La abogada de la plataforma, Mónica Mas, explicó hoy que los afectados son personas de nacionalidad extranjera y edad avanzada que se encuentran "prisioneros" de la situación de ilegalidad en la que están sus viviendas.
Por ello, la prioridad de la plataforma AUL-NO será conseguir que la investigación judicial permita conocer y recuperar el dinero supuestamente escondido en paraísos fiscales que los constructores presuntamente implicados en el caso lograron durante el 'boom urbanístico' registrado entre 1999 y 2003, según sostiene esta entidad.
"Mis clientes no conocen a los políticos que han sido detenidos en la operación de la Guardia Civil, son los constructores los que presuntamente les engañaron para venderles viviendas que no se pueden legalizar", indicó la letrada.
"No queremos que sea un caso más, en el que haya penas de prisión pero el dinero no aparezca: vamos a luchar para que los culpables indemnicen a los afectados, de modo que, al menos tengan dinero para comprarse otras viviendas", añadió.
Mónica Mas se reunirá la próxima semana con un grupo de abogados para estudiar la posibilidad de personarse como acusación particular en el proceso penal que sigue el juzgado de instrucción número 3 de Dénia.
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