ALICANTE.- El importe que el Fondo de Garantía Salarial, dependiente del Ministerio de Trabajo, ha enviado a Alicante para el pago de indemnizaciones y salarios de tramitación por regulaciones de empleo o cierre por quiebra e insolvencia de las empresas se ha reducido de forma exponencial en la provincia de enero a mayo.
Ese dinero, que sirve a los trabajadores para percibir un salario hasta que cobra del Inem o un dinero en concepto de despido improcedente por crisis empresarial, siempre que se justifique por causas económicas, estructurales o por falta de pedidos, según el Estatuto de los Trabajadores, ha caído hasta poco más de 8 millones de euros en los cinco primeros meses del año.
De acuerdo con los datos facilitados por UGT en l'Alacantí, la cifra de expedientes de empresas afectadas por quiebras o suspensión de pagos ha caído un 27,62% en los cinco primeros meses del año. En el caso de las empresas afectadas y asistidas por el Fogasa, la reducción es casi a la mitad (del 46,51%). También es notable la reducción del número de trabajadores afectados (un 38,79%), así como el pago de indemnizaciones, que cae casi un 21%. Se reduce. La cifra total de gestión del Fogasa en Alicante se ha reducido casi un 7% en los cinco primeros meses del año.
Salario de tramitación
Sólo crece, según explica el secretario comarcal de UGT en l'Alacantí, Óscar Llopis, el porcentaje en el capítulo de salarios de tramitación, que crece un 10,08%.
Esta variable está vinculada directamente a que en los últimos años se habían producido muchas regulaciones y cierres industriales. «Ahora se observa que la crisis industrial ha tocado techo», subraya Óscar Llopis. El dirigente de UGT en la comarca explica, además, que si se produce un repunte porcentual de los salarios de tramitación es porque el acuerdo por la estabilidad y crecimiento del empleo, vigente desde el pasado 1 de julio, establecía un aumento de 120 a 150 días de obtención de este salario en caso de crisis industrial.
El secretario de CC OO, José de la Casa, analiza la situación en clave positiva, como su homólogo ugetista, en el sentido de que «el ajuste que se produce es porque la crisis ya tocó fondo». «Que ahora caigan las indemnizaciones del Fogasa es consecuencia directa de una mala época que ha mejorado, y eso se nota en el abono de salarios e indemnizaciones, quizá porque el Fogasa acumula retrasos en la tramitación, y ahora se nota ya cierta mejora en la industria». De la Casa cree que, en todo caso, «es una buena noticia, porque es dinero de todos».
El Fogasa abonó en toda España 144,5 millones de euros en prestaciones en los cinco primeros meses del año, lo que supone un incremento del 20,8%. Cataluña y Comunidad Valenciana concentraron buena parte de los pagos realizados por el Fogasa. En la Comunidad Valenciana se abonaron 27,3 millones correspondientes a 2.575 expedientes.
Sin embargo, la disolución de empresas ha aumentado, por cuarto mes consecutivo, en abril, de acuerdo con la información que ayer difundió el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la estadística de sociedades mercantiles. De la mala evolución de la variable económica es sintomático el hecho de que, en los cuatro primeros meses del año, se hayan destruido más empresas que en todo el año 2006, concretamente veinte más. El inicio del año ha sido el peor en disolución de sociedades mercantiles de toda la década.
En el mes de abril se han disuelto en la provincia 49 sociedades mercantiles de todo tipo, de las que 41 lo han hecho por motivos voluntarios y el resto por otros motivos, como procesos de fusión. En el mes de enero, la cifra se elevó a 109, en febrero a 60 y en marzo a 48. En total, se han disuelto en los cuatro primeros meses 258 mercantiles, frente a las 238 del año 2006, según la información oficial del INE.
En abril, Alicante ocupa la cuarta plaza del ránking, tras Madrid, Barcelona y Málaga. En el acumulado del año, Alicante es la tercera provincia con mayor número de disoluciones.
En el informe correspondiente a febrero, la patronal Coepa se hacía eco del mal comienzo del año, desde el punto de vista del tejido productivo. No sólo aludía a la disolución de 131 mercantiles, sino también al dato de la Tesorería de la Seguridad Social en Alicante, según el cual se habían perdido 378 empresas cotizantes en enero. La cifra se recuperó en febrero, como vaticinó la propia Coepa.
UGT ha subrayado la necesidad de actuar sobre el sector industrial de la provincia. Llopis destacó que en la provincia crece el número de empresas cotizantes en el último año en 1.349, pero cae el número de industrias en 183. Llopis urge a la Generalitat la puesta en marcha del Observatorio de la Industria, contemplado en el Pavace. En base a la tesis usada en sus informes por Coepa, la gran movilidad del tejido productivo alicantino provoca esa evolución al alza de disoluciones de empresas, como también de creación de sociedades. De hecho, en Alicante se han constituido en abril 640 empresas por un valor de 34 millones de euros. En Valencia suman 675 mercantiles y 14 millones.
www.laverdad.es
Ese dinero, que sirve a los trabajadores para percibir un salario hasta que cobra del Inem o un dinero en concepto de despido improcedente por crisis empresarial, siempre que se justifique por causas económicas, estructurales o por falta de pedidos, según el Estatuto de los Trabajadores, ha caído hasta poco más de 8 millones de euros en los cinco primeros meses del año.
De acuerdo con los datos facilitados por UGT en l'Alacantí, la cifra de expedientes de empresas afectadas por quiebras o suspensión de pagos ha caído un 27,62% en los cinco primeros meses del año. En el caso de las empresas afectadas y asistidas por el Fogasa, la reducción es casi a la mitad (del 46,51%). También es notable la reducción del número de trabajadores afectados (un 38,79%), así como el pago de indemnizaciones, que cae casi un 21%. Se reduce. La cifra total de gestión del Fogasa en Alicante se ha reducido casi un 7% en los cinco primeros meses del año.
