MADRID.- La reforma de la Ley de Costas, tal como está planteada, podría acarrear la apertura de un procedimiento de infracción contra España en la Unión Europea por incumplimiento de hasta cuatro directivas, alerta la eurodiputada de Los Verdes, la danesa Margrete Auken.
Auken es miembro de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo
(PE) y del grupo que se ha creado dentro del mismo para analizar la
nueva de la Ley de Costas española que promueve el Gobierno ante el más
de centenar de quejas recibidas, y ha acudido a Madrid esta semana junto
a la europarlamentaria austríaca Angelika Werthmann para interesarse
por el asunto.
La veterana política, madre de la
actual ministra danesa de Medio Ambiente, asegura que el texto al que
previsiblemente dará luz verde el Congreso el próximo martes "viola"
hasta cuatro directivas europeas, entre las que cita la de aguas,
protección frente a inundaciones, participación pública y tratamiento de
aguas.
La eurodiputada se muestra especialmente "indignada" por la "falta de
participación y de transparencia" con la que, en su opinión, se ha
tramitado la reforma, y critica "las trabas" que ha puesto el
eurodiputado del PP Carlos Iturgaiz para que la Comisión de Peticiones
del PE acuda en misión oficial a saber más de la ley, como llevan
intentando "desde antes del verano".
Auken incide en que si la Ley de Costas se aprueba tal como está
planteada el PE pedirá a la Comisión que "analice el incumplimiento de
las citadas directivas y abra un procedimiento contra España".
La eurodiputada, autora de un informe contra el "urbanismo salvaje"
en España que lleva su nombre y que fue aprobado por el PE en 2009, está
"furiosa" porque el Gobierno cite ese documento en el preámbulo de su
norma para justificar la reforma de la Ley de Costas del año 88.
"Quiero decirle al Gobierno español que no en mi nombre ni en el del
Parlamento Europeo, ya que en el informe subrayábamos que la ley del 88
era buena, pero que su aplicación era un desastre o porque no se llevaba
a cabo o porque se hacía arbitrariamente", subraya.
El llamado 'Informe Auken' decía que "había que dar más seguridad
jurídica a los propietarios individuales para que siguieran en sus casas
si no tenían otro lugar donde ir. Es lógico que ellos y sus hijos
tengan derecho a estar ahí treinta años más por ejemplo", indica.
El problema, según la coordinadora de Los Verdes en el PE, es que el
texto del Gobierno "renueva las concesiones durante nada menos que 75
años y usa el mismo lenguaje para los pequeños propietarios cuyos padres
y abuelos han tenido una casa en el litoral toda la vida, y por
supuesto tienen derecho a estar ahí, que para las empresas".
"Si la distinción entre esas personas y el sector privado no la dejan
clara, están abriendo la puerta a la destrucción urbanística de la
costa en los últimos paraísos costeros de España", afirma.
A Auken no le cabe duda de que cuando el Gobierno habla de "poner al
mismo nivel las oportunidades económicas y la protección ambiental" con
la nueva Ley de Costas, "están queriendo decir que van a dar prioridad a
que las empresas saquen dinero fácil en el bien público más preciado de
los españoles: su línea costera".
"Esta ley abre las puertas a un nuevo boom inmobiliario en la costa",
clama la eurodiputada, quien en su informe de 2009 ponía de manifiesto
datos como que en España se gastaba más cemento que en Italia, Alemania,
Francia y Reino Unido juntos.
A juicio de Auken, la "destrucción" del litoral es mayor en España
que en ningún otro país de la Unión Europea, y, de continuar, "puede
decir adiós al turismo y prepararse para el dramático coste que tendría
restaurar lo dañado".
En ese sentido, la eurodiputada lanza un mensaje claro a los
españoles: "Miren lo que ha pasado con su estupenda costa, que fue
vendida sin que se dieran cuenta y sin que ustedes recibieran beneficio
alguno. Esta nueva ley es un engaño, la crisis no se resuelve
destruyendo el litoral que queda en buen estado".
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