Para el fiscal, los hechos son constitutivos de un delito contra el medio ambiente, un delito del que tendrán que responder todos los acusados: A.F.P, R.F.P, J.F.P, A.J.F.P y la propia mercantil.
Para los tres primeros, pide penas de 6 años y 6 meses de cárcel, inhabilitación para la gestión de vertederos durante 4 años; para A.J.F.P, la pena de 5 años y un día de prisión e inhabilitación durante 3 años y 3 meses; mientras que a la empresa que gestionaba el vertedero, una multa durante de seis años a razón de 30 euros al día y la prohibición definitiva para realizar dicha actividad.
Asimismo, la Fiscalía pide para los acusados, en concepto de responsabilidad civil, que indemnicen "solidariamente" a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y a la Generalitat Valenciana.
El vertedero ocupa una superficie de 378.930 metros cuadrados, de los que 279.947 corresponden a la Región de Murcia y 98.983 a la Comunitat Valenciana. Se encuentra en una zona de alto valor medioambiental, por lo que la mala gestión de los residuos habría afectado de forma directa a la fauna y a la flora.
Además, la Fiscalía concluye que la gestión realizada y las infraestructuras desarrolladas por la mercantil en el Vertedero de Abanilla "suponen un grave riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales y la salud de las personas".
Su sellado definitivo se produjo en 2021, seis años después de que la CARM detectase que la empresa no cumplía con los requisitos exigidos para la actividad ni había restaurado el lugar. Previamente, ya se acometió el sistema de recogida y regulación de lixiviados, de extracción de gases y el sellado.
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