Al respecto, Dolz explicó que hace un par de años se ha incrementado el número de consultas y reclamaciones a la UCE por parte de personas que tienen una hipoteca o gastos contraídos y que, por su situación personal, en estos momentos, le es imposible hacer frente. Así, dijo el año pasado se triplicaron las consultas. Junto a ello, en 2009, las consultas más frecuentes hacían también referencia a personas que quieren pedir una hipoteca y no se la conceden.
Ante la circunstancia de no poder pagar la hipoteca, expuso que hay diferentes pasos alternativos antes de que el banco embargue la vivienda. "Hay procedimientos --agregó--, pero hay que darlos a conocer, ya que ir a un concurso voluntario puede resultar muy complicado para una familia".
A este respecto, el abogado y académico de número de la Real Academia Valencia de Jurisprudencia y Legislación, Enrique Montagud, que también participó en esta jornada con una charla bajo el título 'La morosidad e insolvencia de los consumidores', indicó que el problema del sobreendeudamiento es "muy complejo" y se extiende tanto a la carga hipotecaria como al crédito al consumo y, sobre todo, a la tarjeta de crédito.
Indicó, en cuanto a los préstamos hipotecarios, que la posibilidad de que una familia demande un concurso voluntario "está ahí desde 2003, cuando salió la Ley Concursal", pero aseveró que es un procedimiento "caro, largo y, sobre todo, que está pensado para una pluralidad de acreedores", mientras que, por regla general, el consumidor en situación de insolvencia "tiene un sólo acreedor delante, el banco, que es el que le concedió la hipoteca".
Así, ante la petición de concurso, el banco "siempre puede decir que no pacta porque tiene una garantía suficiente, o puede no creer en una refinanciación a largo plazo", así, dijo, la Ley Concursal "debió prever este tipo de casos, como hicieron otras legislaciones europeas".
Al respecto, explicó que algunos países europeos han establecido un sistema casi judicial. Como ejemplo, citó a Francia, que creó una comisión administrativa para este tipo de asunto; y Alemania, con una institución a la que puede acudir el consumidor en situación de morosidad para que alguien, un funcionario o un juez, "le de una solución".
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