VALENCIA.- La Fiscalía de Valencia se ha opuesto a la acumulación de las diligencias iniciadas en Alicante contra la Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA) por diferentes delitos y la causa abierta en Valencia contra Terra Mítica y una veintena de empresas por supuesto fraude fiscal de 4,4 millones de euros.
Según informaron ayer fuentes del Ministerio Público, la fiscal adscrita a la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Valencia considera que se trata de dos casos independientes, por lo que ha informado en contra de su acumulación en una misma causa.
El pasado mes de enero, el Juzgado de Instrucción Número 9 de Alicante abrió diligencias previas contra la SPTA -constituida por la Generalitat para impulsar la creación de Terra Mítica- y otras empresas por falsedad documental, fraude fiscal y malversación de caudales públicos, en la época en que fue su presidente Luis Esteban (en ambas fotografías) cuando también lo era de la Cámara de Comercio de Alicante.
Posteriormente, en febrero, el Juzgado alicantino se inhibió en favor del número 3 de Valencia, al considerar que la denuncia que generó la apertura de diligencias previas «se refiere a una parte del entramado» de Terra Mítica, y «responde a la misma mecánica operativa» y «al mismo periodo de devengo».
Además, consideró que hay «una parcial identidad subjetiva de imputados que justifica el pronunciamiento de inhibición».
El juzgado de Instrucción Número 3 de Valencia investiga la posible existencia de un mecanismo defraudatorio mediante el que se habrían deducido unas cuotas del IVA correspondientes a los años 2000 y 2001, emitiendo facturas de obras y servicios de distintas empresas que no se corresponden con auténticas ejecuciones.
Este entramado generó supuestamente un derecho de devolución tributaria en beneficio de la sociedad explotadora de Terra Mítica, indican las citadas fuentes.
Además, un informe de la Agencia Tributaria remitido a este Juzgado, al que tuvo acceso Efe, indica que las empresas proveedoras Cobra, Moncobra y Atil Cobra pagaron al parque de Benidorm sobrecostes generados por errores de medición con facturas en las que figuraba el NIF de la SPTA.
El informe detecta significativas desviaciones correspondientes a pagos no justificados por las tres mercantiles, que además fueron satisfechos íntegramente cuando el parque aún les debía dinero por los trabajos realizados.
Por otra parte, el alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, y dos concejales de su partido han sido citados para declarar hoy por un presunto delito de prevaricación por el caso de los reconocimientos extrajudiciales de crédito.
El PSPV-PSOE de Torrevieja, que interpuso la querella por este asunto en abril del 2006, informó de que tanto el alcalde como los concejales de Hacienda, Pascual Ortiz, y de Contratación, José Antonio Sánchez, declararán como imputados ante el Juzgado de Instrucción Número 2 de Torrevieja.
La querella denunciaba que el equipo de gobierno, del PP, ha realizado durante varios años pagos de forma discrecional «sin que existiera contrato alguno» y a pesar de contar con los informes contrarios tanto de la Secretaría como del área de Intervención municipal. Según el PSPV-PSOE, estos pagos realizados a través de reconocimientos extrajudiciales de crédito son «nulos de pleno derecho» porque en ningún momento se ha acreditado su necesidad.-(EFE)
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