «detectar y corregir falsedades e informaciones erróneas».

Ante la detección de un fenómeno adverso, sería analizado por el CCE, que lo transmitiría a los organismos implicados si lo considera necesario. A partir de ahí, el director del CCE evaluaría la necesidad de activar la emergencia. Si es de tal magnitud que requiere movilizar recursos extraordinarios, se convocaría la nueva comisión delegada. Una vez finalizada, el CCE se encargaría de los escenarios de desescalada, «sin necesidad de mantener activa toda la estructura del Cecopi».

En materia de alertas se recomienda «reducir la dependencia de decisiones subjetivas y mejorar la percepción del riesgo, uno de los principales factores que compromete la seguridad de la población». Se propone establecer un sistema homogéneo de colores (verde, amarillo, naranja y rojo) aplicable a todos los riesgos, con un nuevo nivel negro para situaciones de riesgo extremo, además de actualizar continuamente los estándares al cambio climático.

A la hora de evaluar riesgos, se propone impulsar un sistema integral y garantizar su accesibilidad tanto a la ciudadanía como a los responsables de la toma de decisiones.

El Consell asegura que sus altos cargos aportarán sus títulos sin publicar: "Los errores se subsanan, las mentiras no"

  VALENCIA.- La portavoz del Consell, Susana Camarero, ha afirmado que los altos cargos del Gobierno valenciano que "por distintas razones" no tenían los títulos de sus estudios publicados en el portal de Transparencia "los han publicado en las últimas horas o lo están publicando".

"Los errores se subsanan, las mentiras y las falsedades no", ha enfatizado Susana Camarero, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell celebrado este martes, a preguntas de los medios sobre si a estos cargos que no han publicado sus estudios se les ha pedido que lo hagan y sobre si, en concreto, se ha pedido al secretario autonómico de Infraestructuras, Javier Sendra, que aclare las "diferencias" entre el currículum que tiene colgado en la Generalitat y el de la Diputación de Alicante.

Respecto al secretario autonómico de Infraestructuras, Susana Camarero ha subrayado que "ni ha mentido ni ha falsificado" sus estudios, "a diferencia de lo que hemos conocido la semana pasada del ya excomisionado de la dana", en alusión a José María Ángel.

Después de la información publicada por eldiario.es sobre que Sendra incluyó en su currículum un máster de alta dirección que en realidad es un curso de 140 horas lectivas, Camarero ha indicado que "el título al que hace referencia contaba con esa denominación, fue una formación por parte de la Diputación de Alicante a miembros de los distintos grupos parlamentarios y es un tema ya aclarado hace tiempo".

Camarero ha subrayado que "es poco comparable que algunos altos cargos desconociesen que tenían que subir la titulación y lo estén, como digo, subsanando, a que algunos otros altos cargos hayan mantenido mentiras o falsedades durante décadas".

La portavoz del Consell ha apuntado también que le "gustaría que la delegada del Gobierno (Pilar Bernabé) también pudiera publicar qué cursos, su expediente académico o qué titulaciones tiene después de llevar décadas mintiendo sobre las mismas".

Camarero, sobre si volverá el mismo Consell tras el verano: "Estaremos los mismos miembros con total seguridad"

 VALENCIA.- La portavoz del gobierno valenciano, Susana Camarero, ha indicado este martes, preguntada tras el último pleno del Consell sobre si cree que este volverá de las vacaciones con los mismos integrantes: «Estaremos los mismos miembros del Consell en la mesa con total seguridad».

La también vicepresidenta primera de la Generalitat ha realizado un balance de un curso político «marcado por la dana» en el que «la prioridad desde el 29 de octubre es la reconstrucción de las zonas afectadas».

Camarero ha asegurado que el Consell está «desde el primer día en ayudar, en acompañar, en solucionar los inmensos problemas que ha generado la dana».

 «Estamos trabajando de una forma ingente, como nunca nadie en ninguna Administración había tenido que hacer frente, para esa reconstrucción, esa vuelta a la mayor normalidad de los municipios afectados por la dana y, especialmente, de las personas afectadas por la dana y de las víctimas, como no podía ser de otra manera», ha afirmado Camarero.

«Ahí estamos y ahí vamos a seguir con un corto periodo de descanso y volveremos con todas las fuerzas para seguir en nuestra prioridad, que es esta», ha zanjado.

Merino dice que la Comunitat Valenciana repite a la cola en financiación por habitante

 VALENCIA.- La consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, ha lamentado que la Comunitat Valenciana «sigue siendo la comunidad de régimen común con la peor financiación por habitante ajustado pese a que el Gobierno central insiste en que recibe más recursos que nunca» y lo ha achacado a un Gobierno central «zombi que no gobierna».

«Se trata de ingresos que corresponden legítimamente a los valencianos, no de un regalo del Gobierno de Sánchez», ha subrayado Merino en un comunicado.

La titular autonómica de Hacienda se ha pronunciado en estos términos con motivo de la publicación de los datos definitivos sobre la financiación de las comunidades autónomas de régimen común de 2023, cuya liquidación se abona este mes. 

Según un informe de la Dirección General de Financiación a partir de esos datos, los ciudadanos de la Comunitat Valenciana fueron los peor financiados con 3.215 euros por habitante ajustado.

Esta cifra les sitúa a 1.098 euros por debajo de los ciudadanos con la mayor financiación por habitante, y 200 euros por debajo de la media de las comunidades autónomas de régimen común, que fue de 3.415 euros por habitante ajustado, ha explicado Merino.

Esta situación, según Merino, «sigue perpetuando un modelo profundamente injusto que penaliza a cinco millones de valencianos y valencianas infrafinanciados desde hace ya más de dos décadas».

«Para los valencianos es insultante que el Gobierno presuma de un apoyo récord a las comunidades o de su voluntad política por reforzarlas. Porque, aunque los recursos del sistema de financiación sean más altos que nunca, están tan mal repartidos como siempre y las comunidades infrafinanciadas seguimos perdiendo», ha lamentado la consellera en relación a la financiación anunciada por el ministerio de Hacienda para 2026.

«Voluntad política sería reformar el sistema de financiación, sin privilegios y garantizando la equidad y la suficiencia de todas las comunidades. Si los recursos aumentan es porque la economía funciona mejor, también gracias al esfuerzo fiscal de territorios como la Comunitat Valenciana y a las políticas del Consell de Carlos Mazón», ha explicado la consellera, quien insiste en que Sánchez «no regala nada, sino que es el presidente de un Gobierno zombi que no gobierna».

Sin embargo, apunta, el posterior reparto de los recursos entre las autonomías continúa lastrando el bienestar de los valencianos «por culpa del mal diseño de un sistema que genera diferencias injustificables entre habitantes y que a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana nos castiga sistemáticamente».

