ALICANTE.- El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana (PP), recibió
ayer a los ponentes del programa 'La Vega Renhace' impulsado por el
presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, con un mensaje
muy claro.Exigió a la Generalitat «agilizar las ayudas que necesitamos para recuperar la normalidad», según la crónica de El Mundo.
No fue el único. El vicepresidente de la Diputación, Adrián Ballester (PP), fue igual de crítico: «Hay que pasar a la acción»,
manifestó en una jornada puramente «reflexiva» sobre lo sucedido el
pasado mes de septiembre ante la Dana que asoló la comarca más
meridional de la Comunidad Valenciana.
Instó al Consell a que presione
al Gobierno de Pedro Sánchez para se pidan las ayudas del Fondo de
Solidaridad de la Unión Europea (UE) antes de que sea demasiado tarde y
se pierda la posibilidad. Unas ayudas que sí que ha solicitado a la
Generalitat pero no ha tramitado el Gobierno.
Y es que la de ayer, con ser la más multitudinaria y mediática, no es sino
la décima reunión técnica en la Vega Baja para reflexionar e informar
de lo sucedido mientras que pasa el tiempo y los vecinos, agricultores y
Ayuntamientos esperan la llegada de las ayudas. Sin ir más
lejos, ya existía un consenso para establecer la Mesa Técnica de la
Cámara de Comercio como el marco para llegara acuerdos y hace una semana
surgió esta nueva iniciativa de «reflexión».
Puig respondió con
la promesa de que en las próximas semanas se pondrá en marcha un decreto
de entre 20 y 30 millones de euros para «ayudar a los agricultores que
han sufrido directamente daños en las infraestructuras agrarias». Sobre
todo para aquellos que «no pueden resarcirse por la vía de los
seguros».
No fue la única promesa. Su propuesta estrella fue que Orihuela
albergará «el primer centro europeo específicamente dedicado al estudio
y a la propuesta de medidas para minimizar el impacto de las
inundaciones en el Mediterráneo, en el contexto del cambio climático».
Según Puig este centro estudiará «todos los cambios extraordinarios que
se están produciendo» en el Mediterráneo y analizará «cómo adoptar las
respuestas más oportunas».
No
concretó cuándo podrá estar operativo. Dependerá de lo que determinen
«los técnicos que, como en jornadas como la de hoy, debaten sobre las
medidas más eficaces».
Y es que para el socialista «no se puede actuar
sin reflexionar antes», por lo que es necesario «acertar en el
diagnóstico para no repetir los errores del pasado». E insistió en que esta iniciativa no es «una ocurrencia» confiando en contar con la colaboración de las universidades y otros centros europeos.
Sobre
el Fondo de Solidaridad de la UE reconoció que lo tienen que pedir sus
compañeros de partido el Gobierno central para todas las catástrofes
naturales que han tenido lugar en España, advirtiendo de que estas
partidas no son fundamentales sino que tienen un carácter «limitado».
«Lo que sí es fundamental es que en el nuevo programa operativo de la
Comunidad Valenciana se puedan introducir, a través de los fondos
estructurales, acciones para las infraestructuras que se van a tener que
realizar», señaló.
Por su parte el conseller de política Territorial, Arcadi España (PSOE), se quedó en el marco teórico asegurando
que se debe reflexionar sobre el «modelo de crecimiento y desarrollo de
la comarca». En este sentido aludió al amplio proceso de urbanización
que ha existido en la Vega Baja y añadió que se trata de «una comarca
con gran dinamismo, muy urbanizada, con una población grande y un
territorio frágil por eso hay que hacer un esfuerzo adicional».
Anunció que la Conselleria tiene «el plan de movilidad y el plan de
acción territorial que son dos herramientas clave para este territorio»
por lo que después «de atender las necesidades básicas de la fase de
emergencia», hay que «identificar soluciones que potencien el desarrollo
económico y social regenerativo de la zona».
Por último, destacó «la
esperanza en los vecinos y las empresas y sus trabajadores y también en
los políticos». «Todos tenemos la voluntad de sacar esta comarca adelante, fomentando su crecimiento y desarrollo sostenible».
La CHS, denunciada por los regantes ante Fiscalía, pide «consensos»
El presidente de la Confederación Hidrográfica del
Segura (CHS), Mario Urrea -nombrado por el Gobierno socialista de Pedro
Sánchez-, fue el principal blanco de las críticas durante la Dana por
parte de alcaldes y agricultores, por no haber limpiado debidamente el
cauce. De hecho, el Juzgado Privativo de Orihuela y otros colectivos de
regantes le denunciaron ante Fiscalía por los posibles delitos
de en Fiscalía por una supuesta «imprudencia temeraria con resultado de
muerte y estragos».
Urrea sin embargo se presentó ayer en las jornadas con su faz más
conciliadora urgiendo a las administraciones locales, autonómicas y
estatal a «consensuar» las medidas antirriadas necesarias para que sean incluidas en el Plan de Cuenca del
río 2021-27, actualmente en fase de redacción.
Aseguró que se está «en un momento importante» porque se prepara el plan
hidrológico de cuenca del Segura para los próximos seis años, del 2021
al 2027, y recordó que el plan de cuenca es aprobado por el Gobierno
tras escuchar los informes de diversos organismos, como el Consejo del
Agua, y también a las autoridades autonómicas, locales y estatales.
En
este sentido argumentó que en el anterior plan de cuenca las
actuaciones en defensa de inundaciones «no están priorizadas», por lo
que ha pedido que se pacte entre todos los actores «el riesgo que se
está dispuesto a asumir ante estos fenómenos».
De cara al referido próximo plan de cuenca, repitió que las
administraciones y la sociedad civil deben consensuar «qué tipo de
infraestructuras se necesita» porque el citado plan será «la hoja de
ruta de todos» los relacionados con el río y regirá las inversiones
posteriores.
También dijo que las infraestructuras tienen un periodo de retorno
estimado de 25 años y ha continuado que las cantidades recogidas se
prevé que sucedan cada entre 200, 300 y hasta 500 años en una superficie
plana como es la Vega Baja.
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