VALENCIA.- Nuevo revés para el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, ante el proyecto de urbanización de plan parcial de Rabasa. El Gobierno central afirma que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) “no ha otorgado autorización o concesión alguna en relación con las actuaciones inherentes” a esta intervención urbanística promovida por la mercantil Viviendas Sociales del Mediterráneo, del constructor Enrique Ortiz, y advierte de que cualquier obra del plan no podrá ejecutarse sin que se haya solicitado y obtenido el informe favorable de la CHJ.
El organismo de cuenca emitió un informe desfavorable contra este proyecto urbanístico el 18 de enero de este año al considerar que “no se justifica la disponibilidad de los recursos hídricos necesarios para el plan” y tampoco “la no afectación o menoscabo sobre otros usos preexistentes legalmente implantados ni la compatibilidad con la planificación hidrológica”.
La iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, subraya así que “a tal efecto, los servicios de inspección y vigilancia efectúan el seguimiento de cualquier incidencia, por si pudiera ser necesario el ejercicio de la potestad sancionadora”, y recuerda que la CHJ es “plenamente consciente” de la movilización ciudadana que ha generado este proyecto, así como de la queja planteada por ciudadanos ante la Síndica de Greuges de la Comunitat.
El Ejecutivo estatal responde así a una pregunta parlamentaria de los diputados socialistas Agustín Jiménez y Juana Serna sobre si el Gobierno “tiene suficiente conocimiento” de los detalles de este plan urbanístico, que, según sostienen, permitirá la construcción, fuera del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), de más de 15.000 viviendas –de las que 9.000 se contemplan como de protección oficial–. El plan de actuación se ejecutará sobre una superficie de más de más de 4 millones de metros cuadrados que albergaría a una población cercana a las 50.000 personas.
Ambos diputados consideran que el plan altera el equilibrio territorial, y han pedido también explicaciones al Ministerio de Defensa si el plan garantiza la seguridad del perímetro del acuartelamiento militar del barrio, y si este proyecto ha influido de alguna manera en que el cuartel de la Guardia Civil no se haya trasladado a la zona de Rabasa. Reclaman a los ministerios de Agricultura y de Fomento si el plan afecta a alguna vía pecuaria y si respeta las competencias de titularidad estatal en la zona afectada para permitir la futura conexión de las infraestructuras.
Suspensión de la ejecución
El Gobierno central subraya que la CHJ es “plenamente consciente” de la situación generada por este plan, así como de la queja planteada por ciudadanos ante el Síndic de Greuges, y alude a este respecto al dictamen emitido por esta institución sobre una queja planteada para el proyecto de urbanización Benicassim Golf, en la que se recomendó la suspensión de la ejecución de este programa de actuación integrada porque su aprobación “se produjo sin contar con el informe preceptivo favorable de este organismo de cuenca”. En este sentido, subraya que esta decisión de la Síndica de Greuges sería extrapolable al caso del plan Rabasa”, dado que el alto comisionado de las Corts consideró que resultaba necesario obtener, antes de acordar la aprobación del plan parcial, el informe favorable de la confederación hidrográfica correspondiente para acreditar la existencia de recursos hídricos suficientes para satisfacer la demanda. También el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, se ha mostrado convencido de que la Comisión Territorial de Urbanismo no aprobará el plan Rabasa sin tener el agua garantizada y que en el supuesto de que pese a ello recibiera el visto bueno acudiría a los tribunales.
Nueva tramitación
La Síndica de Greuges, Emilia Caballero, emitió el pasado mes de enero un informe, en contestación a las alegaciones presentadas pro la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas, en el que tildaba de irresponsable al equipo de Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alicante, por aprobar un proyecto urbanístico como el de Rabasa sin contar con la garantía del suministro de agua. En sus conclusiones, Caballero recomendaba que se suspendiese la tramitación de esta actuación urbanística hasta que se corrigiesen las múltiples deficiencias detectadas en el proceso de tramitación y aprobación del plan de Rabasa.
A este respecto la Síndic recordaba que el Ayuntamiento no ha realizado ningún estudio previo sobre las necesidades de vivienda y exponía la necesidad de convocar un nuevo concurso para la selección del urbanizador, ajustado a la Ley Urbanística Valenciana. Estos criterios fueron rechazados y criticados por la edil de Urbanismo, Sonia Castedo, que calificó de burda la valoración de Emilia Caballero de este proyecto urbanístico.
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El organismo de cuenca emitió un informe desfavorable contra este proyecto urbanístico el 18 de enero de este año al considerar que “no se justifica la disponibilidad de los recursos hídricos necesarios para el plan” y tampoco “la no afectación o menoscabo sobre otros usos preexistentes legalmente implantados ni la compatibilidad con la planificación hidrológica”.
La iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, subraya así que “a tal efecto, los servicios de inspección y vigilancia efectúan el seguimiento de cualquier incidencia, por si pudiera ser necesario el ejercicio de la potestad sancionadora”, y recuerda que la CHJ es “plenamente consciente” de la movilización ciudadana que ha generado este proyecto, así como de la queja planteada por ciudadanos ante la Síndica de Greuges de la Comunitat.