De hecho, según reitera la consellera de Hacienda, la Generalitat se ve obligada a destinar un porcentaje muy superior de sus ingresos a cubrir servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales.

 «Entre 2009 y 2022, la Comunitat ha dedicado el 86,3 % de sus recursos a servicios fundamentales, frente a una media del 81,6 % en las comunidades también infrafinanciadas», ha recordado Merino citando datos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).

Además, ha alertado del impacto negativo que esta situación provoca en el desarrollo económico del territorio. 

«La falta de recursos limita la inversión en infraestructuras, empleo o políticas de innovación, lo que explica en gran parte que el PIB per cápita valenciano esté un 14 % por debajo de la media nacional y que esa brecha haya crecido desde el año 2000», ha señalado Merino.

Ruth Merino ha insistido en que la insuficiencia financiera ha generado un «déficit crónico» que ha obligado a la Comunitat Valenciana «a endeudarse de forma insostenible». 

Al recibir menos recursos que la media, la Comunitat Valenciana sufre una infrafinanciación relativa que según el Ivie ya representa el 41,7 % de su deuda acumulada, un porcentaje que se eleva al 80 % si se tiene en cuenta también la insuficiencia de recursos que padecen todas las comunidades autónomas y los costes financieros asociados.

Esto sitúa a la Comunitat Valenciana como la autonomía con mayor deuda pública en porcentaje sobre el PIB (40 %), lo que en términos absolutos supone rebasar ya los 60.000 millones de euros. «Esto nos impide acceder a los mercados y nos obliga a depender completamente del FLA», ha añadido.

Por ello, la consellera ha denunciado de nuevo el «sinsentido» de que, por primera vez desde 2012, el Gobierno de España aún no haya habilitado el FLA extraordinario para financiar el exceso de déficit de 2024, lo que ha obligado a la Generalitat a solicitar un crédito de 1.816 millones a entidades financieras para aliviar la tesorería y afrontar pagos pendientes a proveedores de servicios esenciales.

En la misma línea, Merino ha lamentado «la total ausencia de avances por parte del Ministerio de Hacienda», al que acusa de no querer abordar la reforma del sistema de financiación.

«Todos los trabajos técnicos están terminados. Lo que falta es voluntad política de un Gobierno inoperante y una ministra desaparecida. Y mientras tanto, se perpetúan desigualdades que afectan directamente al bienestar de millones de personas», ha afirmado.

En este sentido, ha lamentado que la ministra de Hacienda haya sustituido este año el debate del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que habitualmente se convoca en julio «por un vídeo propagandístico para alardear de la supuesta voluntad del Gobierno de reforzar a los territorios, lo que supone la enésima muestra de falta de lealtad institucional de este Gobierno».

Hacienda comunica al Consell que en 2026 recibirá "las mayores entregas a cuenta de su historia": 14.885 millones

 VALENCIA.- El Ministerio de Hacienda ha comunicado por carta a la Generalitat Valenciana que en 2026 contará con «las mayores entregas a cuenta de su historia»: 14.885 millones de euros, un 6,2% más.

En la misiva, Hacienda informa al gobierno autonómico de que la estimación «prudente» con los datos disponibles en la actualidad supondrá un incremento por este concepto del 6,2% respecto a lo percibido este año, lo que significa que recibirá la cifra récord de 14.885 millones en las entregas a cuenta de 2026.

«Se trata de una cifra histórica que muestra la buena marcha de la economía española y el compromiso del Gobierno para garantizar a las Comunidades Autónomas los recursos necesarios para prestar servicios públicos de calidad a los ciudadanos», afirma el departamento que dirige Mª Jesús Montero.

Según Hacienda, a esa cantidad hay que sumar la previsión de liquidación de 2024, que en este caso se sitúa en 2.516 millones de euros. Por tanto, señala, la Comunitat Valenciana recibirá un total de 17.310 millones de euros del sistema de financiación en 2026, «un nuevo récord que supera en un 8,7% los recursos que percibe en el presente ejercicio».

El objetivo del Ministerio con el envío de estas misivas es dar «certidumbre presupuestaria» a las administraciones autonómicas, ya que estos datos les servirán de «orientación» para poder elaborar sus cuentas públicas de 2026. 

Así, reitera Hacienda, «se pone de manifiesto la prioridad que supone para este Gobierno progresista garantizar la autonomía financiera de las administraciones autonómicas».

Precisamente este miércoles, la Comunitat Valenciana ha recibido también el pago de 924 millones de euros por los atrasos de la no actualización de las entregas a cuenta de 2025 correspondiente a los meses de enero a junio.

Hacienda recuerda que el Gobierno aprobó un Real decreto-ley en diciembre de 2024 que incluía más recursos para las CCAA, pero fue rechazado en enero en el Congreso con el voto en contra del PP. 

El Consejo de Ministros volvió a aprobar en junio un real decreto-ley con la actualización de las entregas a cuenta de 2025, que sí fue convalidado por la Cámara Baja.

Por tanto, subraya, esta transferencia de 924 millones se produce «gracias a la aprobación de ese decreto y a la decisión del Gobierno de desligar la actualización de las entregas a cuenta de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, algo que el Ejecutivo del PP consideraba que no podía hacerse y los hechos han desmentido».

Además, el Ministerio avanza que la Comunitat Valenciana recibirá este jueves otros 2.004 millones de euros del abono de la liquidación definitiva de 2023 del sistema de financiación. 

«Es decir, en apenas dos días el Gobierno va a transferir 2.928 millones de euros al gobierno valenciano, lo que garantiza la calidad de los servicios públicos que prestan las comunidades y, por tanto, benefician a la mayoría social del país», asevera.

Hacienda defiende que estas medidas se enmarcan en «el apoyo constante del Gobierno progresista a las CCAA». 

«Durante la peor pandemia en un siglo, el Ejecutivo mantuvo inalterables las entregas a cuenta en ese ejercicio pese a la caída del PIB, asumiendo además las liquidaciones negativas que se generaron como consecuencia de la caída de la recaudación. O la aprobación de recursos directos por importe de casi 30.000 millones de euros para hacer frente a las consecuencias de la covid y que han supuesto la mayor transferencia de fondos al margen del sistema de financiación», reitera.

Morant dice que Mazón es "heredero de sus decisiones. Si no tiene dinero en la caja para pagar es por culpa suya"

 VALENCIA.- La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha afeado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que es ya "heredero de sus propias decisiones", tras las críticas lanzadas en las últimas semanas por este al Gobierno de España por no aprobar el FLA extraordinario para la Comunitat Valenciana. "Si no tiene dinero en la caja para pagar es por culpa suya", le ha replicado.

