El texto titulado 'El saldo estructural de las Comunidades Autónomas' destaca las "sustanciales" diferencias entre comunidades autónomas ya que, mientras estas tres comunidades tienen déficits estructurales, Asturias (0,2%), Cantabria (0,5%) y Navarra (1,3%) lograron superávits estructurales en 2023.
En el caso de la Comunidad Valenciana el saldo estructural supone el -2,2% del PIB, mientras que el de Murcia es del -2% del PIB y el de Cataluña fue de -1,4% en el año 2023.
Tras estas comunidades y con saldo estructural negativo se sitúan Andalucía (-1,2%); Castilla-La Mancha y Extremadura (-1%); Castilla y León y Madrid (0,7%); Baleares (-0,5%); Aragón (-0,4%); La Rioja y País Vasco (-0,3%) y Canarias (-0,2%).
El texto, que está elaborado por Manuel Díaz, Carmen Marín y Diego Martínez, de Fedea, apunta a que las comunidades autónomas adoptaron en 2022 medidas con impacto en el gasto autonómico de los próximos ejercicios.
"Solo las medidas de gasto en personal previstas por las CCAA tuvieron un efecto cercano a los 700 millones de euros en 2023 e impactos adicionales en torno a los 300 millones en 2024", señala el informe.
Del mismo modo, Fedea apostilla que dichas medidas se concentraron en la revisión de los complementos de carrera y complementos específicos o de productividad, especialmente en el ámbito educativo y en el sanitario; también en la reducción de ratios en educación, de horas lectivas de los docentes y el mayor coste estimado en las cuotas a la Seguridad Social del personal de educación.
"Por todo lo anterior, y como ya indicamos el año pasado, pensamos que el saldo estructural estimado para 2022 estaba sesgado al alza y, por tanto, el deterioro de 2023 ya estaba latente en el ejercicio anterior", sentencia.
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