Salario de tramitación
Sólo crece, según explica el secretario comarcal de UGT en l'Alacantí, Óscar Llopis, el porcentaje en el capítulo de salarios de tramitación, que crece un 10,08%.
Esta variable está vinculada directamente a que en los últimos años se habían producido muchas regulaciones y cierres industriales. «Ahora se observa que la crisis industrial ha tocado techo», subraya Óscar Llopis. El dirigente de UGT en la comarca explica, además, que si se produce un repunte porcentual de los salarios de tramitación es porque el acuerdo por la estabilidad y crecimiento del empleo, vigente desde el pasado 1 de julio, establecía un aumento de 120 a 150 días de obtención de este salario en caso de crisis industrial.
El secretario de CC OO, José de la Casa, analiza la situación en clave positiva, como su homólogo ugetista, en el sentido de que «el ajuste que se produce es porque la crisis ya tocó fondo». «Que ahora caigan las indemnizaciones del Fogasa es consecuencia directa de una mala época que ha mejorado, y eso se nota en el abono de salarios e indemnizaciones, quizá porque el Fogasa acumula retrasos en la tramitación, y ahora se nota ya cierta mejora en la industria». De la Casa cree que, en todo caso, «es una buena noticia, porque es dinero de todos».
El Fogasa abonó en toda España 144,5 millones de euros en prestaciones en los cinco primeros meses del año, lo que supone un incremento del 20,8%. Cataluña y Comunidad Valenciana concentraron buena parte de los pagos realizados por el Fogasa. En la Comunidad Valenciana se abonaron 27,3 millones correspondientes a 2.575 expedientes.
Sin embargo, la disolución de empresas ha aumentado, por cuarto mes consecutivo, en abril, de acuerdo con la información que ayer difundió el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la estadística de sociedades mercantiles. De la mala evolución de la variable económica es sintomático el hecho de que, en los cuatro primeros meses del año, se hayan destruido más empresas que en todo el año 2006, concretamente veinte más. El inicio del año ha sido el peor en disolución de sociedades mercantiles de toda la década.
En el mes de abril se han disuelto en la provincia 49 sociedades mercantiles de todo tipo, de las que 41 lo han hecho por motivos voluntarios y el resto por otros motivos, como procesos de fusión. En el mes de enero, la cifra se elevó a 109, en febrero a 60 y en marzo a 48. En total, se han disuelto en los cuatro primeros meses 258 mercantiles, frente a las 238 del año 2006, según la información oficial del INE.
En abril, Alicante ocupa la cuarta plaza del ránking, tras Madrid, Barcelona y Málaga. En el acumulado del año, Alicante es la tercera provincia con mayor número de disoluciones.
En el informe correspondiente a febrero, la patronal Coepa se hacía eco del mal comienzo del año, desde el punto de vista del tejido productivo. No sólo aludía a la disolución de 131 mercantiles, sino también al dato de la Tesorería de la Seguridad Social en Alicante, según el cual se habían perdido 378 empresas cotizantes en enero. La cifra se recuperó en febrero, como vaticinó la propia Coepa.
UGT ha subrayado la necesidad de actuar sobre el sector industrial de la provincia. Llopis destacó que en la provincia crece el número de empresas cotizantes en el último año en 1.349, pero cae el número de industrias en 183. Llopis urge a la Generalitat la puesta en marcha del Observatorio de la Industria, contemplado en el Pavace. En base a la tesis usada en sus informes por Coepa, la gran movilidad del tejido productivo alicantino provoca esa evolución al alza de disoluciones de empresas, como también de creación de sociedades. De hecho, en Alicante se han constituido en abril 640 empresas por un valor de 34 millones de euros. En Valencia suman 675 mercantiles y 14 millones.
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La Asociación Comarcal de Empresarios Textiles (Acetex) ha creado un portal de Internet para la promoción y consolidación de la oferta de suelo industrial en las comarcas de l’Alcoiá, El Comtat y la Vall d’Albaida. El objetivo del proyecto, denominado Mariola Industrial, es atraer capital nacional y extranjero que invierta en el área de La Mariola, según la coordinadora de Acetex, Lucía Marín.
Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Competitividad empresarial de la Comunitat y cuenta con fondos europeos y de la Asociación valenciana de Empresarios Textiles (Ateval) y el Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Valenciana (Impiva). En la dirección “www.mariolaindustrial.com”, se incluyen datos sobre las posibilidades de negocio y de implantación de industrias en los polígonos industriales de la zona.
Mano de obra calificada
Marín señaló que uno de los principales reclamos para el inversor es la calificación de la mano de obra de estas comarcas, con 225.458 habitantes. “El 96% de la población tiene estudios y, de este porcentaje, el 10% son licenciados superiores”.
“Mariolaindustrial.com” indica que de las aproximadamente 6.200 empresas que se encuentran censadas en este territorio, el 69% son microempresas (con 9 o menos empleados), el 28% son pequeñas empresas (entre 10-49 empleados), el 2,7% se pueden clasificar de medianas (50-249 trabajadores) y un reducido 0,3% son grandes, con una plantilla superior a 250 personas.
El área de Mariola ocupa una superficie total de 1.639,65 kilómetros cuadrados, lo que supone el 7,05% de la Comunitat y tiene una densidad poblacional de 133 habitantes por kilómetro cuadrado.
De "Las Provincias"
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