ROMA.- En
Guatemala o Malaui, a los agricultores que cuidan con mimo sus semillas
apenas les llegan los beneficios derivados del intercambio y uso de
esos recursos a nivel internacional, como estipula un tratado vigente.
Sergio
Alonzo, gerente de una asociación de la Sierra de los Cuchumatanes
(oeste de Guatemala), ha visto la repatriación de maíz a los bancos
comunitarios de la zona, el desarrollo de nuevas variedades y la
recuperación de otras diez especies raras que se habían perdido.
También
en Malaui los pequeños productores participan ahora más en ferias y en
la selección de semillas, cuyo acceso y almacenamiento ha mejorado en
los últimos años, según William Chadza, director del Centro local de
Política Ambiental.
"Todo
eso está muy bien pero el siguiente paso es el mecanismo para compartir
los beneficios y abrir espacios de diálogo con los agricultores",
precisó en Roma.
Ambos
compartieron esta semana sus experiencias en la Organización de la ONU
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en medio del debate entre
gobiernos sobre cómo lograr una mayor redistribución de los beneficios
por las semillas intercambiadas a nivel global.
Desde
que entró en vigor en 2004, el conocido como "tratado de las semillas",
adoptado por 145 países y la Unión Europea, reconoce la contribución de
los agricultores a la diversidad de cultivos y establece un sistema
para que productores, mejoradores y científicos puedan acceder a los
materiales de 64 cultivos básicos.
Junto
a ese mecanismo, con el que cada día se transfieren unos mil tipos de
semillas, desde hace diez años funciona un fondo de distribución de
beneficios multilateral que ha ayudado a un millón de personas con
proyectos financiados con más de 20 millones de dólares (unos 18
millones de euros) en 55 países en desarrollo.
Sin
embargo, sus fondos provienen básicamente de las contribuciones de los
países y no tanto de las empresas que deberían compartir las ganancias
obtenidas por utilizar esas semillas en la mejora de plantas o en la
biotecnología.
El
experto de la FAO Francisco López reconoció que se necesitan
nuevas vías de financiación para ayudar a los agricultores a manejar las
semillas y que, aunque la mayoría de los acuerdos internacionales
intentan que "haya un beneficio derivado del uso" e incentivos a la
innovación, se deben continuar conservando esos recursos.
El
secretario del tratado, Kent Nnadozie, confirmó que, entre las
propuestas presentadas por los países, está la de que los usuarios
(empresas) paguen también por "la información digital de las
secuencias", esto es, los datos de las plantas que se emplean en
tecnologías avanzadas de edición genética.
Los
agricultores tienen el derecho de conservar sus semillas como han hecho
siempre, adaptándolas a las condiciones ambientales, aunque muchas
veces chocan con las normas de propiedad intelectual a las que se acogen
las compañías para reclamar pagos por el uso de patentes.
Tradicionalmente
las semillas se han considerado bienes comunes, pero el Protocolo de
Nagoya, adoptado en 2010 y en vigor desde 2014 en el marco de la
Convención sobre la Diversidad Biológica de Naciones Unidas, reguló el
acceso a los recursos genéticos con fines de investigación científica,
promoviendo la soberanía de los Estados sobre sus recursos biológicos.
Los
países en desarrollo, que antes no defendían la protección de las
plantas, comenzaron a hacerlo conforme iban firmando acuerdos
comerciales y actualmente solo un 40 % de ellos se acoge a la
posibilidad de excluir las patentes sobre las plantas, aseguró el
director del Centro del Sur, Carlos Correa.
Ante
problemas crecientes como las plagas o los efectos del cambio
climático, las grandes multinacionales están acelerando sus
investigaciones centradas en la información genética de las plantas para
lograr variedades más resistentes.
En
Estados Unidos, la mayoría de esas invenciones deberían ser patentables
si difieren de lo que ocurre en la naturaleza, consideró Margo Bagley,
de la Universidad Emory (EEUU).
Ese
país y China son los países que más patentes están registrando por el
mejoramiento avanzado de plantas basado en la alteración de los rasgos
de los cultivos mediante la edición de su genoma.
Mientras
las autoridades debaten sobre el alcance de las patentes y los pagos
correspondientes al fondo, la experta de la Universidad belga de Amberes
Christine Frison consideró que lo que hay es un "problema de
gobernanza".
"Han
creado un sistema multilateral de intercambio basado en la
comercialización y apropiación de semillas, que refuerza su propiedad y
debilita los derechos colectivos de los agricultores", afirmó.
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