En esta línea, ha reprochado al jefe del Consell el "perdón que ha hecho de impuestos a los más ricos" y le ha exigido "responsabilidad" y que "ponga orden en las cuentas" de la Administración autonómica. "Es alumno aventajado (...). Que haga de 'president' de la Generalitat, que no merece serlo, pero a día de hoy lo es", ha argumentado en declaraciones a los medios este jueves.

La líder de los socialistas valencianos y también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades ha lamentado que Mazón, "cuando no sabe qué decir, elige un eslogan y lo repite hasta la saciedad". 

Pese a ello, ha garantizado que no se va a "cansar de desmontarlo" y ha recalcado que la Comunitat Valenciana "está recibiendo más dinero que nunca en la historia": "Si el 'president' Ximo Puig recibía de media 10.000 millones de euros, Mazón está recibiendo 15.000, un 50% más".

Además, ha hecho hincapié en que el jefe del Consell "ha tenido la oportunidad de aceptar la condonación de la deuda ofrecido por el Gobierno, y ha dicho que no", y en que el PP "ha votado en contra de las entregas a cuenta y del objetivo de déficit". 

"Y todo eso nosotros veníamos ya contando que iba a tener una repercusión en la caja de la Generalitat", ha avisado.

"Todas las soluciones están propuestas por parte del Gobierno de España y lo único que hace el señor Mazón es boicotearlas y decir que no por sectarismo del PP", ha afeado al jefe del Consell, Carlos Mazón, quien ha recalcado que está "incumpliendo" las condiciones del acuerdo del Gobierno con Cataluña.

Asimismo, ha criticado que tanto Mazón como la vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, "hayan trasladado ya que no se piensan ni sentar con Pedro Sánchez", por lo que se ha preguntado "qué cabe esperar de un gobierno que no se abre ni siquiera al diálogo y que no para de repetir la excusa de siempre de Cataluña y de que el Gobierno de España es un gobierno malvado". A su juicio, la consecuencia de ello es "no buscar soluciones para los valencianos y convertirse en su problema".

Además, ha animado al PP a "aclarar en su propuesta para el modelo de financiación para todas las regiones de España qué es lo que propone" porque "realmente ya sorprende que cuando el PSOE, el Gobierno de España ya está concretando las propuestas, el PP lo único que sabe decir es no, no queremos, no me gusta y nada más sin ningún otro motivo".

Por último, ha incidido en que la "bajada de impuestos a las grandes fortunas o el recorte a los servicios públicos" son "incompatibles con lo que el Gobierno de España defiende", por lo que "muy probablemente no podríamos llegar a un acuerdo", ha admitido, al tiempo que ha pedido "una reflexión" al jefe del Consell: "Él no para de hablar del extraFLA. Si plantea en Les Corts Valencianes un acuerdo para recuperar esos impuestos que ha quitado a las grandes fortunas, tiene el voto del PSOE asegurado".

El Consell asegura que los bancos facilitarán crédito para pagar a proveedores en cuanto lo autorice el Gobierno

 VALENCIA.- La vicepresidenta portavoz del Consell, Susana Camarero, ha asegurado que las entidades financieras muestran «confianza» en la Generalitat para aportar los más de 1.800 millones de euros que permitirían acabar con los impagos a los proveedores de la administración autonómica, a la espera de que el Gobierno autorice esta operación de endeudamiento. 

Además, ha garantizado que las proveedores empezarían a cobrar «en breves semanas, especialmente las farmacias».

Así lo ha trasladado en rueda de prensa tras el pleno del Consell, a la espera de que el Consejo de Ministros pueda aprobar este mismo martes la operación de endeudamiento solicitada la semana pasada. Asciende a 1.816 millones de euros, fuera del sistema del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), para financiar el déficit incurrido por la Generalitat en 2024.

Camarero ha insistido en que esta petición es «la única alternativa» que le queda al Consell ante el «silencio atronador» del Gobierno respecto a la aportación del FLA extraordinario para la Comunitat, «por primera vez en 12 años y en el peor año para los valencianos» tras la dana.

En cualquier caso, ha garantizado que el Consell seguirá reclamando ese FLA independientemente de que se autorice el crédito.

 «No vamos a dejar de pedirlo», ha recalcado, y ha reiterado que «lo prioritario» para la Comunitat es la reforma del sistema de financiación autonómica.

Hasta entonces, la vicepresidenta ha explicado que el Consell mantiene reuniones con entidades financieras desde hace semanas y «los bancos están demostrando confianza» para otorgar ese préstamo.

«Lo que no hace el Gobierno lo hacen los bancos», ha ilustrado, y ha agradecido la predisposición de las entidades financieras al respecto para poder «avanzar en los próximos días» en cuanto el Consejo de Ministros autorice la operación. Por tanto, no ha querido concretar «la letra pequeña» de los créditos que se concedan hasta tener el sí del Gobierno.

Preguntada por cuándo podrán cobrar las farmacias, la también consellera de Servicios Sociales ha afirmado que será «lo antes posible», en cuanto el Gobierno autorice el endeudamiento, porque las negociaciones con los bancos están «avanzadas».

«En breves semanas se podrá empezar a pagar a los proveedores, especialmente a las farmacias», ha aseverado, y ha destacado que este martes mantiene una reunión el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, con representantes del sector para «explicarles la situación».

El Consell reitera la "urgencia" de ampliar los aeropuertos de Valencia y Alicante tras los "récords" de junio

ALICANTE.- La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha reclamado la "urgente ampliación" de los aeropuertos de Valencia y Alicante tras conocerse los últimos datos de tráfico aéreo publicados por Aena, que reflejan "cifras récord" durante el mes de junio. "Necesitamos una nueva pista en Alicante y la ampliación de la terminal en Manises", ha apostillado.

En un comunicado, Cano ha subrayado que las ampliaciones de ambas terminales "deben ser una prioridad inmediata" para garantizar la competitividad del turismo y la economía valenciana. 

"Los datos demuestran, una vez más, la necesidad de acelerar los trabajos de ampliación, ya que son infraestructuras clave para el desarrollo de la Comunitat Valenciana", ha declarado.

La consellera ha remarcado que tanto el aeropuerto de Valencia como el de Alicante"están operando por encima de su capacidad técnica, con cifras récord de pasajeros y una tendencia de crecimiento sostenida".

En este contexto, Cano ha insistido en que las cifras de junio difundidas este lunes por Aena "reafirman la importancia estratégica" de ambas infraestructuras para la Comunitat Valenciana: "Solo así podremos seguir dando servicio a los millones de visitantes que recibimos cada año y seguir creciendo como destino turístico y logístico".

