A preguntas de los medios de comunicación sobre el caso 'Brugal', Ripoll ha defendido que "todo el proceso del Plan Zonal se ha hecho de una manera escrupulosa, respetando la legalidad, respetando los informes técnicos, en algunos casos adoptando la mayor parte de las decisiones por unanimidad y sin ninguna ingerencia externa".
No obstante, ha puntualizado que "si por fuera ha habido cosas, desde luego en ningún caso han afectado a todo el proceso" ni a su persona. "Por tanto, no considero que tenga que adoptar la decisión de abandonar mi puesto", ha añadido.
"Todo se ha realizado, y espero que así se demuestre cuando el proceso judicial se ponga en marcha dentro de la legalidad, dentro de las normas y dentro de lo que marca la ley de residuos y de lo que marca también la ley de contratos", ha reiterado.
En su opinión, "eso hasta ahora no se ha puesto en cuestión por parte de nadie y muchas de las tesis que se ponen sobre el papel en el informe policial, luego se contradicen porque se van cambiando en base a lo que se supone que ellos entienden que va ocurriendo".
En cuanto a su línea de defensa, ha aclarado que sus abogados están esperando a conocer cuál es el juzgado que llevará el caso, y después ejercerán su defensa judicialmente.
Así mismo, ha explicado que la comisión de gobierno del Consorcio de Residuos de la Zona XVII se reunirá este viernes 24 de septiembre para decidir si acata o recurre la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Alicante, contraria a la ubicación de la planta de tratamiento de residuos y el vertedero en la pedanía oriolana de Torremendo.
Según el dictamen, la adjudicación de este proyecto debe recaer en la oferta presentada por la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por 'Cespa' y 'Ortiz e Hijos' en su 'solución base', que contempla la instalación de las plantas de basuras en el municipio alicantino de Albatera y que fue la oferta más valorada por los técnicos.
Ripoll ha adelantado que la Diputación está "recabando distintos informes jurídicos para que los miembros del Consorcio tengan base para tomar las decisiones".
Tras este encuentro, se reunirá la Junta de gobierno del Consorcio a petición de los Ayuntamientos del PSOE para estudiar la paralización del proceso. "Si la decisión de la comisión de Gobierno fuera no recurrir la sentencia, en unos días podríamos reunir otra vez la junta de gobierno para que ejecutara esta sentencia", ha detallado.
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