Un 20% de las remesas que los inmigrantes envían a sus países desde España viaja por cauces informales

MADRID.- Un 20% del dinero que los inmigrantes afincados en España envían a sus países de origen viaja por cauces ilegales que no están sujetos al control de los organismos reguladores, lo que empuja a los extranjeros a una situación de "marginalidad financiera" y perjudica tanto a la economía de destino como a la de origen del dinero, según el estudio Inmigración y Remesas informales en España presentado hoy en Madrid.

El trabajo, elaborado por el investigador Iñigo Moré, está editado por el Observatorio Permanente de la Inmigración y fue introducido en rueda de prensa por la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, quien destacó que esta horquilla, que se calcula en el 20% de irregularidad es una "estimación", dado que se trata de "un universo opaco y no formalizado" y, por tanto, difícil de medir.

Según explicó Moré, en el año 2007, cuando los inmigrantes enviaron 8.100 millones de euros a sus países de origen por los cauces autorizados y bajo control del Banco de España, al menos 1.600 millones de euros cruzaron la frontera por hasta 17 mecanismos irregulares distintos, principalmente el autotransporte.

No en vano, en 2008 se interceptaron en las aduanas a 421 viajeros que llevaban encima más dinero en efectivo del autorizado y no lo habían declarado, conforme explicó Moré.

Con estos cálculos, durante los tres primeros trimestres de 2009, cuando los inmigrantes enviaron 5.217 millones de euros según el Banco de España, al menos 1.000 millones lo hicieron en efectivo a bordo de autobuses, en las guanteras de vehículos particulares o en las carteras de quienes viajaban a su país con la cantidad ahorrada.

El estudio afirma que "existen factores en la regulación española que favorecen las remesas informales, como la asimetría entre las cantidades que uno puede llevar consigo de forma anónima cuando abandona el país, 10.000 euros, y la que puede remitir como máximo en las mismas condiciones, sólo 3.000 euros", y destaca que "cumplir con la regulación española sobre remesas es más difícil que realizar el servicio".

Este fenómeno "no está generalizado" entre toda la población extranjera, sino que, según Moré, afecta especialmente a determinadas nacionalidades. Atendiendo al volumen de personas que utilizan estas vías al margen de la ley, el autor del estudio señaló que Venezuela encabeza el ránking, porque más del 70% de su población en España se sirve de estos mecanismos. Le siguen Gambia, con un 50%, Ucrania y Polonia, que rondan el 40% y Marruecos, con un porcentaje similar.

No obstante, en función de la cantidad de dinero que llega por cauces irregulares, el primer país en recibir flujos ilegales es Marruecos, seguido de Rumania y de Portugal, ya que, según explicó Moré, las mayores cuantías "no van a los países más pobres, sino a países del entorno de España, como Rumania o Polonia, y a economías emergentes, como Venezuela".

Con todo, el informe de Moré incide en que "el inmigrante ignora que la red de remesas informales en la que deposita su confianza es ilegal. Salvo algunos casos, no es consciente de estar recurriendo a un proveedor de servicios informal y cree que enviar dinero en el autobús es igual de legal que enviar un paquete, la maleta de ropa o ir él mismo", por lo que reivindica un "esfuerzo de información" sobre este asunto a las autoridades.

Según el autor del estudio, las principales consecuencias negativas de esta práctica son para los propios usuarios, que "se han colocado en la marginalidad financiera más absoluta" poniéndose en manos de "la ley de la selva". Es un "subdesarrollo financiero" que "les condena a tener una vida de efectivo" por lo que las remesas informales "son la forma más peligrosa de no integración", concluyó.