Mazón cumple dos años como 'president' de la Generalitat y podría entrar ya al Consell Jurídic

VALENCIA.- El presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, cumple este domingo, 13 de julio, dos años como president de la Generalitat, lo que supone que ya podría entrar a formar parte del Consell Jurídic Consultiu (CJC) cuando deje de ser president.

La ley del Estatuto de los expresidents de la Generalitat Valenciana establece que estos serán miembros natos del órgano consultivo de la Generalitat en materia jurídica durante quince años si han ejercido una o más legislaturas completas, o por un período igual al tiempo que hayan ejercido el cargo de president, con un mínimo de dos años.

En la última sesión de control en Les Corts, la semana pasada, el síndic socialista, José Muñoz, le recordó que ya quedaba "muy poquito para asegurarse esa paga vitalicia con los dos años de gobierno" y le dio la "enhorabuena" por el "objetivo cumplido".

Compromís intentó en mayo que se cambiara esa ley para eliminar que los expresidents puedan pasar al CJC al acabar el mandato y así cobrar 75.000 euros anuales, con el fin de evitar que Mazón se asegurara esa "paguita", si bien el PP y Vox se opusieron al consideran que no es "un privilegio" y el PSPV se abstuvo para no legislar "ad hoc".

Los dos años de Mazón como jefe del Consell se pueden dividir en un antes y un después de la Dana del pasado 29 de octubre, en cuyas inundaciones murieron 228 personas y cientos de miles resultaron afectadas. Su actuación en las horas más críticas ha hecho que desde entonces pidan su dimisión los partidos de la oposición y ocho manifestaciones en la calle.

El político alicantino fue investido séptimo president de la Generalitat el 13 de julio de 2023 con los votos del PP y Vox, después de haber cerrado el primer pacto postelectoral en España entre ambos partidos tras unas elecciones autonómicas que el PP ganó en la Comunitat Valenciana, pero se quedó diez escaños por debajo de la mayoría absoluta.

Mazón tomó posesión del cargo el 17 de julio, en lo que supuso la vuelta del PP al frente de la Generalitat tras ocho años de gobiernos de la izquierda, y dos días después nombró su primer Consell, al que llamó de "los mejores" y en el que dio tres carteras a Vox, entre ellas la Vicepresidencia primera y Conselleria de Cultura y Deporte a Vicente Barrera.

Ese Consell duró un año, durante el que se aprobaron rebajas fiscales y leyes para cambiar la legislación sobre la memoria democrática, la lengua en la educación o la radiotelevisión valenciana, hasta que en julio de 2024 Vox abandonó todos los gobiernos autonómicos y Mazón sustituyó a los tres consellers de Vox por miembros del PP para "continuar el cambio".

Pese a quedar en minoría, la legislatura siguió sin apenas contratiempos gracias a la buena relación con los exsocios de gobierno y en las encuestas el PP mejoraba las expectativas electorales, hasta que el 29 de octubre de 2024 las inundaciones por la dana cambiaron la vida de miles de personas y removieron también el tablero de juego político.

La gestión de esa catástrofe por un president que esa tarde, según la oposición, estuvo desaparecido y una consellera de Interior, Salomé Pradas, que ha afirmado que no sabía de emergencias y ha acabado imputada en la causa penal junto a su número dos, Emilio Argüeso, ha puesto el foco de manera continua sobre un jefe del Consell que ha recibido abucheos en algunos de sus actos públicos los últimos ocho meses.

Mazón remodeló su Consell en noviembre para adecuarlo a una reconstrucción a la que ha fiado su futuro político y recurrió de nuevo a Vox para aprobar en mayo unos nuevos presupuestos de la Generalitat, mientras que los escándalos sobre corrupción del PSOE le han permitido en los últimos días salir del foco mediático que ha protagonizado desde otoño.

El pasado fin de semana, en el Congreso Nacional del PP, llegaron los abrazos y los aplausos de muchos de sus compañeros, y tras el cónclave agradeció "el cariño" recibido y aseguró que su proyecto político salía reforzado y respaldado.

Aunque según el CIS, el 80% de los valencianos no quieren que repita de president y el 60% califica la gestión del Consell como mala o muy mala, Mazón cumple este domingo 731 días al frente de la Generalitat, de los que los últimos 257 han estado marcados por la mayor catástrofe de la historia reciente de la Comunitat Valenciana. 

La Generalitat activa protocolos por altas temperaturas con medidas y recomendaciones para centros de servicios sociales

  VALENCIA.- La Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha activado los protocolos frente a las altas temperaturas, con un conjunto de medidas y recomendaciones dirigidas a proteger la salud de las personas más vulnerables, ante la alerta por altas temperaturas emitida por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

El secretario autonómico de Familia y Servicios Sociales, Ignacio Grande, ha informado de que, en coordinación con la Conselleria de Sanidad, se ha remitido a centros residenciales y recursos de atención a personas mayores una serie de indicaciones preventivas para evitar que las temperaturas extremas supongan un riesgo para la salud de los usuarios y usuarias, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

El objetivo es ofrecer herramientas al personal asistencial para la prevención, detección precoz y tratamiento de los efectos derivados del calor en personas en situación de dependencia, consideradas especialmente vulnerables.

El documento incluye, además, recomendaciones nutricionales y pautas de hidratación destinadas a prevenir golpes de calor y descompensaciones relacionadas con la exposición prolongada a altas temperaturas.

La Dirección General de Inclusión también activó la pasada semana el Protocolo Autonómico de Actuación para Personas en situación de sinhogarismo, que permanece operativo en toda la Comunitat Valenciana.

Así, en colaboración con los ayuntamientos y las entidades del tercer sector especializadas en la atención a personas sin hogar, la Generalitat ha articulado dispositivos de atención y acogida de carácter multidisciplinar, orientados a garantizar los derechos esenciales de la personas sin hogar durante episodios de calor extremo, en un contexto de elevada vulnerabilidad y riesgo para la salud.

Desde la Dirección General de Inclusión y Cooperación al Desarrollo se ha informado de los avisos de alerta por altas temperaturas, emitidos por Emergencias, a los ayuntamientos de municipios con una población igual o superior a 25.000 habitantes, así como a las entidades sociales implicadas, ha apuntado la administración autonómica.

Una vez recibido el aviso, se han puesto en marcha los dispositivos locales previstos para acoger, atender e informar a las personas sin hogar, proporcionándoles recursos básicos como agua, sombra, productos de higiene y atención sanitaria inmediata, para reducir los efectos del calor.

