La subdelegada del Gobierno en Alicante, Encarna Llinares, y la directora provincial de la Tesorería de la Seguridad Social, Gema Inmaculada Gómez, mantuvieron hoy una reunión de trabajo sobre los últimos resultados de 2009 de este organismo de la Administración central.
Según los datos aportados por la responsable de la Tesorería en la provincia, el pasado ejercicio se cerró en la provincia con un incremento en los aplazamientos del pago de deuda con la Seguridad Social del 62,30 por ciento, principalmente a empresas con problemas de liquidez.
En este sentido, Gómez señaló que son 4.236 los aplazamientos autorizados, por un montante de 40,65 millones de euros, es decir, un incremento con respecto a 2008 del 70,51 por ciento.
Al respecto, Llinares detalló que "se tratan de medidas comprendidas en nuestro marco legislativo que se aplican con carácter de excepcionalidad con la clara intención de ayudar a aquellas empresas que, a pesar de los problemas de liquidez que atraviesan, tienen voluntad y capacidad de responder a sus apremios en la medida que se le preste algo de colaboración por nuestra parte".
Por ello, la subdelegada afirmó que el Gobierno es "especialmente sensible ante la situación que están pasando muchas empresas y que sufren muchos trabajadores", al tiempo que añadió que se "está aportando todas las medidas para salir adelante y encarar nuestra provincia de Alicante hacia la senda de la recuperación económica".
Por su parte, la directora de la Tesorería en Alicante apuntó que "estamos en situación de afirmar que son apoyos puntuales a empresas que, y así estamos convencidos, seguirán adelante".
"El 96 por ciento del total de la deuda aplazada son cantidades inferiores a los 30.000 euros; un 3 por ciento corresponde a deudas que oscilan entre los 30.000 y los 90.000 euros y apenas un 1 por ciento se refiere a cantidades superiores", indicó.
El número total de trabajadores registró en la provincia de Alicante durante 2009 un descenso del 6,53 por ciento con respecto a 2008; aunque se incrementó por regímenes un 2,44 por ciento en el agrario y en un 10,95 por ciento los trabajadores del marítimo. Los trabajadores de régimen general se redujeron en un 6,91 por ciento y el de los autónomos en un 7,28 por ciento.
La subdelegada del Gobierno y la directora provincial de la Tesorería de la Seguridad Social también trataron durante su reunión el Plan de Control y Prevención del Fraude, una acción que se desarrolla en colaboración con la Inspección de Trabajo.
Según Llinares, "se trata de un esfuerzo de justicia que realiza la administración central para que todo el mundo aporte y para evitar que la carga recaiga en exclusiva con aquellos que están comprometidos con un sistema de reparto de la riqueza y la prestación de servicios universales a la que debemos aportar todos".
"Vamos a luchar para que el esfuerzo sea colectivo, porque de esta manera, entre todos y cuantos más seamos, el fraude será menor", afirmó Llinares, que anunció que a lo largo de 2010 se llevarán a cabo varias campañas de control y prevención del fraude en colaboración con la Inspección de Trabajo.
El denominado Observatorio del Fraude actuará en el control de empresas insolventes con actividad, los falsos autónomos, los contratos a tiempo parcial y las bajas indebidas en determinados periodos del año.
Por su parte, la directora de la Tesorería en la provincia de Alicante indicó que "se hará hincapié en cuestiones básicas como el control de las altas en agricultura, hostelería y servicios, así como en la cotización de actividades relacionadas con el comercio al por menor, los seguros y la banca."
Resultado de la lucha contra el fraude, en 2009 se ha producido un aumento de la recaudación en vía ejecutiva del 22,04 por ciento. Asimismo, en colaboración con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria AEAT, se han incrementado los embargos de devoluciones tributarias en un 35,59 por ciento.
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