ORIHUELA.- El Ayuntamiento de Orihuela ha
aprobado este martes presentará una demanda de desahucio por precario
del Palacio de Justicia de la localidad contra la Generalitat, ya que el
edificio es de titularidad municipal, está "pagado y escriturado" por
el consistorio y lleva "ocupado ocho años sin ningún tipo de convenio",
según ha acordado este martes la Junta de Gobierno Local.
Así lo ha anunciado en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo
oriolano, la socialista Antonia Moreno, quien ha relatado que el
Ayuntamiento lleva "más de un año" intentando firmar un acuerdo con el
Consell para desarrollar la rehabilitación de los antiguos juzgados de
la población como centro de salud, lo cual ha derivado en la decisión de
emprender las acciones judiciales.
Moreno ha indicado que el secretario autonómico de Justicia,
Antonio Gastaldi, anunció que, antes de la pasada Navidad, "suscribiría
el acuerdo al que había llegado" con el municipio, después de haber
mantenido varias reuniones con el alcalde, Monserrate Guillén, el
secretario autonómico de Hacienda y con el director general de
Patrimonio.
"Hasta aquí hemos llegado. Tienen un borrador de convenio que le
enviamos, tienen tasaciones nuestras, documentación del registro, nos
han tenido trabajando intensamente durante todo un año y desde que
Serafín Castellano es conseller de Justicia, se apagó la luz", ha
resaltado.
La portavoz ha explicado que el consistorio y Conselleria
alcanzaron un acuerdo "muy ventajoso socialmente para Orihuela", por el
cual el Ejecutivo autonómico tenía que construir un centro de salud en
la zona del Rabaloche de la población por 2,1 millones de euros, así
como permutar los edificios de los nuevos y los antiguos juzgados,
pagando otros tres millones "de diferencia de valor entre ambos".
En este sentido, Moreno ha agregado que se propuso "una
compensación en obra", consistente en rehabilitar el "antiguo" inmueble
judicial para habilitar allí el centro de salud "hasta que la situación
económica mejorara y la Generalitat pudiera construir un recinto nuevo
en el solar reservado al efecto, con la única condición de que estuviera
ejecutada la obra antes de fin de 2012".
Además, ha puntualizado que tras su "última" visita, los
representantes del Consell "se llevaron" nombres de empresas que
"estaban dispuestas" a realizar la actuación y a financiar a Conselleria
"con pagos aplazados".
"No hay marcha atrás, asumo las consecuencias de
esta decisión, pero primero está este pueblo y la deuda tiene ya 10
años, si no tienen dinero que lo pinten", ha recalcado.
Así, ha expuesto que "en los próximos días" se designará un
abogado y un procurador, al tiempo que este martes se comunicará la
decisión a la decana del Palacio de Justicia de Orihuela. "Queremos la
permuta, queremos el dinero --que ha cifrado en tres millones de euros--
y con ese importe, que es de todos los oriolanos, construir el centro
de salud", ha afirmado.
"Este es el momento en que ni están ni francamente les esperamos.
Particularmente me he cansado de esperar, no he querido creer a quienes
me avisaron de que llegaría este punto. Confieso que he defendido
siempre al secretario autonómico, a la Conselleria, confieso que he
confiado en la palabra que me dieron, he pecado de ingenua", ha
enfatizado la portavoz municipal.
Por su parte, la presidenta del PP de Orihuela y concejal en el
Ayuntamiento, Pepa Ferrando, ha manifestado que la medida aprobada por
la junta de Gobierno local "es nula de pleno derecho", y ha incidido en
que ha sido acordada sin el "prescriptivo informe" de Secretaría.
Ferrando se ha expresado en estos términos a los periodistas tras
comparecer en rueda de prensa, y ha anunciado que la formación 'popular'
"emprenderá acciones legales, porque no se pueden tomar acuerdos sin
informes técnicos".
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