Entre otras actuaciones, se han habilitado espacios municipales acondicionados para la estancia temporal y se ha realizado el reparto de kits básicos de protección frente al calor, incluyendo accesorios esenciales para hacer frente a las altas temperaturas.

"El sinhogarismo es una de las formas más extremas de exclusión, y situaciones como las olas de calor agravan aún más la vulnerabilidad de quienes viven en la calle. Desde la Generalitat, estamos actuando con responsabilidad, anticipación y coordinación para evitar riesgos y garantizar derechos", ha sostenido el responsable autonómico.

El Consell pide autorización al Gobierno para un endeudamiento de 1.816 millones con entidades privadas

 VALENCIA.- El pleno del Consell ha ratificado una solicitud de autorización al Gobierno de España para formalizar una operación de endeudamiento fuera del sistema del FLA por valor de 1.816 millones de euros para financiar el déficit incurrido por la Generalitat en 2024, con la que la Generalitat recurrirá a las entidades privadas para poder pagar a sus proveedores y los servicios públicos.

Así lo ha explicado la consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este martes, en la que ha explicado que este mecanismo es «la única forma que nos permite el Gobierno de España pagar a los proveedores» tras su «falta de lealtad institucional» de no aprobar este año el FLA extraordinario.

Merino ha explicado que la operación tiene que ser aprobada por el Consejo de Ministros y ha pedido al Gobierno que la autorice «cuanto antes». 

«No me quiero poner en situación de que no se autorice en el Consejo de Ministros del próximo martes», ha dicho la consellera. Si se aprueba el próximo martes, el Consell estará en disposición de pagar a los proveedores antes de que finalice julio, ha dicho.

«El préstamo de entidades financieras va a permitir, si se cumplen los plazos que hemos previsto, poder pagar las facturas pendientes antes de que finalice julio. Pero es importante destacar que esta autorización que se necesita lo que supone es que estamos de nuevo en manos del Gobierno de España», ha dicho Merino.

La titular de Hacienda ha recordado que el Consell marcó como fecha límite este lunes, 7 de julio, para que el Ejecutivo central acordase el fondo de liquidez. Al no tener noticias, el Consell ha activado «una vía alternativa de financiación para garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales», fuera del sistema del FLA.

La operación se plantea a corto plazo, a un año, y se articulará en varios préstamos bilaterales con las entidades financieras, con un tipo de interés aún por determinar, según ha detallado la consellera, antes de explicar que el Consell lleva semanas hablando con diferentes entidades financieras y ha recibido «muy buena respuesta» por parte de las mismas, que «van a cubrir la totalidad del importe».

Gan Pampols anuncia que dejará el Gobierno de Mazón tras el verano

VALENCIA.- El vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, ha asegurado esta semana que espera haber concluido su trabajo y dejar el Consell en el último trimestre de este año. 

En una entrevista en À Punt, el teniente general del Ejército de Tierra en la reserva ha señalado en referencia a su labor de planificar la reconstrucción que “el ritmo es el adecuado” y que mantiene su intención de dejar la política cuando concluya esa misión.  

“En beneficio del resultado me gustaría que fuese lo antes posible, pero creo que nos iremos al último trimestre del año. No tengo prisa ni pasividad. Tengo un trabajo que hacer y cuando acabe me iré”, ha señalado.

Tras el periodo de exposición pública, el plan para la recuperación tras la dana que fue presentado este lunes deberá ser aprobado por el pleno del Consell, previsiblemente en la reunión del 22 o del 29 de julio, ha explicado Gan Pampols.

Ha lamentado que no haya sido posible debatir ese plan con el Gobierno antes de su presentación, porque no se atendió la petición de creación de una comisión mixta formulada en febrero y abril. 

“El grado de probabilidad -de que sea posible desplegar el plan sin la colaboración del Gobierno central- es bajo. Si se crease un órgano mixto con los municipios, la Diputación, la Generalitat y el Gobierno al día siguiente se podría empezar a trabajar”, ha agregado. 

Preguntado por cómo ha sido recibido el referido plan entre las Consellerias del Gobierno valenciano, Gan ha admitido que se han registrado “muchas alegaciones, la mayoría para determinación competencial, de terminología, de disponibilidad de crédito..., un plan de estas características ha de producir inquietud, es una acción de Gobierno, no es un desideratum, es una orden diríamos militarmente..., y las órdenes no se consensúan”.   

Compromís denuncia el "desmantelamiento" por parte del Consell de las infraestructuras de servicios sociales

 VALENCIA.- Compromís ha denunciado la "política de desmantelamiento" por parte de la Generalitat Valenciana de las infraestructuras de servicios sociales.

Así, la portavoz de Servicios Sociales de Compromís, Nathalie Torres, ha señalado que, "tras dos años de legislatura, el gobierno del PP sigue sin presentar un plan propio de residencias y centros de día, mientras se desprecia sistemáticamente el Pla Convivint del Botànic, que dejó en marcha más de 50 proyectos de infraestructuras públicas planificadas".

"Ya conocemos cuál es el plan del PP: cerrar centros públicos, recortar servicios y dejar el terreno libre para el negocio privado", ha valorado Torres, según ha indicado la formación política en un comunicado.

En este sentido, la Generalitat "ha recortado más de nueve millones de euros destinados a infraestructuras socio-sanitarias, ha eliminado el 85 por ciento de las plazas públicas reservadas por ley y ha aprobado normativas que empeoran las condiciones de vida y de trabajo en los centros", ha detallado.

"Entre las barbaridades que hace la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, tenemos el cierre de centros nuevos como los de Mislata y Casinos; la eliminación de la residencia para personas mayores dependientes en Paterna; el bloqueo del centro de día en Gata; y la situación del centro de salud mental de Albocàsser, que se está desmantelando", ha manifestado.

Además, la diputada de Compromís ha alertado sobre "la desprotección que sufren los alumnos del Centro de Educación Especial Raquel Payà de Denia, donde la mayoría de estudiantes tienen discapacidades graves, ya que se quedarán sin un lugar donde puedan ser atendidos".

Torres ha lamentado "especialmente" la situación que vive el centro de salud mental de Bétera, "donde el Pabellón A, construido durante la anterior legislatura del Botànic, sigue cerrado por decisión de Camarero".

 "En este centro, los usuarios sufren temperaturas de más de 30 grados en el interior, mientras el gobierno mantiene inactiva una instalación nueva y terminada que mejoraría su calidad de vida".

Desde Compromís han indicado que la formación "quiso dar visibilidad a este hecho tan grave en el último pleno de Les Corts del curso parlamentario e invitó a familiares y personal del centro al hemiciclo". 

