VALENCIA.- Que el rédito político que tiene en la actualidad la confrontación identitaria valenciano-castellano en la ciudad de Valencia tiende al cero es bien sabido por la derecha. Por eso, la líder del PP valenciano, Isabel Bonig, y el adalid de Ciudadanos, Toni Cantó,
se han cruzado toda la comunidad autónoma -geográficamente muy
alargada- para encender pasiones en el sur del sur, en la Vega Baja,
como vimos hace unos días en la manifestación de Orihuela contra la Ley del Plurilingüismo. La Batalla de Valencia resucita para librarse, en esta ocasión, en Alicante, se escribe en La Vanguardia.
Este jueves ha llegado a la capital, a la ciudad de Alicante. A la
misma que aún mantiene mucha toponimia en valenciano, como los barrios
de El Pla del Bon Repós, el Raval Roig o Rabassa, la Serra Grossa, el Himno de Alicante o el Himno de les Fogueres de Sant Joan, o la coca amb tonyina típica de las fiestas.
Pese a ello y a tener el estatus de cooficial, se han llevado al
pleno del Ayuntamiento de Alicante dos declaraciones institucionales que
buscan dejar de fomentar esta lengua: la primera, presentada
conjuntamente por PP y Cs en la que han pedido a la Generalitat
Valenciana “que garantice el derecho de los padres a la elección de la
lengua vehicular en la educación de sus hijos, derogando los artículos”
de la Ley de Plurilingüismo.
La segunda, más incendiaria, la ha propuesto Vox y ha pedido “la derogación” de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV) de 1983 y,
“subsidiariamente, su modificación” para sacar a Alicante de la zona de
predominio lingüístico valenciano y su inclusión en la lista de
municipios de predominio lingüístico castellano (la primera parte la han
suprimido en el momento del debate).
En la ciudad de Alicante el valenciano no es un problema, aunque su
uso en la calle sea muy bajo. Así quedaba reflejado en el informe Coneixement i ús del valencià
publicado por la Conselleria de Educación en 2015. En él, además, se
exponía que en la región de Alicante el 65,9% entiende el valenciano
“bastante bien” o “perfectamente”, mientras que el 44,1% lo sabe hablar.
Además, ofrecía el dato de que los encuestados de la región de
Alicante opinaban que el valenciano debería hablarse menos en un 17,3%,
igual en un 41,7% y más en un 35,1%. Es decir, que el porcentaje de
personas que preferirían mayor uso de la lengua autóctona es mayor que
el de quienes apostaban por reducirlo.
El aprendizaje del valenciano en las aulas alicantinas no supone un
problema sin la agitación de las banderas identitarias. Quizás se deba a
que hay una alta probabilidad de que los hijos e hijas acaben haciendo
su vida, en un futuro, fuera de la ciudad, en otras comarcas o en la
vecina València, donde el valenciano está más presente y conocerlo puede
ayudar a profundizar relaciones personales y a tener más oportunidades
laborales. También, lógicamente, si optan a puestos de la Administración
Pública, como en la docencia, donde fue precisamente el PP quien
introdujo la obligatoriedad de acreditar el valenciano.
En el debate en el hemiciclo de la primera propuesta, se han alineado los postulados de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA),
PP, Cs y Vox. En sus planteamientos se han pronunciado los argumentos
del “derecho a decidir la lengua vehicular” de la enseñanza,
“sectarismo” e “imposiciones lingüísticas”.
Julia Llopis (PP) ha recordado que el Estatut obliga a
“conocer” cualquiera de las lenguas cooficiales -castellano y
valenciano- y el “derecho a usar la lengua que cada uno quiera”. Además,
ha atacado al conseller Vicent Marzà por no “importarle” otras
cuestiones como el abandono escolar, aunque ayer miércoles destacó que
ese asunto precisamente había bajado cuatro puntos.
Igualmente le ha recriminado no ocuparse de las aulas prefabricadas:
“Queremos que quiten barracones, que construyan colegios”. Muchas de las
clases provisionales se levantaron durante el gobierno del PP a través
de la empresa pública Ciegsa, gestión que hoy está en los tribunales por presunto desvío de dinero.
