VALENCIA.- El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, ha dado a conocer este jueves la propuesta de su departamento para elaborar la nueva normativa de habitabilidad de la Comunitat Valenciana, que defina las condiciones que deben reunir todas las viviendas.
Illueca ha hecho hincapié en que el artículo 47 de Constitución "eleva la vivienda al rango de derecho fundamental" pero que "los adjetivos digna y adecuada establecen un filtro que el legislador debe desarrollar en aspectos concretos".
"Ese es el objetivo central de este decreto, definir las condiciones de esa dignidad y esa adecuación", ha explicado.
En este sentido, ha subrayado que la vivienda "es mucho más que un recinto físico, es un espacio que nos permite desarrollar nuestra vida e implica el derecho al cobijo, al domicilio, a los cuidados, a la convivencia, a un entorno material y social, además de establecer criterios de privacidad y es un elemento clave en la ciudad".
Según ha recordado la Generalitat en un comunicado, la norma sobre diseño y calidad de edificios de vivienda de la Generalitat actualmente en vigor se reguló constituyendo un cuerpo normativo específico denominado Normas de Diseño y Calidad en 2009.
En ese sentido, el vicepresidente ha subrayado que los antecedentes a este decreto han venido funcionando para garantizar las condiciones de las que debe disponer la vivienda. Sin embargo, "la innegable evolución de las condiciones de vida, las relaciones sociales y las necesidades de la ciudadanía, requieren una nueva reflexión y un marco jurídico renovado para contemplar esas exigencias", ha señalado.
Illueca ha defendido que las diferentes configuraciones familiares, la referencia a la sostenibilidad y el respeto por el medio, la austeridad, las condiciones laborales, las nuevas tecnologías y los materiales obligan a "una mirada diferente sobre la vivienda".
Todo ello, ha asegurado, "incluyendo la rehabilitación y la reutilización de espacios construidos, poniendo en valor la arquitectura y reformulando la manera de construirla, de vivirla y de utilizarla".
Este nuevo decreto tiene como objeto establecer las exigencias básicas previstas en la legislación de ordenación de la edificación, para satisfacer el cumplimiento de los requisitos básicos relativos a la funcionalidad, utilización, accesibilidad y dotación, así como las exigencias básicas de habitabilidad no desarrolladas en el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
Es en el ámbito de la calidad de los edificios en donde la tutela de la administración pública se hace imprescindible para satisfacer el mandato constitucional sobre el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, además asequible, según la Ley 2/2017, de 3 de febrero, por la función social de la vivienda de la Comunitat Valenciana.
Illueca ha estado acompañado en el acto por la secretaria autonómica de Arquitectura Bioclimática y Sostenibilidad Energética, Laura Soto, y por el director general de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética, Alberto Rubio.
La secretaria autonómica ha comentado que este decreto pone como punto de referencia el ahorro energético, lo que supone "buscar prestaciones de todo tipo con el consiguiente confort sin que eso suponga en ningún caso despilfarro ni agresiones al planeta que hipotequen su futuro".
Es ahí donde aparece "la flexibilidad como concepto transversal entendida tanto como la posibilidad de obtener dentro de la norma soluciones que se adapten a diferentes situaciones vitales, como la conveniencia de incorporar arquitecturas preexistentes al uso residencial, con las particularidades que sean necesarias".
Con todo ello surge la necesidad de unas normas que recojan el desafío de la excepcionalidad y el aprendizaje que han supuesto la pandemia y el confinamiento, incorporando condiciones que mejoren la resiliencia y la capacidad de dar respuesta a lo imprevisto.
Por último, el director general de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética ha hecho hincapié en la necesidad de "realizar un esfuerzo para exigir la calidad adecuada y evitar que esas exigencias de calidad y dignidad en la vivienda se traduzcan en carestía y, por ello, en una nueva barrera infranqueable para determinados sectores de la sociedad".
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