VALENCIA.- La Sindicatura de Comptes llama la
atención en su informe de fiscalización de la Cuenta General de la
Generalitat correspondiente al ejercicio 2018 "por el aumento del
déficit respecto al ejercicio anterior" y señala que esta circunstancia
"rompe la tendencia después de tres años de ir bajando", algo que achaca
a un aumento de los gastos sobre los ingresos.
Así
lo ha afirmado este lunes el síndic major de Comptes, Vicent Cucarella,
tras entregar el informe al presidente de Les Corts Valencianes, Enric
Morera, durante un acto en el que ha apuntado, en declaraciones a los
medios, que "aumentar el déficit es algo que debemos evitar siempre".
"Hasta ahora la Generalitat había sido muy moderada en el gasto, que
había sido per capita inferior a otras comunidades autónomas pero ahora
ya estamos en la media", ha expuesto.
El
síndic ha manifestado también que no se han encontrado situaciones "en
las que puedan concurrir las características de responsabilidad
contable" y ha resaltado "la dificultad para valorar adecuadamente
algunas obligaciones" de la Generalitat.
El
informe destaca, asimismo, el "importante desequilibrio" de la
situación patrimonial de la Generalitat a finales del pasado año, con
unos fondos propios negativos por 30.096,6 millones de euros, así como
que la deuda financiera ha subido hasta los 46.782,6 millones. No
obstante, precisa que el endeudamiento en porcentaje del PIB se ha
reducido por segundo año consecutivo. Además, recoge que en 2018 se han
tramitado 384 expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto
por un importe conjunto de 1.422,4 millones de euros.
Igualmente,
el documento recomienda que la Generalitat incluya en sus presupuestos
iniciales de transferencias que debe recibir del Estado, a partir del
sistema de financiación autonómico, "únicamente las previsiones de
ingresos que de manera razonable espera obtener, teniendo en cuenta que
la determinación de estas se encuentra reglada en el marco normativo de
aplicación".
En este punto, preguntado
por los 1.325 millones contemplados en los presupuestos incluidos de
manera reivindicativa por la infrafinanciación de la Comunitat, Vicent
Cucarella ha compartido la idea de que "son reivindicativos" pero ha
insistido en la necesidad de presupuestar "de manera realista".
Falta de financiación
"Sabemos
cuál es la causa que hay detrás de este tema, una falta de financiación
autonómica que ponemos en valor en el informe, pero lo que tenemos que
procurar es que se respete presupuestar" de manera "realista", ha
planteado al respecto. De esta forma, ha aseverado que "mientras no haya
realmente una previsión de que va a entrar una partida adicional", no
se puede "aceptar que aparezca" una "partida que es ficticia".
Respecto
a la infrafinanciación autonómica, la Sindicatura de Comptes resalta en
su informe que "hace tiempo" que alerta de "las consecuencias
negativas" que para la Comunitat tiene contar con "ingresos menores" y
señala que eso supone "una serie de deficiencias que impactan de forma
muy significativa en las financias" de este territorio.
En
esta línea, sostiene que hay "falta de equidad vertical", dado que se
da "una distribución inadecuada de recursos financieros entre los
diferentes niveles de la administración pública de la que resultan
damnificadas las autonomías", a la que su suma "falta de equidad
horizontal" que hace que la Comunitat presente "una balanza fiscal
negativa --a pesar de tener un PIB per cápita inferior a la media--".
Añade que esto "explica en gran manera su enorme deuda pública
acumulada".
Asimismo, el informe
plantea que la acumulación de déficits en la liquidación del presupuesto
de la Generalitat ha provocado que la Comunitat Valenciana sea la
autonomía con "mayor ratio de deuda pública respecto a su PIB". A este
respecto, apunta que "la elevada deuda pública condicionará
negativamente el desarrollo futuro de los servicios públicos
valencianos, a no ser que se tomen medidas de resarcimiento de la
infrafinanciación autonómica padecida durante los últimos años".
La
Sindicatura de Comptes añade que en el ejercicio 2018 el déficit de la
Comunitat Valenciana ha sido del 1,4 por ciento del PIB regional,
superior al objetivo del 0,4 por ciento establecido por el Consejo de
Ministros. Además, expone que el incremento en el gasto computable del
pasado año, del 7,7 por ciento, ha superado la variación máxima
permitida del 2,4 por ciento, por lo que "se ha incumplido la regla de
gasto" en ese ejercicio presupuestario.
En
concreto, en cuanto a las excepciones en la auditoría financiera de las
cuentas, Cucarella ha subrayado que hay 38 liquidaciones anuales del
modelo de concesión hospitalaria que aún no están --pendientes de
aprobación-- porque "no están acabadas de elaborar o se han quedado sin
aprobarse" y obligaciones derivadas del Plan de Vivienda que "todavía no
está claro completamente cuáles son las contraídas". En el primero de
los casos, no es posible, por tanto, determinar los efectos que tendría
el adecuado reflejo contable sobre la cuenta de la administración.
Igualmente,
la Sindicatura de Comptes indica en su informe que no se ajusta a las
disposiciones legales el acuerdo transaccional suscrito con la
concesionaria del servicio de asistencia sanitaria integral del
Departamento de Salud de la Ribera, por lo cual se revisan las
liquidaciones de 2013 a 2015, ni los dos acuerdos transaccionales
suscritos con la Fundación IVO.
Retos: cambio climático y transición energética
En
su informe, la Sindicatura de Comptes habla también de "dos retos que
debe afrontar la economía a medio plazo: atenuar el cambio climático y
adaptarse al declive de la energía procedente de combustibles fósiles" y
considera que "es imprescindible abordar un proceso de sustitución en
la matriz energética como no se ha planteado nunca antes".
En
esta línea, asevera que "resulta necesaria una transición social y
sistémica que nos acerque a posiciones compatibles con una dotación
energética menor y respetuosa con la capacidad de carga de la biosfera,
ahora ampliamente superada".
"Esta
transformación energética, social y económica tan necesaria, no solo por
la misma disminución de combustibles fósiles sino también para atenuar
el cambio climático-- implicará situarse en un nivel menor de energía
limpia, con el consiguiente efecto negativo sobre la capacidad de
crecimiento económico y sobre la generación de ingresos públicos",
detalla el informe, que agrega que esto "obligará a ceñir las
prioridades del sector público y a aumentar la eficacia y eficiencias en
la prestación de los servicios públicos fundamentales", afirma.
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