VALENCIA.- Los sindicatos UGT-PV y CCOO PV y la Confederación de Asociaciones Vecinales de la Comunitat Valenciana (CAVE-COVA) reclaman a la Generalitat el aumento de la partida destinada al fomento de la vivienda pública hasta al menos un 2% del PIB de la Comunitat Valenciana. Asimismo, destacan la necesidad de la aplicación de la Ley de Vivienda estatal en el territorio autonómico.
«En la situación en la que estamos, incrementar las políticas públicas en materia de vivienda es fundamental», aseveran.
La secretaria general de CCOO PV, Ana García, el secretario general de UGT-PV, Toni Calero, y el presidente de CAVE-COVA, Juan Antonio Caballero, han presentado este lunes en rueda de prensa el manifiesto 'Por una vivienda para una vida digna: un derecho de la ciudadanía', dentro de la campaña 'Habitatge Digne: Un dret de la ciutadania' que comenzará en octubre y cuya programación será detallada en septiembre.
De acuerdo al presidente de CAVE-COVA, «este manifiesto obedece a una preocupación de organizaciones consolidadas que pretendemos pasar de la reactividad a la proactividad».
«Entramos en los problemas y no solo en las superficies, discutimos, hablamos, conocemos y nos formamos para poder influir en las políticas públicas en general y en la política de vivienda en particular», ha reivindicado.
Actualmente, el acceso a la vivienda digna es «la principal preocupación de la ciudadanía española» de acuerdo al último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), como ha recordado Calero.
«Los datos indican que más de la mitad de los ciudadanos tienen que destinar entre el 40 y el 60% de su renta para poder acceder a la vivienda, cuando deberíamos estar en datos de un máximo del 30%», ha continuado.
Calero ha señalado que la sociedad valenciana se encuentra en un momento de «déficit de acceso a la vivienda. Hemos pasado de construir en torno a 75.000 viviendas en el año 2000 a poco más de 12.000 en los últimos años».
Por otro lado, según ha remarcado Ana García, en los últimos diez años el alquiler en la Comunitat Valenciana ha incrementado un 139%, y el precio del metro cuadrado se encuentra en los 12,3 euros, lo cual hace que el precio de alquiler de los apartamentos alcance en varias ocasiones los 1.200 euros, «superando el salario mínimo interprofesional».
«El derecho al acceso a una vivienda digna en nuestra comunidad autónoma se está vulnerando, sobre todo para las personas que más lo necesitan», ha señalado García.
En este punto, ha recordado a las familias afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024 y ha denunciado que «las ayudas de alquiler son insuficientes para que esas familias que han sufrido las consecuencias de la dana puedan incluso tener acceso a una vivienda en sus propios municipios».
En el manifiesto, confederación y sindicatos han reclamado en primer lugar un refuerzo a las partidas presupuestarias con un aumento de la inversión pública en materia de vivienda al menos al 2% del PIB en la Comunitat Valenciana, lo que supondría unos 2.760 millones de euros.
Para ello, consideran imprescindible la ampliación del parque público de vivienda.
«Estamos en torno al 2% de parque público de vivienda, cuando la media europea está en el 9,3%», ha señalado Calero.
A su juicio, incrementar el parque público de vivienda es «esencial» para poder acceder a la vivienda a un precio asequible, tanto si esas viviendas se ponen a la venta como si se encuentran para alquilar.
Asimismo ha destacado la necesidad de la compra de vivienda privada por parte del Estado para crear alquiler social o la utilización de la vivienda vacía.
Respecto a este punto, García ha añadido que la Comunitat Valenciana es una de las comunidades autónomas «con mayor volumen» de vivienda vacía.
«Estamos hablando del 14% en 2021, que ahora podría ser incluso mayor. No solo decimos que es necesario construir con prudencia, sino también rehabilitar estas viviendas vacías», ha continuado.
Por otro lado, Calero ha destacado la necesidad de desarrollar medidas coordinadas a través de la realización de un «gran pacto de Estado». Estas medidas «deben» comenzar por la aplicación de la Ley de Vivienda estatal en la Comunitat Valenciana.
«En una comunidad donde prácticamente el 30% de las compras de vivienda las están acaparando ciudadanos extranjeros y donde además han incrementado el número de desahucios, es fundamental que el gobierno valenciano aplique ya la ley de vivienda para declarar zonas tensionadas y limitar las subidas de los precios de alquiler», ha subrayado Calero.
En la misma línea, García ha apuntado que «el gobierno valenciano tiene una herramienta muy potente para poder intervenir el precio del mercado, que es la aplicación de la Ley Estatal de Vivienda y vamos a seguir exigiendo que se aplique».
Asimismo, Calero y García han manifestado la necesidad de utilizar del derecho de tanteo y retracto para la adquisición preferente de viviendas y de eliminar de la medida de descalificación de la vivienda.
Además de estas reclamaciones, el manifiesto también incluye la necesidad de generar ayudas estructurales específicas en el acceso a la vivienda con programas específicos para jóvenes, la calificación permantente de las viviendas de protección oficial y la regeneración de barrios vulnerables.
En cuanto a este último punto, Caballero ha destacado que a día de hoy «no hay una vivienda de emergencia donde reubicar a familias desahuciadas».
Caballero pone de manifiesto que, en Valencia, el 23,7% de la población se considera vulnerables.
«Si a eso le añadimos el precio de la vivienda o el alquiler, toda esa vulnerabilidad se agrava. Por lo tanto, estamos hablando de que ya empieza a haber zonas en ciudades como Elche, Valencia o Alicante que huelen a gueto, y eso es muy peligroso», ha advertido.
Asimismo, ha afirmado que los pequeños propietarios tienen «temor» a alquilar las viviendas por miedo a la okupación y a tener problemas con los inquilinos.
«Frente a eso aparecen los grandes tenedores, capaces de echar a muchas personas de sus casas porque consideran que pagan poco por el alquiler o porque quieren hacer otra cosa allí, como vivienda turística», ha añadido.
La limitación de la vivienda turística y de la vivienda de uso temporal, especialmente en zonas tensionadas, es otro de los puntos clave del manifiesto.
«La Comunitat Valenciana es la segunda comunidad con mayor aumento de alquileres turísticos, con un 19% más que el último año. Hablamos de un total de 63.190, más de 40.000 en la provincia de Alicante, más de 15.000 en la provincia de Valencia y más de 7.000 en Castellón. Toda esta vivienda turística tiene una repercusión en el mercado de alquiler residencial», ha destacado García.
Al respecto, Caballero ha añadido que se está produciendo «un cambio» en el carácter de algunos barrios por la presencia «masiva» de pisos turísticos, que a pesar de nacer en el centro de la ciudad «aparecen como una mancha de aceite y se acercan al resto de barrios».
«La desaparición de los comercios de proximidad, la aparición de más viviendas de uso turísticos y comercios relacionados al turismo en las plantas bajas, hace que el carácter de los barrios cambie», ha apuntado Caballero.
El objetivo tanto de los sindicatos como de la confederación con esta campaña no es solo intervenir en el mercado para regular la vivienda, ya que afirman que esto «no puede hacerlo el mercado por si solo», sino reconocer la vivienda como un «Derecho Fundamental» y no como una proclamación.
«Es un momento importante para señalar a la población y apuntar que este tema tiene que estar encima de la mesa permanentemente. Si no, la pobreza va a aumentar», ha finalizado Caballero.
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