VALENCIA.- La coordinadora de EUPV y candidata de Compromís pel País Valencià a la Generalitat, Gloria Marcos, propondrá al resto de partidos un pacto contra la corrupción que incluya una ley de transparencia y el compromiso de destituir a los cargos públicos imputados por delitos de corrupción.
Marcos considera «plenamente justificada» la iniciativa «dado el alto nivel de escándalos» en la Comunidad Valenciana, que hacen que la actual legislatura «haya estado marcada por los continuos escándalos relacionados con el tráfico de influencia, la prevaricación y el enriquecimiento ilícito».
«Personajes como Medina, Hernández Mateo, Fabra o Alperi, junto a las tramas de Terra Mítica, el IVEX o Porxinos, son algunos de los ejemplos más execrables», declaraba Marcos, para quien estos casos son sólo «la punta del iceberg bajo la que se esconden corruptelas e ilegalidades de todo tipo, especialmente ligadas a la especulación urbanística y a la privatización a la carta de servicios públicos».
Publicación de los bienes
Recordó que EUPV ha presentado en las Cortes Valencianas diferentes propuestas encaminadas a favorecer la ética política a través de la publicación de los bienes de los representantes públicos, la constitución de comisiones de investigación «realmente imparciales» y la transparencia en contrataciones y adjudicaciones, que han sido «rechazadas por el rodillo de la mayoría absoluta del PP».
Advierte que «no cejamos en nuestro empeño de dignificar la acción pública». Entre otras medidas, reclama una ley de transparencia de cargos públicos y en las adjudicaciones.- (EFE)
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La Fiscalía podría recurrir el archivo de la denuncia interpuesta contra el alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, por un presunto delito de prevaricación, por los reconocimientos extrajudiciales de crédito. Según fuentes del Ministerio Público, en estos momentos se está estudiando si procede oponerse al sobreseimiento del caso dictado por la juez instructora el pasado 21 de marzo.
Aunque la juez daba tres días para recurrir el archivo, desde el Ministerio Público señalaron que todavía se está dentro de plazo. De hecho, el auto todavía no ha sido notificado a la Fiscalía de la Audiencia de Alicante, por lo que no ha empezado a contar el tiempo para presentar alegaciones en contra del sobreseimiento.
Según el teniente fiscal de la Audiencia, Juan Carlos López Coig, el auto debe de ser comunicado al fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, ya que el togado intervino en el inicio del proceso, a pesar de que la investigación parte de una denuncia interpuesta por el PSOE.
Ese grupo interpuso la denuncia el 18 de abril del pasado año. La juez titular del juzgado número cuatro dio traslado de las diligencias al número 2, y este considero necesaria la presencia en el caso de la Fiscalía Anticorrupción. Los socialistas no pudieron estar representados en el caso como acusación particular al no haber podido presentar los 30.000 euros que solicitaba el juzgado para que pudieran personarse.
La causa abierta contra el alcalde y los ediles de Infraestructuras y Hacienda se debió a los pagos de facturas por bienes y servicios realizados al Ayuntamiento por diversas empresas, que desde 2002 a 2006 se elevan a más de quince millones de euros, según fuentes del PSOE, y que el edil socialista Manuel Vera recuerda que «fueron realizados sin previos contratos ni licitaciones».
El pasado día 22, el alcalde anunciaba el sobreseimiento del caso, dictado por la juez Juana López el mismo día que les tomaba declaración a él y a los dos ediles. En el auto de sobreseimiento se hacía constar que no hubo vulneración de la legislación vigente en los pagos por reconocimientos extrajudiciales de créditos, «por no quedar debidamente acreditada la perpetración de los hechos, con expresa reserva de las acciones que puedan corresponder a los imputados por la presunta comisión de un delito de calumnias».
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