Sánchez de León señaló que, a juicio del Consell, "no hay una suficiente regulación" Sitel y, por tanto, no "están suficientemente garantizados los derechos fundamentales, no por el sistema sino por la forma en que se está aplicando".
Esta declaración no ha encontrado el apoyo de la dirección nacional del PP.
De hecho, Génova ha desautorizado en público tal planteamiento. Según su vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, "el PP no quiere que se anule el procedimiento de 'Gürtel' en ningún caso".
Y lo ha argumentado así: "Primero, porque dejaría una sombra de sospecha sobre el PP; segundo, porque queremos llegar hasta el final depurando responsabilidades políticas y penales y tercero, porque nuestra lucha por la legalización de Sitel es por los inocentes tratados como sospechosos y no por los sospechosos que quieren ser tratados como inocentes".
La campaña contra el sistema Sitel no es exclusiva del PP. La polémica puesta en marcha por los conservadores no ha pasado desapercibida en el ámbito judicial y varios abogados empiezan a incluir en sus recursos referencias a la presunta inconstitucionalidad de las grabaciones telefónicas.
Hasta en nueve procesos, varias de ellos por delitos de narcotráfico, el Supremo ha avalado con sentencias la constitucionalidad de Sitel. En la última, hecha pública el jueves, el alto tribunal especifica, además, que el sistema es "preferible" a otros que funcionaba con anterioridad.
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