Sobre la Ley de Plurilingüismo, la vicealcaldesa Mari Carmen Sánchez (Cs),
ha tildado de “chantaje lingüístico” que se establezca un mínimo de
clases en castellano, en valenciano y en inglés. “Coartan las libertades
y autonomías de los centros. Pedimos que se declare inalienable el
derecho de los padres a elegir en qué lenguas quieren que estudien sus
hijos”, ha defendido.
El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha argumentado que el conocimiento del valenciano ayuda a la “equidad” y el de Unides Podem, Xavier López,
que “la exención no ha hecho más que aumentar la brecha de
oportunidades respecto a quienes sí que han estudiado en valenciano”.
Por su parte, el socialista Manuel Marín ha criticado que “la
segregación de lenguas” que aplicó el PP “en la educación no ha
funcionado”.
Como ha defendido la portavoz de La Cívica-Alacant en valencià, Anna Esteve,
“dominar el uso de las dos lenguas abrirá puertas al alumnado”.
“
Chavales de Villena se sienten estafados cuando descubren que les han
escondido parte de su cultura y que no tienen las mismas facilidades que
los de Elche”, ha dicho en referencia a la exención lingüística a la
que se pueden acoger los centros de ese municipio. Igualmente, ha
recordado que el bilingüismo, el aprendizaje y uso continuo de dos
lenguas, especialmente en los niños, tiene “beneficios probados
científicamente”.
Sobre la propuesta de Vox de sacar el municipio de Alicante de la
zona valencianohablante -que permitiría a los centros escolares acogerse
a la exención, es decir, no dar ni una sola asignatura de valenciano-
el concejal Mario Ortolá, del partido ultraderechista, ha
afirmado que la LUEV “miente” porque en Alicante “no se habla
valenciano” y ha pedido “que se adapte a la verdad”.
“Estamos
convencidos que una ley tan importante, aunque a mí no me gusta y cuando
tengamos suficiente poder la modificaremos, no se puede hacer sin
contar con nadie”, ha espetado.
“Su discurso de odio hacia el valenciano no lo podemos desligar de su
odio hacia el colectivo LGTBi. Es un pack que pretende crispar. Aquí
nunca hemos tenido problemas con el valenciano, excepto en casos
extremos. Desgraciadamente, aquí, en este ayuntamiento, están los casos
extremos. Quieren volver a la sociedad en blanco y negro, la del No-Do,
la del hábleme en cristiano, la de la mujer en casa, la de la ley de
vagos y maleantes”, ha lamentado Bellido.
El edil de Compromís ha señalado que la propuesta es “profundamente
anti-alicantina” porque implica “dividir Alicante” y “separarla de su
historia”. “Som fills del poble -en alusión al himno alicantino-
señores de Vox. Señores de PP y Ciudadanos, apoyar esta iniciativa es
escupir en el escudo de Alicante. Sería una traición y una estupidez
insuperable”, ha añadido.
Por su parte, Antonio Manresa (Cs), ha anunciado su oposición a
la propuesta así: “Buscan volver a la guerra. No necesitamos una guerra
con la lengua. Nunca hemos tenido ningún problema con el valenciano, yo
lo entiendo perfectamente. El único que tenemos es la imposición en la
Vega Baja”. En la misma línea, el PP ha defendido que “el conflicto del
valenciano” lo ha “creado” el Botànic por la Ley de Plurilingüismo.
Sanguino (PSPV) ha recordado que Alicante dobló la población “entre
1950 y 1965”: “Acogimos a todo el mundo”.
“Imagínese que en un futuro
acogemos a gente que no habla ninguna de nuestras dos lenguas y se dice
de adaptarse a la nueva realidad, dejando de impulsarlas. ¿Se imaginan
que Gabriel Miró o Carlos Arniches dejaran de ser nuestro patrimonio
cultural? El castellano tendría los días contados en Alicante escuchando
hoy al portavoz de Vox”, ha recriminado al partido ultraderechista, y
ha zanjado: “La libertad ha de basarse en proteger un legado histórico”.
La declaración institucional ha quedado rechazada por los votos en
contra de Cs, PSPV, Unides Podem y Compromís; solo ha contado con los
votos a favor de Vox y PP. La Batalla de València busca terrenos a priori más cómodos.
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