ALICANTE.- La Diputación de Alicante ha presentado alegaciones contra la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, que suponen un recorte, por considerarla una medida «inoportuna» y «un ataque directo a la viabilidad de esta infraestructura».
En palabras de la vicepresidenta y diputada de Ciclo Hídrico, la popular Ana Serna, la Diputación solicita en su escrito, presentado hoy mismo, la paralización de la modificación parcial del Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, por el que se aprueban las nuevas normas reguladoras del trasvase.
Como argumento se indica que dicha modificación "interfiere en el proceso de revisión del Plan Hidrológico del Tajo" y podría producir graves impactos sociales, medioambientales y económicos a la provincia de Alicante.
"Cambiar las normas de explotación en este momento es totalmente inoportuno ya que cualquier revisión debería realizarse una vez se cuente con los nuevos planes hidrológicos", ha indicado Serna, quien ha añadido que desconocer "a qué responde la urgencia de modificar las reglas del juego a mitad de partido",
"Lo que sí sabemos es que seguiremos defendiendo los intereses de la provincia de Alicante", ha proseguido la diputada provincial del PP.
Según las alegaciones presentadas, esta medida causa inseguridad jurídica, incertidumbre, ineficacia y pérdida de eficiencia y refleja "la intención del Gobierno central de finiquitar una infraestructura esencial para garantizar el abastecimiento de la provincia y la pervivencia de sectores económicos tan importantes como la agricultura o el turismo".
El documento presentado por la Diputación expone el rechazo de los usuarios finales del trasvase a la modificación de los parámetros de las reglas de explotación "ya que se sienten gravemente perjudicados por un nuevo descenso en los caudales trasvasables, ya de por sí una fracción de los originalmente previstos en la ley".
La institución provincial alerta de que la medida no va a tener como resultado mayor disponibilidad de recursos para otros usuarios, sino que simplemente se va a consumir en forma de evaporación en los embalses de cabecera.
"No está claro cuál es la urgencia y los objetivos que se persiguen", ha insistido Serna, que ha lamentado la "falta de transparencia" en la toma de este tipo de decisiones, como pone de manifiesto el hecho de que no se permita a los regantes del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), principales usuarios del trasvase, a asistir a las reuniones de la Comisión Central de Explotación del trasvase.
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