ALICANTE.- La confesión del promotor alicantino Enrique Ortiz en el caso Brugal, en el que ha reconocido prevaricación, cohecho y tráfico de influencias a acambio del amaño del Plan General por parte de dos ex alcaldes del PP, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo,
pone el foco en los negocios que aún tiene en el Ayuntamiento y, sobre
todo, en los que espera seguir teniendo en un breve plazo de tiempo, según El Mundo.
El
contrato de limpieza viaria y recogida de basuras, el mayor de la ciudad (unos 400 millones de euros, IVA incluido,
en todo el periodo de concesión), vence en otoño de 2021, y todo parece
indicar que la intención del empresario es reeditar la actual UTE
adjudicataria que ya se llevó el contrato en septiembre de 2013, y que a
vez es heredera de la empresa que gestionó la limpieza entre 2001 y
2013, Inusa.
El constructor lleva casi dos décadas encargándose del servicio de manera casi ininterrumpida, con unos ingresos de más de 40 millones de euros anuales.
El
problema que tiene el actual equipo de Gobierno, un bipartito formado
por PP y Cs, es la herencia. Aunque es cierto que la actual adjudicación
les viene sobrevenida, también lo es que ésta fue diseñada por el
número 2 de Castedo, el edil de Atención Urbana Andrés Llorens, en un Gobierno municipal que contaba con el concurso del actual alcalde, Luis Barcala, como responsable de Medio Ambiente, la portavoz del PP, Mari Carmen de España, e incluso el regidor de Urbanismo, Adrián Santos,
que tenía las competencias de Imagen Urbana.
El pliego que el PP sacó a
concurso supuestamente iba a acabar con todos los gastos en servicios
extraordinarios que llevaron al consistorio casi a la quiebra, con una
vocación de «todo incluido» que, sin embargo, no se ha cumplido: hace
apenas unos meses se notificó la intención de ampliarlo con unos dos millones de euros más para el periodo que resta hasta el fin de la concesión, el tercer trimestre de 2021.
Esta decisión no sería tan polémica de no ser porque es evidente que durante años no ha habido un control exhaustivo de la contrata de limpieza.
Primero por el tripartito de izquierdas que gobernó entre 2015 y 2017, quien permitió que, entre otras cuestiones, se dejase de fiscalizar el nivel de absentismo del servicio
a pesar de que éste fue uno de los parámetros clave para que la oferta
presentada por Ortiz y sus socios no fuese considerada temeraria; de
hecho, en los tres primeros añois que sí se hizo este informe se
demostró que la adjudicataria estaba doblando el índice de absentismo
que había prometido para acceder al contrato, el 5,45%.
Esta situación tampoco se ha corregido con el actual Gobierno
municipal, quien además tampoco ha corregido situaciones injustas como
el haber pagado de manera íntegra al promotor por un parque de vehículos
en playa de San Juan (incluido en el contrato) a pesar de que aún no se ha puesto ni una piedra.
Lo que sí se ha intentado establecer el relato del control a través de
multas a la empresa por incumplimientos, pero resulta difícilmente
explicable es que se quiera ampliar el contrato precisamente en la recta
final de la adjudicación.
Más aún cuando toda la corporación ha acordado que no se prorrogará y el nuevo servicio debe de estar listo para ser adjudicado en otoño de 2021.
Ahí
el PP tiene un problema, sobre todo si Ortiz pretende, como parece,
reeditar la UTE con sus socios para volver a optar al contrato más
importante de la ciudad. Entre otras cosas porque el empresario sigue
controlando el organigrama de la adjudicataria, copado por personas de
su círculo más cercano.
¿Qué hará el Ayuntamiento? Pues fuentes
municipales apuntan a que la intención del alcalde, Luis Barcala, es dividir el pliego en tres partes: limpieza viaria, recogida de basura y centro de tratamiento de residuos
(el conocido como Cetra). Eso podría animar la competencia con empresas
especializadas y diluir la oferta de Ortiz.
Pero también es cierto que
dentro de la UTE se libra una batalla interna de cara a este concurso, y
que la confesión del promotor alicantino primero en Gürtel y luego en Brugal lo
convierten en un compañero de viaje poco deseable en cualquier
procedimiento abierto. Los próximos meses, y lo que hagan Castedo y
Alperi, serán clave.
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