El pasado 12 de diciembre, el Juzgado número 3 de Orihuela dictó una providencia según la cual tendrán que declarar como investigados la actual y pasada cúpula del organismo de cuenca, ya que los regantes denunciaron a todos los responsables de la Confederación desde 2016 a 2019.
El próximo 10 de marzo tendrán que pasar por el banquillo Miguel Ángel Ródenas Cañada, anterior presidente de la CHS; Mario Andrés Urrea Mallebrera, actual presidente; Francisco Javier García Garay, actual comisario; José Carlos González Martínez, anterior comisario; Rogelio Bravo Cos, anterior comisario adjunto; y Sebastián Delgado Amaro, jefe de servicio.
El 17 de marzo, también declararán como investigados otros cargos técnicos como Adolfo Mérida Abril, actual comisario adjunto; José Rafael Belchi Gómez, anterior director técnico; Carlos Javier Marco García, actual director técnico; Jesús García Martínez, jefe de la Oficina de Planificación; José María Bernabé Tomás, anterior secretario general; y Mónica Gonzalo Martínez, actual secretaria general.
Las acusaciones
Durante todo este año las partes implicadas han estado aportando documentación ya que según ha podido saber El Español, la juez, Jessica Joaquina Hurtado, pedía qué hechos supuestamente delictivos se imputaban a cada una de las personas, después de que Fiscalía eludiese la supuesta "imprudencia temeraria". Una acusación que llevaron hasta el final el Juzgado Privativo Aguas Azud De Alfeitami y Juzgado Privativo Aguas Orihuela.
El fiscal Pablo Martín asumió desde el primer momento la "posible negligencia grave por parte de los responsables de la Confederación Hidrográfica del Segura desde 2014 hasta la actualidad en la prevención de las inundaciones sufridas por la Vega Baja del Segura desde el 11 al 16 de septiembre de 2019". Luego se centró en los tres últimos años antes de la DANA.
La denuncia original también dejaba abiertas nuevas investigaciones "sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción de la causa que en su caso se incoe y sin perjuicio de una ulterior y más depurada calificación jurídico-penal de los mismos, podrían ser presuntamente constitutivos de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente".
Como ya informó El Español, los regantes argumentaban que desde agosto de 2015 no existió contrato de "mantenimiento integral del encauzamiento y entorno integral del río Segura desde la Contraparada a desembocadura" para el que estaban presupuestados casi dos millones de euros. Cuando se extinguió, no se hizo una nueva adjudicación por falta de disponibilidad presupuestaria.
También sostenían que para la Vega Baja alicantina sólo se destinaron en esa época 1,3 millones de euros, un 5% de toda la inversión ejecutada por el organismo de cuenca. Lo que pudo provocar la rotura del cauce.
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