La cifra de casas que escapan al control del Fisco en la Comunitat Valenciana es inferior a la media de España, que se sitúa en el 54% del total del parque de viviendas alquiladas.
El estudio de los Técnicos de Hacienda cifra en más de 2.450 millones de euros anuales las rentas sumergidas derivadas del arrendamiento de vivienda, calculadas con las reducciones aplicables, pero excluyendo de este cómputo los alquileres relacionados con garajes, locales, solares, oficinas y otros inmuebles similares.
El informe, elaborado a partir del cruce de los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Vivienda, revela que si bien la reforma fiscal aplicada por primera vez en 2007 permitió que afloraran 89.766 alquileres sumergidos, lo cierto es que el fraude en este sector apenas se ha reducido en tres puntos porcentuales en el último año, al pasar del 57,1% al 54%.
Gestha denuncia que, tres años después de la entrada en vigor de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal, la Agencia Tributaria no ha aprobado todavía la norma que permitiría la aplicación efectiva de su "medida estrella", que obligaba a las compañías suministradoras de energía eléctrica, agua y gas a facilitar los consumos de todas las viviendas, con el fin de permitir la identificación de los inmuebles que, estando aparentemente desocupados, esconden realmente una alquiler sumergido.
Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, que la mayor parte de las rentas del alquiler no estén declaradas significa que en el seno de la Agencia Tributaria algo está funcionando "muy mal".
"Debemos considerar que no es un mérito de la lucha contra el fraude que aumente la media declarada por arrendador, impulsada por los propietarios que se beneficiaron de la reducción del 100% de las rentas percibidas sin pago de impuestos", indicó.
Los Técnicos de Hacienda confían en las medidas de la Ley de Fomento y Agilización Procesal del Alquiler y de la eficiencia energética de los edificios, aprobada el pasado lunes, sea un "primer paso" para una reforma que logre una delimitación mayor de los derechos y obligaciones de las partes, así como el establecimiento de un sistema de garantías para arrendador y arrendatario.
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