VALENCIA.- La Audiencia de Valencia ha ordenado la reapertura de la investigación
sobre los grandes premios de Fórmula 1 en la capital valenciana al
apreciar indicios de que el expresident Francisco Camps pudo cometer
prevaricación en relación con uno de los hechos del sumario.
En concreto, se deberá investigar si la orden de firmar un contrato
por el que la Generalitat se convertía en avalista de los organizadores
del evento fue decidida aparentemente “sin seguir procedimiento administrativo alguno”, según el auto de la sección segunda de la Audiencia.
Se revoca así parcialmente el archivo provisional de la causa
referida a la organización de los grandes premios de Fórmula 1 en
Valencia entre 2008 y 2012 en la que solo quedaba como investigado
Camps, y ha acordado la reapertura de la investigación judicial, aunque solo en relación con la decisión del Consell de convertirse en avalista de los organizadores del evento.
En la firma de ese contrato, en virtud del cual la Generalitat
sustituyó como avalista a Bancaja, “podría existir una omisión absoluta
del procedimiento legalmente establecido”, añade el auto.
Y apunta: “Cabe
atribuir, visto el contenido de la información que ofrecen las
diligencias practicadas, participación relevante en tal decisión al
señor Camps”.
También se asegura que “no se ha explicado la necesidad y
justificación por la que Bancaja estaba interesada en que cesara su
afianzamiento”, antes de señalar que “existen indicios abundantes” de
que la falta de respeto al procedimiento en la firma del contrato “se
debió a la indicación expresa al respecto del investigado señor Camps”.
“Con independencia de cuáles fueran los motivos para ello, cabe
considerar, en este momento y con la información con la que se cuenta,
que tales hechos pudieran constituir una conducta constitutiva del
delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal”, concluye el
auto.
La Audiencia ordena a la titular del Juzgado de Instrucción número 2
de Valencia que esclarezca qué consecuencias pudo tener para el Gobierno
valenciano el compromiso asumido por la Generalitat de actuar como
avalista en la organización de las pruebas automovilísticas a partir de
julio de 2011. La condición de avalista implica, aparentemente, la obligación de pagar una deuda en caso de que haya impagos.
En todo caso, el auto ordena a la instructora que reabra la
investigación y esclarezca, bien mediante prueba pericial o bien “por la
vía argumentativa”, “qué consecuencias jurídicas efectivas y
susceptibles de reclamación podría haber tenido para la Generalitat
Valenciana que se le hubiera exigido el cumplimiento de las obligaciones
contraídas” como avalista.
Y, en concreto, si la firma del contrato que situaba al Ejecutivo
valenciano en esa condición fue un acto decisorio adoptado sobre el
fondo de un asunto y de carácter ejecutivo.
Se atiende así la petición de la Abogacía de la Generalitat, pero
solo en lo relativo al citado aval, sin que se admita el resto de
peticiones relativas a la acumulación de piezas o a la reapertura del
procedimiento en relación a la exasesora del president Belén Reyero.
La causa sobre la organización de la Fórmula 1 en Valencia se abrió
hace casi cinco años para investigar las negociaciones para la
organización del Gran Premio de Europa a través de Valmor Sport y la
posterior absorción de esta sociedad por la empresa pública Circuito del
Motor.
Sin embargo, fue archivada el pasado mes de diciembre con el beneplácito del fiscal y la oposición de la Abogacía de la Generalitat, cuyo recurso prospera ahora parcialmente.
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