"Tras la sesión, los afectados trasladaron su profundo malestar y decepción por la actitud de Susana Camarero, a quien acusan de no haber dado ninguna respuesta a sus demandas", han concluido.

La CEV, CCOO y UGT lamentan que el PP "pone en riesgo" la cohesión de la Plataforma per Finançament y rechazan convocarla

 VALENCIA.- La CEV, CCOO PV y UGT-PV han pedido que «se preserve el consenso y la unidad» de la Plataforma per un Finançament Just y han lamentado que «el último paso dado por el Partido Popular pueda poner en riesgo el funcionamiento y la cohesión interna» de la misma.

Así lo han señalado en un comunicado conjunto, después de que el pasado viernes el PPCV enviase una carta al resto de integrantes de la plataforma para convocar una reunión con la que exigir avances al Gobierno en esta materia, según avanzó el diario Levante-EMV.

Los agentes económicos y sociales consideran que una posible convocatoria de la Plataforma debe hacerse «con el objetivo claro de reforzar el consenso y avanzar en posiciones compartidas». 

«No tiene sentido convocar si no existen unas mínimas garantías de poder avanzar o alcanzar una declaración conjunta. Forzar un encuentro sin ese horizonte común puede contribuir más a debilitar el espacio que a fortalecerlo. De ahí que los agentes sociales esperen que el PP vuelva a la senda de consenso de la que ha hecho gala la Plataforma per un Finançament Just», han señalado.

Asimismo, han subrayado que la Plataforma per un Finançament Just es «un espacio que durante los últimos nueve años ha permitido a la mayoría de la sociedad valenciana avanzar de forma unitaria en una reclamación legítima y ampliamente compartida».

En ese sentido, han incidido en que su valor reside en su capacidad para unir voces diversas en torno a tres grandes consensos: «La necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica para que sea justo con la Comunitat Valenciana, la condonación de parte de una deuda generada por dicho sistema y unas inversiones que respondan al peso real de nuestra población».

«Esta unidad ha sido posible gracias a la voluntad compartida de anteponer el interés general, dejando al margen las diferencias, y respetando siempre las dinámicas internas de funcionamiento y la confianza entre los integrantes de la Plataforma», han señalado la patronal y los sindicatos.

Por ello, han instado a «todas las fuerzas políticas, y especialmente a quienes ejercen responsabilidades de gobierno, a contribuir al mantenimiento de ese clima de respeto y diálogo que ha hecho posible el consenso».

«La Plataforma per un Finançament Just debe seguir siendo un espacio de encuentro, no de confrontación. Cualquier intento de instrumentalización partidista debilita no solo a la Plataforma, sino también la fuerza de una reivindicación que debería situarse por encima de intereses coyunturales», han dicho.

Asimismo, CEV, CCOO PV y UGT-PV han reiterado «su disposición a colaborar y a participar en todos los espacios de diálogo social, y esperan que se convoque próximamente la Mesa del Diálogo Social para abordar de forma conjunta aquellos temas que afectan al bienestar de la ciudadanía».

En esa línea, el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana, Salvador Navarro, ha subrayado que «no tiene sentido forzar reuniones si no existen garantías de que pueda llegarse a acuerdos». 

Además, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, ha reivindicado que «si hay un espacio en el que la voluntad de acuerdo debe seguir prevaleciendo es el diálogo social».

«Por eso pedimos que se convoque la Mesa del Diálogo Social y que se puedan abordar conjuntamente los retos que tenemos por delante. La estabilidad y el entendimiento entre organizaciones empresariales, sindicatos y administración ha sido clave para el desarrollo económico de esta tierra y lo debe seguir siendo. Lo dice nuestra Constitución, lo avala nuestra experiencia y creo que lo agradecerá la sociedad valenciana», ha agregado.

El secretario general de UGT PV, Tino Calero, ha señalado que «no tiene ningún sentido la reunión de la plataforma» solicitada por el PP ya que «en los últimos tiempos no ha habido consenso en relación a cuestiones tan relevantes como el fondo de nivelación o la condonación de parte de la deuda».

«Lamentablemente en estos momentos da la impresión de que la polarización política no nos lleva a ese escenario y, por lo tanto, para nosotros lo fundamental es preservar la unidad de acción de la plataforma en las reivindicaciones básicas y no convertir a la plataforma en un nuevo escenario para la polarización y la división en un aspecto tan fundamental como es la necesidad de un nuevo modelo de financiación para la Comunitat Valenciana», ha comentado.

Por su parte, la secretaria general de CCOO PV, Ana García, ha realizado un «llamamiento a preservar el consenso y la unidad» y ha rechazado «cualquier intento de instrumentalización partidista». 

«Entendemos además que la Plataforma ha sido un espacio de encuentro que ha permitido avanzar en reivindicaciones compartidas desde el respeto, el diálogo y el interés general», ha agregado.

«Creemos que en el ámbito de la Plataforma se debe mantener un clima de respeto y de diálogo y que no quepa ninguna duda de que se ha intentado siempre llegar a un consenso. Por eso creemos que es importante que no se ponga en riesgo el funcionamiento y la cohesión interna que ha sido la firma de funcionamiento de la Plataforma», ha zanjado.

Mazón anuncia que el Consell pedirá al Gobierno la competencia en gestión litoral "al amparo del Estatuto de Autonomía"

 VALENCIA.- El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado que en el pleno del Consell del próximo 17 de junio --previsto para la semana que viene-- el ejecutivo autonómico solicitará formalmente al Gobierno de España la transferencia de competencias en la gestión del litoral valenciano "al amparo del artículo 49 del Estatuto de Autonomía, donde se reconoce que es competencia exclusiva de la administración valenciana la ordenación del territorio, incluida la costa".

Así, ha señalado que "no es una ganancia competencial, sino cualitativa de gestión", y ha dicho que el gobierno valenciano está "dispuesto" a asumirla para "poder administrar con responsabilidad y cercanía lo que es nuestro desde el autogobierno".

En concreto, se va a reclamar "la transferencia de bienes y servicios, incluyendo el reparto de competencias; de personal, bienes muebles e inmuebles y recursos económicos", según ha concretado la Generalitat en un comunicado.

En este sentido, Mazón ha manifestado que "este es el paso final para poder disponer de un marco normativo coherente con las necesidades" del litoral valenciano, "de los que viven en él y de él". Todo ello, tras la aprobación de la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana en Les Corts.

El jefe del Consell ha asistido a la presentación de la norma autonómica sobre reordenación y protección del litoral en la Vila Joiosa, acompañado por el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus; la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano; la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Paqui Bartual, y el alcalde de este municipio alicantino, Marcos Zaragoza, entre otras autoridades.

