
Hasta 1985, el 4% de las cantidades abonadas por los usuarios se recaudaba por el Estado para amortizar la obra hidraúlica del Tajo-Segura. Pero ahora teóricamente el total se invierte por las comunidades autónomas beneficiadas en obras de saneamiento y mejora de la distribución hídrica en sus respectivos territorios.
La llegada de menores caudales de los previstos desde 1979 supone también una menor recaudación. De los 600 Hm3 anuales que se esperaban desde esa fecha, ahora a duras penas se llega a los 350 Hm3 anuales por la sequía estructural que sufre la cuenca cedente.
En el caso de Alicante, la estimación de necesidad anual se sitúa en torno a los 380 Hm3 pero sólo recibe unos 125.
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