BRUSELAS.- La delegación de eurodiputados que visitó recientemente la Comunidad Valenciana para investigar supuestos abusos urbanísticos denunció los "ataques" recibidos por parte de la Generalidad, a la que acusa de haber incumplido "los compromisos" adquiridos en dos visitas previas.
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo examinó este martes las conclusiones de la tercera visita de un grupo de eurodiputados a la Comunidad Valenciana, que informan además de la existencia de "unas sesenta nuevas denuncias de abusos urbanísticos".
Los diputados europeos visitaron entre el 27 de febrero y el 3 de marzo la Comunidad Valenciana, la de Madrid y la provincia de Almería para estudiar denuncias urbanísticas.
La Comunidad Valenciana es la que sale peor parada en las críticas de los parlamentarios, que denuncian las "dificultades" para organizar la reunión con el "conseller" de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons.
Según el informe, tras un cambio de último minuto, el conseller "compareció flanqueado y respaldado" por políticos, empresarios, promotores y agentes inmobiliarios, "que criticaron la visita y defendieron las leyes valencianas y las actividades de la industria de la Construcción".
En la reunión se aseguró que las dos visitas previas de eurodiputados costaron a la Comunidad Valenciana 200 millones de euros de pérdidas para el turismo y se hizo referencia a supuestos "intereses ocultos tras la organización de la visita".
Se afirmó además en la reunión que, según el Banco de España, la visita había ocasionado 1.000 millones de euros de pérdidas en inversiones.
"La reunión fue por tanto más de confrontación que constructiva", añade el documento, que explica que el conseller "negó estar al corriente de la existencia de problemas con los programas de urbanización" y añadió que, "de haber alguno, debía ser resuelto en los tribunales".
"Intentaron impedir que diésemos voz a gente que no la tiene", resumió el vicepresidente de la Comisión de Peticiones de la UE, Michael Cashman.
También los empresarios que participaron en el encuentro fueron "tremendamente críticos con la visita, aunque saludaron la oportunidad de entrevistarse con la delegación".
Por su parte, el eurodiputado del PP Luis Herrero-Tejedor pidió en nombre de su partido "disculpas" a Cashman y al presidente de la comisión parlamentaria, el polaco Marcin Libicki, en el caso de que "alguien les haya maltratado" y expresó su "repulsa más enérgica" a este tipo de prácticas.
Según los diputados, "frente a otras visitas anteriores, quedó más claro que nunca que la normativa urbanística había sido elaborada o interpretada principalmente para favorecer a los urbanizadores y sin tener en cuenta los intereses legítimos de los propietarios individuales ni el frágil entorno social y ecológico".
Por otra parte, destacaron que "de los 540 municipios en la región de Valencia, cerca del 15 ó 20%, concentrados sobre todo en la costa, han experimentado graves problemas derivados de una urbanización extensiva, muchos de los cuales han incluido denuncias de corrupción en los últimos años".
Por todo ello, los eurodiputados concluyen que "los derechos fundamentales de los ciudadanos sobre sus propiedades no se reconocen igual aquí que en otros países europeos" y de que existe "un persistente abuso" en el área urbanística.- (EFE)
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