Durante su intervención, ha indicado que en la franja costera de la Comunitat Valenciana "convive el 70 por ciento de la población" de esta autonomía, el medio ambiente y "gran parte" de su "impulso" económico: "Debemos seguir manteniendo ese empuje tan nuestro para que la costa continúe siendo el lugar donde se encuentra el progreso".

Así, ha destacado que desde la Generalitat ha dado "pasos firmes y decididos para consolidar esa visión de equilibrio hacia todo lo que aporta" el litoral de la Comunitat "y con la convicción de que es posible crecer sin destruir y proteger sin paralizar".

Mazón ha defendido que "la nueva Ley de Costas autonómica permite desarrollar la planificación litoral desde un enfoque más flexible, claro y seguro jurídicamente, garantizando la protección, mejora y reordenación de la costa, con sentido y equilibrio", porque "se puede cuidar la actividad humana a la vez que el entorno natural".

Además, ha subrayado que "entre el proteccionismo absoluto y el desarrollo sin control hay un espectro amplísimo de oportunidades blindados con la nueva norma", ya que "el espacio en el que se genera el 15% del producto interior bruto (PIB) de la Comunitat exige una gestión que no caiga en la falsa disyuntiva entre progreso y medioambiente".

El Consell ha remarcado que la nueva Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana regula los instrumentos de ordenación, generales y específicos y dedica un título en las playas estableciendo un sistema de catalogación de estas. Asimismo, supone "la armadura para la reformulación" del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel).

Agrega que dicha ley "marca los criterios de clasificación de cada zona de la costa valenciana" y la distribuye "en tres tipos de áreas", como son protección ambiental, mejora ambiental y paisajística y reordenación.

En las disposiciones adicionales se incorporan cuestiones como "la vigilancia sobre las resoluciones estatales que puedan suponer un perjuicio al litoral de nuestro territorio o de sus habitantes", entre otras.

Asimismo, destaca que "es la primera norma valenciana sensible a la preservación de los valores naturales esenciales como la biodiversidad, evitando cualquier acción u omisión que provoque daños en ella".

 "Se protege especialmente la posidonia, verdadero pulmón de nuestro mar, cuya función es comparable a la de los bosques al oxigenar y filtrar las aguas costeras", subraya el Consell.

Merino replica a Morant que los anticipos "son recursos de los valencianos"

 VALENCIA.- La consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, ha replicado a la ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, que los anticipos de la liquidación autonómica "son recursos que pertenecen a los valencianos, procedentes del sistema de financiación autonómica, no de ayudas extraordinarias del Estado".

En estos términos se ha manifestado Merino este domingo tras las declaraciones emitidas por Morant este sábado en las que acusó al 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, de "mentir de nuevo a los valencianos y valencianas al ocultar que el Gobierno de España le ha rescatado dos veces en los tres primeros meses de este año, con una inyección de fondos de 1.000 millones en anticipos para pagar a los proveedores de la Comunitat Valenciana".

La consellera ha señalado que la solicitud de anticipos de la liquidación "está contemplada en el marco del sistema de financiación autonómica y puede solicitarse a iniciativa de las comunidades autónomas ante situaciones excepcionales que provoquen necesidades de liquidez".

"La Generalitat destina este año 2.364 millones de euros con recursos propios para la reconstrucción tras la dana. Lo hará mediante deuda, ya que no cuenta con ninguna aportación a fondo perdido del Gobierno central", ha subrayado, al tiempo que ha agregado que "esta liquidación del sistema de financiación se transfiere dos años después del ejercicio liquidado; es decir, en julio de este año se abonará la liquidación correspondiente al ejercicio 2023, que para la Comunitat Valenciana en total asciende a 2.000 millones de euros".

Y ha añadido: "En ejercicios anteriores, el Consell del Botànic también recurrió a este mecanismo y en total recibió más de 5.000 millones en diferentes anticipos de la liquidación. Y ello a pesar de que sí que contó con el extra Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) como mecanismo de liquidez para financiar su exceso de déficit".

Respecto al FLA, Merino ha subrayado que "por primera vez en 12 años, no se ha aprobado el extra FLA, un mecanismo que permite financiar el exceso de déficit de años anteriores y aportar liquidez a las autonomías que no reciben suficientes ingresos del sistema de financiación para atender pagos a proveedores".

A su juicio, "en el caso de la Comunitat Valenciana, la no aprobación del extra FLA a estas alturas del ejercicio --normalmente se aprueba en diciembre del ejercicio precedente-- pone en riesgo la llegada de 1.900 millones de euros en julio y de otros 600 millones en diciembre, ya que la cuantía total a financiar es de 2.500 millones de euros". 

"Su habilitación depende exclusivamente de la voluntad política del Gobierno", ha aseverado.

La consellera ha denunciado que, "pese a la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el Gobierno tampoco ha actualizado la cuantía de las entregas a cuenta", lo que para la Comunitat Valenciana "supone una merma de ingresos de 165 millones de euros cada mes en lo que va de año".

"La actualización de estas entregas a cuenta, que afecta a todas las comunidades autónomas, depende exclusivamente de la voluntad del Gobierno, ya que en ausencia de PGE se necesita aprobar un Real-decreto ley de actualización", ha apuntado.

En esta línea, ha resaltado que "el año pasado, en el que tampoco hubo PGE, el Gobierno no actualizó estas entregas hasta junio y no comenzó a pagar los retrasos a las comunidades autónomas hasta septiembre, lo que provocó tensiones de tesorería en las cuentas autonómicas".

"Tenemos una ministra, Diana Morant, que siendo valenciana, la verdad es que no deja de sorprendernos", ha denunciado, al tiempo que ha subrayado que "también lo hace la Delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, por el descaro con el que hacen declaraciones que están llenas de mentiras, o de medias verdades, manipulando datos, cuando no directamente inventándoselos".

Asimismo, ha criticado que "ni una vez se le ha oído reclamar justicia para esta tierra, ni la financiación, ni el fondo de nivelación que, por cierto, sí exigían Vicente Soler y Arcadi España".

 "Tampoco apoya que lleguen fondos para la recuperación, ni el extra FLA para poder pagar a los proveedores", ha añadido.

"Le pediría que se deje de tanta demagogia y de manipular, y que empiece a arrimar el hombro de una vez, que no puede dar la espalda o ponerse de perfil con la recuperación de esta comunidad, con nuestros ciudadanos, con nuestras empresas. Pero la verdad es que parece evidente que Diana Morant trabaja contra los valencianos y a favor exclusivamente de Pedro Sánchez y del sanchismo", ha concluido.

