VALENCIA.- El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha
remitido hoy a la Generalitat Valenciana la propuesta para iniciar el
proceso de negociación, que establece el artículo 33.2 de la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional, sobre la Ley autonómica denominada
de concordia. La comunicación remitida establece el plazo para aceptar o
no la propuesta de diálogo hasta el próximo lunes 30 de septiembre.
Según explica el departamento que dirige Ángel Víctor Torres, la
comunicación responde a los argumentos de los servicios jurídicos sobre
la citada norma: La ley 5/24 de la Generalitat Valenciana, al igual que
la planteada por Aragón, ya suspendida por el Tribunal Constitucional,
"invade competencias estatales, rompe el consenso internacional y no
respeta la Constitución Española".
Una vez estudiada la ley,
mantiene el Ministerio, "resultan claras las similitudes con la Ley
1/2024 de Aragón ya impugnada ante el Tribunal Constitucional".
"Similitudes --continúan-- que se traducen en la derogación de un
régimen jurídico autonómico en materia de memoria democrática que antes,
en ambos casos, se alineaba con la legislación estatal y con los
principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en materia
de memoria democrática. Se sustituye la normativa anterior por normas
que recortan la esfera de derechos y protección a las víctimas de
vulneraciones graves de los derechos humanos, impidiendo además, la
plena efectividad de la normativa estatal en ámbitos de competencia
autonómica y local".
Igualmente, apuntan que la ley de
concordia "interfiere en competencias estatales y no respeta el consenso
internacional sobre víctimas de infracciones graves de derechos
humanos".
El concepto de víctima, el derecho a la verdad, el derecho a
la reparación y a las garantías de no repetición, "quedan comprometidos
con esta ley", inciden.
También se aprecia "la confrontación directa" entre la Ley autonómica y
la Ley de Memoria Democrática de 2022. Asimismo, y en la medida en que
resultan contemplados en la Ley estatal, se aprecia también un choque
entre la Ley autonómica con determinados principios del derecho
internacional público, concretamente los que se refieren al derecho a la
verdad, el derecho a la reparación y a las garantías de no repetición,
reconocidos a las víctimas de vulneraciones graves de los derechos
humanos en el ámbito de Naciones Unidas, enumera el Ministerio.
Finalmente, el Gobierno reitera que el artículo 10.2 de la
Constitución señala que las normas relativas a los derechos
fundamentales y las libertades que la Constitución Española reconoce, se
interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las
mismas materias ratificados por España, algo que "no respeta la Ley
autonómica".
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