MADRID.- Ryanair presume de ser una de las empresas
más patriotas de Irlanda. Su presidente, el polémico Michael O’Leary, no
duda a la hora de hacer publicidad de la Isla Esmeralda. Por ello, y
gracias a sus dimensiones y a sus supuestas conexiones con las altas
esferas políticas irlandesas, la aerolínea puede sentirse relativamente
tranquila si el Gobierno español pretende acudir a los tribunales de
Dublín para pedir que se revoque su licencia de vuelo. Por más protestas
que los incidentes en sus aviones generen entre los consumidores,
Ryanair llevaría las de ganar en un proceso de este tipo.
Sin embargo,
Madrid tiene más opciones: puede imponer sanciones a la firma o, en
último extremo, impedirle volar sobre su territorio si aprecia que pone
en peligro la seguridad aérea.
Bruselas lo ha dejado claro: el Gobierno español no tiene competencia para revocar la licencia de vuelo de Ryanair, aunque la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) haya contabilizado 1.201 incidentes en sus aviones sólo en los seis primeros meses de este año. Según la Comisión Europea, al tener la empresa su domicilio social en Irlanda, sólo este país puede retirar dicha licencia. Así lo ha manifestado uno de sus portavoces, un día después de que la ministra de Fomento, Ana Pastor, anunciase que el Ejecutivo pretende endurecer las sanciones de la Ley de Seguridad Aérea para castigar a las aerolíneas que infrinjan esta normativa.
Por respuesta, O’Leary ha escrito una carta en la que acusa a Fomento de difamar a a la ‘low cost’, que, insiste, cumple con todas las normas de seguridad. Estas incluirían no sólo a la legislación española, sino también a las leyes irlandesas y a los Convenios internacionales de aviación. Y, sobre todo, al Reglamento sobre mantenimiento de aeronaves de la Comisión Europea, ya que al operar en el territorio de la UE Ryanair debe someterse a los parámetros comunes de seguridad aérea establecidos por la Unión.
Los expertos recuerdan que las actividades que la empresa lleve a cabo en España quedan dentro de la jurisdicción de los tribunales españoles y están sometidos a las leyes de nuestro país. Fuentes de la Embajada de Irlanda indican además que los operadores de esta nacionalidad notifican los sucesos específicos relacionados con la seguridad a las autoridades de los Estados en los que se produzcan estos incidentes, que serían los responsables de las investigaciones pertinentes. Además podrían contar con la ayuda de los países de operación o en el que esté registrada la nave. Por eso, si la investigación de la AESA concluye que Ryanair supone un problema para la seguridad, a Madrid se le presentan varias alternativas.
La vía de Dublín
Esta sería la opción más difícil. Tanto si decidiese solicitar una revocación de su licencia como en el caso de que se detectasen infracciones a la legislación, el Ministerio Fiscal español sería competente para denunciar a Ryanair ante los tribunales irlandeses. A su vez, fuentes de la Autoridad irlandesa de Aviación (IAA, por sus siglas en inglés) explican que cuando un operador con un certificado de vuelo emitido en Irlanda no satisface las disposiciones de la normativa de seguridad, las opciones que se le presentan a este organismo van desde formular una serie de directrices para que cumpla a retirarle la licencia. Así lo confirma Adam Whyte, abogado del bufete Ruiz-Huerta & Crespo, que señala también que, aunque no se han establecido sanciones al respecto, España podría presentar a su vez una queja ante la propia IAA.
En todo caso, en un proceso de este estilo, Ryanair llevaría las de ganar, no sólo porque, aparentemente, cumple estrictamente con la legislación irlandesa de seguridad aérea, sino porque también tendría muchos elementos a su favor. Así lo explica el abogado especializado en Derecho irlandés Iván García Bermúdez, quien resalta que la compañía “jugaría en casa, en tribunales locales y con legislación irlandesa”. A su juicio, esto supondría “un obstáculo serio” para los demandantes extranjeros, que tendrían que trasladarse a Irlanda para denunciar, actuar en inglés y contratar abogados irlandeses.
La forma jurídica adoptada por Ryanair es la de un holding que engloba a otras cinco compañías, todas ellas con la misma personalidad jurídica, dedicadas a distintas actividades dentro de los servicios de navegación aérea. Como señala García Bermúdez, esta estructura, que está “perfectamente contemplada en el Derecho irlandés”, le permite conseguir capital y beneficios y tener “una responsabilidad limitada ante cualquier accidente o fatalidad”, ya que ésta afectaría únicamente al dinero desembolsado por los accionistas.
Por otro lado, el hecho de estar radicada en el extranjero exime a la empresa del pago del impuesto de sociedades en España, donde, paradójicamente, se beneficia de más del 50% de las subvenciones al sector aéreo. Asimismo, y según apunta el secretario del sindicato de pilotos SEPLA, José María Íscar, desde Irlanda Ryanair subcontrata, a través de empresas de trabajo temporal, a cerca del 70% de sus pilotos.