El Ejecutivo estatal responde así a una pregunta parlamentaria de los diputados socialistas Agustín Jiménez y Juana Serna sobre si el Gobierno “tiene suficiente conocimiento” de los detalles de este plan urbanístico, que, según sostienen, permitirá la construcción, fuera del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), de más de 15.000 viviendas –de las que 9.000 se contemplan como de protección oficial–. El plan de actuación se ejecutará sobre una superficie de más de más de 4 millones de metros cuadrados que albergaría a una población cercana a las 50.000 personas.
Ambos diputados consideran que el plan altera el equilibrio territorial, y han pedido también explicaciones al Ministerio de Defensa si el plan garantiza la seguridad del perímetro del acuartelamiento militar del barrio, y si este proyecto ha influido de alguna manera en que el cuartel de la Guardia Civil no se haya trasladado a la zona de Rabasa. Reclaman a los ministerios de Agricultura y de Fomento si el plan afecta a alguna vía pecuaria y si respeta las competencias de titularidad estatal en la zona afectada para permitir la futura conexión de las infraestructuras.
Suspensión de la ejecución
El Gobierno central subraya que la CHJ es “plenamente consciente” de la situación generada por este plan, así como de la queja planteada por ciudadanos ante el Síndic de Greuges, y alude a este respecto al dictamen emitido por esta institución sobre una queja planteada para el proyecto de urbanización Benicassim Golf, en la que se recomendó la suspensión de la ejecución de este programa de actuación integrada porque su aprobación “se produjo sin contar con el informe preceptivo favorable de este organismo de cuenca”. En este sentido, subraya que esta decisión de la Síndica de Greuges sería extrapolable al caso del plan Rabasa”, dado que el alto comisionado de las Corts consideró que resultaba necesario obtener, antes de acordar la aprobación del plan parcial, el informe favorable de la confederación hidrográfica correspondiente para acreditar la existencia de recursos hídricos suficientes para satisfacer la demanda. También el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, se ha mostrado convencido de que la Comisión Territorial de Urbanismo no aprobará el plan Rabasa sin tener el agua garantizada y que en el supuesto de que pese a ello recibiera el visto bueno acudiría a los tribunales.
Nueva tramitación
La Síndica de Greuges, Emilia Caballero, emitió el pasado mes de enero un informe, en contestación a las alegaciones presentadas pro la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas, en el que tildaba de irresponsable al equipo de Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alicante, por aprobar un proyecto urbanístico como el de Rabasa sin contar con la garantía del suministro de agua. En sus conclusiones, Caballero recomendaba que se suspendiese la tramitación de esta actuación urbanística hasta que se corrigiesen las múltiples deficiencias detectadas en el proceso de tramitación y aprobación del plan de Rabasa.
A este respecto la Síndic recordaba que el Ayuntamiento no ha realizado ningún estudio previo sobre las necesidades de vivienda y exponía la necesidad de convocar un nuevo concurso para la selección del urbanizador, ajustado a la Ley Urbanística Valenciana. Estos criterios fueron rechazados y criticados por la edil de Urbanismo, Sonia Castedo, que calificó de burda la valoración de Emilia Caballero de este proyecto urbanístico.
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1 comentario:
LUIS XVI
Luis Díaz Alperi ha vuelto a ganar por un puñado de votos. Según él mismo, ha sido “un milagro”. La verdad es que tiene suerte el tío. En Valencia daban la ciudad de Alicante por perdida para el PP justo antes de las elecciones. Y va y gana, a pesar del gran aumento de votos en blanco contra su gestión, a pesar de Vecinos por Alicante. Su cabeza ya estaba puesta en la guillotina del partido, aunque le habían buscado un hueco en Las Corts, por aquello de la tromba judicial que se avecina. Su mano derecha, Sonia Castedo tenía ya el pelo blanco, como Maria Antonieta, y los ZP alicantinos (los zaplanistas) afilaban los cuchillos prestos a degollar campistas en la noche de San Bartolomé del 27-M. Ripoll amasaba el pan de la venganza en el horno de una Diputación llena de zaplanistas, dispuesto sembrar de minas la provincia. Pero no fue así. Salvados por la campana de Camps, que ha tirado de los imputados como si fuera un velero ganador de la America’s Cup de Valencia, como un Formula 1 a 300 por hora. Fortes fortuna adiuvat.
A la pobre Etelvina le ha salido todo mal. Ha sido una dulce derrota, que es la peor derrota que alguien tan preparado como ella puede sufrir. Con una formación científica envidiable, multilingüe y una demostrada capacidad de gestión, con las encuestas a su favor, suponía que los alicantinos estaban hartos de “ese gran hombre” y que la cosa estaba hecha. Pero el votante de izquierdas se quedó en casa. El voto PP fue masivo, mientras que en las zonas de izquierda de la capital, la gente se quedó en casa. Además caló el mensaje de Alperi: que vienen los comunistas, que se para la construcción, principal industria de esta ciudad. Y también ayudó que esta vez iba con mas humildad a las elecciones. Ya no es aquel Luis XIV, “el ayuntamiento soy yo”, de la primera legislatura. Ya no es el Luis XV de la segunda. La presencia en los juzgados le ha hecho daño, y ya está haciendo las maletas para buscarse un retiro dorado en el cementerio de elefantes que son Las Corts. Supo apurar la frenada, y evitó transformarse en Luis XVI y que su cabeza cayera en una bandeja de plata dispuesta para ser colgada como trofeo de caza en el salón de Ripoll.
De "Periodista Digital"
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