Morant, a propósito de los 1.000 millones de anticipo: "El Gobierno cumple, es Mazón el que no paga para hacerse la víctima"

 VALENCIA.- La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha asegurado este sábado que "el Gobierno de España está a la altura, ha transferido 1.000 millones de euros a la Comunitat", pero "es el señor Mazón el que incumple y el que no paga para hacerse la víctima".

Tras participar en el congreso comarcal del PSPV-PSOE de la Marina Alta, Morant se ha referido a un informe de la Intervención General del Estado (IGAE), que refleja que el Gobierno de España "ha rescatado ya dos veces, en el primer trimestre de este año, a la Generalitat, con dos adelantos por un importe global de 1.000 millones para ayudarle a pagar a los proveedores".

Unas transferencias que, según Diana Morant, "Mazón ha ocultado y ha mentido de nuevo a los valencianos".

Morant ha agregado que "el mismo día que Pedro Sánchez se reunía en Valencia con las víctimas, Mazón montó una contrarreunión en la que de nuevo quiso ser la víctima de ese 'malvado' Gobierno de España, al que responsabiliza de impedir el pago a los proveedores".

"Sin embargo, un informe de la IGAE revela los dos anticipos a cuenta la liquidación que las comunidades cobran en julio que el Gobierno ha inyectado a la Generalitat en los 90 primeros días de este año, y que representan una inyección de recursos un 62 % más que la proporcionada al Consell por el Gobierno en 2024", ha agregado la líder de los socialistas valencianos.

En este sentido, Morant ha recalcado que la Generalitat "es la única comunidad autónoma que ha recibido ese adelanto por parte del Gobierno de España y Mazón lo ha ocultado, ha mentido de nuevo".

"Un Mazón y un PP que cuando se votaron las entregas a cuenta a las comunidades autónomas votaron en contra. En Madrid votan en contra y aquí piden lo que en Madrid votan en contra", ha recalcado la secretaria general del PSPV-PSOE.

Sobre la comisión de investigación sobre la dana que se celebrará en el Congreso, Morant ha apuntado que "las víctimas serán las primeras en comparecer, hemos de saber qué piden , que creen que falló, porque dicen que sus familiares no han muerto por una emergencia climática, sino por una negligencia política".

"El hecho de que Mazón no adoptase la responsabilidad en la emergencia condicionó toda la tarde del 29 de octubre, queremos saber todas las verdades a tanta mentira que nos ha contado Mazón. Hubo dos llamadas de Pradas que no respondió. ¿Qué tenía mejor que hacer, dónde estaba?", ha concluido Morant. 

El Consell precinta posibles asentamientos ilegales en partidas rurales de Alicante y "avanza" en tramitar denuncias

 ALICANTE.- La Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT), dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, ha precintado de forma preventiva unas seis parcelas en partidas rurales de Alicante donde hay posibles asentamientos ilegales.

De otro lado, y según han detallado fuentes de este departamento de la administración autonómica, se "avanza" en la tramitación de un total de 32 denuncias y sus correspondientes expedientes.

En concreto, se corresponden con denuncias de la Asociación de Vecinos de la Cañada del Fenollar (26), del Ayuntamiento de Alicante (4) y de un particular (2). En esta línea, desde la Conselleria aseguran que "conforme avanza el proceso en determinadas parcelas se ha procedido a realizar el precinto preventivo" en algunas de ellas "hasta que se resuelva el expediente".

Por su parte, desde la Asociación de Vecinos de la Cañada del Fenollar han celebrado un "avance histórico" por el inicio del precinto de posibles asentamientos ilegales "situados en suelo rústico y en zonas inundables de las partidas rurales".

"Se han instalado cintas negras y precintos visibles que afectan a la totalidad de las fincas y a todas las subdivisiones ilegales, no solo a las obras, sino también a chabolas, caravanas, 'mobile homes', contenedores adaptados y demás elementos utilizados como habitáculos", ha detallado la entidad en un comunicado.

En este sentido, el colectivo vecinal ha puesto en valor el papel del Síndic de Greuges, Ángel Luna, por su informe "determinante" para "activar la acción administrativa" y ha agradecido la acción de la AVPT y del Ayuntamiento de Alicante, incluida la Policía Local.

"Este éxito demuestra que cuando las instituciones trabajan de forma transversal, independientemente de su color político, el beneficiario es la ciudadanía", han resaltado desde la Asociación de Vecinos de la Cañada del Fenollar.

CCOO denuncia que el PP "pretende abrir la puerta al enchufismo sanitario" mediante enmienda a Ley de Acompañamiento

 VALENCIA.- La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO PV ha denunciado, con «absoluta contundencia», que la enmienda presentada por el Partido Popular a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos «pretende instaurar un sistema de acceso a la función pública sanitaria basado únicamente en concursos de méritos, sin oposición y sin negociación sindical», y así «abrir la puerta al enchufismo sanitario».

A su parecer, esta propuesta «representa una grave amenaza al principio constitucional de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público».

 «Es un acto de despotismo institucional, que abre la puerta al enchufismo más descarado y al clientelismo político en el sistema sanitario valenciano», ha manifestado el sindicato en un comunicado.

«Permitir que las convocatorias se realicen exclusivamente por concurso de méritos y que los baremos puedan ser diseñados por las propias direcciones de las Agrupaciones Sanitarias Interdepartamentales (ASI), sin participación sindical ni garantías objetivas, equivale a instaurar un sistema opaco, arbitrario y profundamente injusto, en el que la afinidad política puede pesar más que la formación, la experiencia o la capacidad profesional. Esto no solo es inconstitucional, sino que supone una regresión democrática de enormes proporciones», ha subrayado CCOO.

En este sentido, ha remarcado que «se pretende consagrar un modelo de plazas vitalicias y heredables, como en los peores tiempos del caciquismo, donde el acceso al empleo público básicamente dependía de a quién se conocía y no de la valía».

 «Este sistema pervierte la esencia misma del sistema sanitario público, compromete la calidad asistencial y supone un riesgo gravísimo de descapitalización profesional», ha aseverado.

Desde el sindicato han lamentado que los centros sanitarios «dejarán de contar con los mejores profesionales, para ocupar a aquellos más afines al poder político de turno». 

Igualmente, han afirmado que CCOO «no va a permitir que se consolide este atropello y defiende con firmeza un sistema de selección basado en los principios constitucionales, con procesos transparentes, negociados y abiertos a todas las personas en igualdad de condiciones».

«Este sindicato exige la retirada inmediata de esta enmienda y hace un llamamiento a la ciudadanía, profesionales sanitarios y fuerzas democráticas a oponerse a este ataque a los valores del Estado de Derecho y del sistema público de salud. ¡Basta ya de desmantelar lo público para convertirlo en un cortijo!», han concluido.