Cano, detenido en su casa de madrugada por la Guardia Civil, pasará a disposición judicial a primera hora del jueves en el juzgado de Instrucción número 2 de La Vila Joiosa, encargado de la instrucción de la causa abierta por el asesinato del anterior alcalde, según las mismas fuentes.
El ya ex alcalde de Polop acompañó a los agentes de la UCO de la Guardia Civil en sendos registros en el Ayuntamiento y en su domicilio particular. Después, se lo llevaron arrestado, sin esposar, y con un ordenador portátil requisado. Tras conocer la detención de Cano, ayer el Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular decidió suspenderle cautelarmente de militancia.
La relación de Cano con la muerte de su antecesor, era una de los rumores que circulaban hasta el punto de que él mismo compareció para anunciar su intención de personarse en la causa y amenazar con acciones legales contra los medios de comunicación que apuntaron esta posibilidad.
Un día antes de esta amenaza, el abogado Antonio Martínez Camacho, representante del segundo detenido por el crimen afirmó que el asesinato se fraguó en una reunión donde había "un cargo público" y que se había celebrado en el club de alterne 'Mesalina, de Benidorm, local del que es encargado el tercero de los detenidos en el caso, aunque no desveló de quién se trataba dado que el caso se está investigando.
Cano, empleado de una caja de ahorros, ocupó en octubre de 2007 la alcaldía de Polop tras la muerte a tiros de Alejandro Ponsoda, funcionario municipal, que ocupaba el puesto desde 1995, aunque en 1991 ya lideró la lista más votada.
El hasta ahora alcalde fue concejal con Ponsoda de 1995 a 2003 y ocupó la delegación de Hacienda y Urbanismo de Polop, municipio situado a 10 kilómetros de Benidorm y con unos 4.000 habitantes, que a pesar de encontrarse en el interior de la provincia había experimentado un notable desarrollo urbanístico en los últimos años, sobre todo por la presencia de ciudadanos extranjeros procedentes de Europa
No obstante, en 2003 no figuró en las listas del PP, al igual que el ahora edil de Turismo, Ximo Montiel, por supuestas divergencias con el alcalde asesinado, relacionadas con asuntos urbanísticos. Estas diferencias eran conocidas en el pueblo, pero más en forma de rumores que por la escenificación de un enfrentamiento notorio. Sin embargo, en 2007 Cano volvió a formar parte de las listas municipales del PP, como número dos.
En los cuatro años que estuvo fuera del ayuntamiento, Cano realizó una serie de operaciones urbanísticas en el municipio, que incrementaron notablemente su patrimonio, con el consiguiente cambio de domicilio y de nivel de vida. De hecho, una de sus hijas estudia en Miami (EEUU), lugar donde se encuentra en estos momentos su familia y adonde supuestamente pensaba viajar el primer edil cuando comenzaron los arrestos.
Alejandro Ponsoda falleció el 27 de octubre de 2007, días después de haber sido tiroteado en la puerta de su domicilio. Después del suceso, pasaron dos años de total incertidumbre sobre los hechos, sin ninguna novedad, hasta que el pasado 5 de noviembre, dos años después, fue detenido en Albatera el primero de los siete presuntos implicados en la muerte de Ponsoda. A partir de ahí, las detenciones se han ido sucediendo.
En estos momentos hay imputadas seis personas por su presunta implicación en esta causa. El pasado lunes fue decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de las tres personas arrestadas el pasado viernes, dos de nacionalidad checa y un español, por su presunta relación con la muerte de Alejandro Ponsoda.
En concreto, la jueza imputó a los ciudadanos checos los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas, mientras que el español --el último en ser interrogado a última hora de la tarde del lunes-- está imputado por un delito de asesinato.
La investigación señala a los dos ciudadanos checos como los presuntos autores materiales del asesinato de Ponsoda. Según todos los indicios, la muerte del alcalde fue presuntamente planeada en un club, cuyo gerente, de nacionalidad uruguaya, está también en prisión por su presunta relación con los hechos.
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