MADRID.- El expresidente de Caja de Ahorros del
Mediterráneo Modesto Crespo ha asegurado este miércoles en la Audiencia
Nacional que no planteó objeción alguna a las elevadas retribuciones
fijadas en su propio beneficio por la exdirectora general María Dolores
Amorós, al considerar que sus quejas podían ser calificadas como
sexistas, según han informado fuentes personadas en la
causa, investigada por el Juzgado Central de Instrucción nº 3.
Crespo, que ha respondido a las preguntas formuladas por la
Fiscalía Anticorrupción y por el juez Javier Gómez Bermúdez, pero que se
ha negado a contestar al resto de acusaciones, ha explicado que Amorós
era la única mujer en la dirección de la entidad por lo que pensó que
sus comentarios sobre las cantidades económicas que recibía podían ser
considerados como una defensa de la desigualdad salarial entre sexos.
María Dolores Amorós acordó en noviembre de 2010 una
retribución anual de 593.040 euros, y unos 30 días después, cerró su
contrato y pactó con el propio Crespo, su pensión, con una prestación
vitalicia asegurada de 30.791 euros al mes, lo que elevaría esta cuantía
a 369.497 euros anuales.
Los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB) acordaron despedirla a finales de 2011 y la exdirectora
general recurrió esta decisión y pidió al menos diez millones de euros.
No obstante, la juez declaró procedente su despido.
Además, Crespo, tercer imputado en la causa que investiga la
gestión de la CAM en declarar en la Audiencia Nacional tras los
directivos Teófilo Sogorb y Vicente Soriano, ha asegurado que sus
funciones como presidente de la entidad eran "meramente representativas"
y en ningún caso ejecutivas.
En este sentido, ha concretado que su trabajo consistía en
reunirse, como mediador de la Caja, con representantes de instituciones
políticas y empresariales, como el expresidente de la Comunidad
Valenciana Francisco Camps o el obispo de Alicante. En esta misma línea,
Crespo ha atribuido toda la responsabilidad sobre la gestión de la Caja
al Comité de Administración y a la dirección de la entidad.
El juez Gómez Bermúdez ha citado a la cúpula directiva a lo
largo de toda la semana. Así, tiene previsto tomar declaración a Amorós
el próximo viernes y ha aplazado la comparecencia de otro de los
directivos encargado de la instrucción, el exdirector general de la CAM
Roberto López Abad, al próximo 19 de julio.
La plataforma de Afectados por la CAM, personada en la causa
en representación de más de 500 afectados, ha solicitado el ingreso en
prisión de los cinco directivos imputados y la imposición de una fianza
para eludir la cárcel de 12 millones de euros.
La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio
de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una
inyección de 2.800 millones de euros por parte del FROB, que elaboró los
informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por
los antiguos gestores de la CAM, sobre todo en la concesión de créditos
al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para
la cúpula directiva.
En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros,
actualmente propiedad del Banco Sabadell, comunicaron a las autoridades
financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses
después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.
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