Una empresa dominante en un país rescatado
Pero también hay otros factores que desaconsejarían esta opción. Uno de ellos serían los posibles problemas diplomáticos que se pudieran desatar, sobre todo teniendo en cuenta que Irlanda es, según los expertos, “un país amigo” y un socio europeo. Y Ryanair, con unos beneficios anuales de 503 millones de euros y más de 8.000 empleados, sería “una empresa dominante” en una nación que ha tenido que ser rescatada por la UE.
A esto se unirían las buenas relaciones de su presidente con varias figuras de la clase política dublinesa. O’Leary, procedente de una familia de granjeros, es el empresario más rico de Irlanda, y ello sin haber terminado sus estudios universitarios. En todo momento ha tratado de presentarse a sí mismo como “la voz de los pobres” de la Isla Esmeralda, pero a su boda en 2003 habrían asistido, entre otros, un comisario europeo y la por entonces viceprimer ministra irlandesa.
Las influencias de O’Leary podrían haberle dado una gran capacidad de maniobra, que le habría permitido desde comprar una licencia de taxi para poder circular a toda velocidad con su coche por las calles de Dublín a convertir a la compañía creada por los hermanos Ryan en 1985 en un grupo internacional que aspira a comprar el aeropuerto británico de Stansted y a fusionarse con la aerolínea irlandesa de bandera, Aer Lingus. Una operación que, en opinión de algunos analistas, no sería vista con malos ojos por el Gobierno irlandés, pese a la existencia de varias divergencias.
Ahora bien, lo que Irlanda no estaría dispuesta a tolerar serían
infracciones a la normativa de seguridad aérea, por lo que los
especialistas no descartan que Madrid pudiera contar con su colaboración
en esta materia. Y más aun si se tiene en cuenta que Ryanair ha
protagonizado en los aeropuertos irlandeses varios incidentes similares a
los sufridos en España.
Para algunas organizaciones de consumidores, como FACUA, la aerolínea estaría llevando a cabo acciones fraudulentas sistemáticamente. En este sentido, el portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, considera que no basta con que los ciudadanos puedan demandar a Ryanair ante los tribunales españoles. A su juicio, las administraciones están actuando “de forma incompetente” a la hora de imponer multas severas a la empresa, y critica la falta de transparencia acerca de dichas sanciones.
Por su parte, José María Íscar subraya que la implantación de un sistema de “sanciones disuasorias”, algo que España sí puede hacer sin ningún problema, pondría freno a las prácticas de Ryanair y de otras ‘low cost’. Varios expertos abogan por que el Gobierno español se decida finalmente a llevar esta propuesta a las instituciones comunitarias. Bruselas sería, precisamente, la otra alternativa que, según García Bermúdez, le quedaría a España, ya que podría no sólo solicitar el respaldo de la Comisión, sino iniciar también un procedimiento sancionador que, en el caso de que se apreciase una vulneración de la normativa europea, podría culminar con una multa millonaria para la empresa.
El último recurso
En el supuesto de que ninguna de esas opciones prosperase, a España todavía le quedaría un último recurso, que consistiría en hacer uso de su soberanía nacional e impedir el acceso de los aviones de Ryanair a su espacio aéreo si se constatase que amenazan a la seguridad. El problema radicaría en el posible conflicto que esto pudiese conllevar respecto a las normas comunitarias, tal y como apuntan fuentes acreditadas en el campo del Derecho espacial consultadas por ARNdigital. Pero casi todos los expertos coinciden en que esta situación podría llevarse a la práctica en un caso extremo, al igual que sucedió tras el plante de los controladores aéreos en diciembre de 2010.
Para algunas organizaciones de consumidores, como FACUA, la aerolínea estaría llevando a cabo acciones fraudulentas sistemáticamente. En este sentido, el portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, considera que no basta con que los ciudadanos puedan demandar a Ryanair ante los tribunales españoles. A su juicio, las administraciones están actuando “de forma incompetente” a la hora de imponer multas severas a la empresa, y critica la falta de transparencia acerca de dichas sanciones.
Por su parte, José María Íscar subraya que la implantación de un sistema de “sanciones disuasorias”, algo que España sí puede hacer sin ningún problema, pondría freno a las prácticas de Ryanair y de otras ‘low cost’. Varios expertos abogan por que el Gobierno español se decida finalmente a llevar esta propuesta a las instituciones comunitarias. Bruselas sería, precisamente, la otra alternativa que, según García Bermúdez, le quedaría a España, ya que podría no sólo solicitar el respaldo de la Comisión, sino iniciar también un procedimiento sancionador que, en el caso de que se apreciase una vulneración de la normativa europea, podría culminar con una multa millonaria para la empresa.
El último recurso
En el supuesto de que ninguna de esas opciones prosperase, a España todavía le quedaría un último recurso, que consistiría en hacer uso de su soberanía nacional e impedir el acceso de los aviones de Ryanair a su espacio aéreo si se constatase que amenazan a la seguridad. El problema radicaría en el posible conflicto que esto pudiese conllevar respecto a las normas comunitarias, tal y como apuntan fuentes acreditadas en el campo del Derecho espacial consultadas por ARNdigital. Pero casi todos los expertos coinciden en que esta situación podría llevarse a la práctica en un caso extremo, al igual que sucedió tras el plante de los controladores aéreos en diciembre de 2010.
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