La trama de corrupción que investiga la Audiencia Nacional arruina el futuro político de Esperanza Aguirre y Francisco Camps

MADRID.- El sumario que instruye el juez Baltasar Garzón se ha llevado por delante el poder de las baronías en el PP. Al margen de las consecuencias jurídicas y penales, el descubrimiento de la supuesta trama de corrupción que dirigía Francisco Correa ha tenido unos efectos políticos demoledores para los dos líderes autonómicos que ostentaban el mayor poder en el partido: los presidentes de Madrid y Valencia, según la periodista Magis Iglesia, de la agencia 'Colpisa'.

Mariano Rajoy se ha quedado así sin su principal adversaria, Esperanza Aguirre, pero también sin su primer y más importante valedor, Francisco Camps. Los otros tres gobernantes populares en Murcia, La Rioja y Castilla y León carecen de peso suficiente para reconstruir la estructura de poder ahora demolida bajo los efectos de la actuación de Garzón.

El resto de los responsables territoriales del PP no sólo están ayunos de influencia, sino que tienen serios problemas internos en sus filas, como ocurre en Baleares, Asturias, Cataluña o Canarias, donde el presidente del partido, José Manuel Soria, también está incurso en un procedimiento judicial supuestamente relacionado con un caso de cohecho y corrupción.

Los partidos populares de Madrid y Valencia comparten el mismo fenómeno porque sus respectivos líderes han librado una lucha sin cuartel con sus adversarios internos. Aguirre no da tregua a su competencia permanente con el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, mientras que Camps disputó la influencia y el poder a su mentor y ex presidente autonómico, Eduardo Zaplana.

Todos estos datos vienen a confirmar las sospechas de quienes siempre han pensado que una de las peores lacras del estilo de Rajoy es la falta de cohesión en los equipos dirigentes y la aparente indiferencia del líder a la hora de poner orden en sus filas.

El presidente del PP no ha sabido poner orden en la lucha interna en Madrid y ahora tampoco dispone de capacidad para adoptar medidas disciplinarias. En idéntica situación se encuentra con respecto a la Comunidad Valenciana porque, aunque quisiera tomar medidas ejemplares con el equipo de Camps o con el propio presidente autonómico si llegan a confirmarse las imputaciones que se insinúan en las filtraciones del sumario, no está en condiciones de hacerlo.

Dirigentes más veteranos recuerdan que a José María Aznar no le tembló el pulso cuando tuvo que deshacerse de barones autonómicos con tanto poder como el que tenían el cántabro Juan Hormaechea y el balear Gabriel Cañellas.

«Rajoy no se puede permitir ese lujo», apuntan estas fuentes y recuerdan que al actual líder del PP le resultaría imposible prescindir de las dos grandes autonomías en las que gobierna su partido porque «perdería capacidad e influencia».

El escándalo de la corrupción ya ha debilitado a los dos pesos pesados autonómicos. Aguirre tiene a dos alcaldes imputados, un consejero bajo sospecha y dos parlamentarios de su grupo que están siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción.

La presidenta se ha visto obligada a asumir cuatro dimisiones (el alcalde de Boadilla, el director-gerente del Mercado Puerta de Toledo, el consejero de Deportes y el presidente de la comisión de investigación del espionaje), aunque mantiene la inocencia de todos y es un elemento activo en la divulgación de la tesis oficial que denuncia «una trama contra el PP» urdida por el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, el juez de la Audiencia Nacional y la Fiscalía.

Francisco Camps, por su parte, no se encuentra en una situación más cómoda porque los focos de la actuación judicial apuntan en su dirección.

El presidente valenciano emuló a Rajoy cuando saltó a las primeras páginas de los periódicos la filtración del escrito en el que la Fiscalía lo incluía entre los posibles aforados de la causa que instruye Garzón. Se rodeó de su equipo de Gobierno al completo y, acompañado por la alcaldesa Rita Barberá, pronunció un solemne discurso en defensa de su honor e inocencia.

«Estaba muy sobreactuado y eso demuestra con claridad su extrema debilidad», sentenció un parlamentario que interpretó como un error la respuesta del político autonómico al que, en principio, se le podría acusar de vestir trajes pagados por una empresa de la trama.

«Sabemos que todo lo que investiga la Policía es serio», confiesa un dirigente en privado. «Pero hemos tenido mucha suerte gracias a la afición cinegética de Bermejo, el hecho de que la causa la lleve Garzón y no otro juez más serio y que le haya reventado la investigación a la Fiscalía, que tiene ahora todo prendido con alfileres», añadió.

Pero «aunque no se pueda demostrar ningún delito y todo quede en unos trajes, los efectos políticos son indudables porque es una cacería en toda regla, a través de periódicos y telediarios», se queja otro dirigente territorial.