ALICANTE.- Los vecinos del centro tradicional vigilarán de manera inmediata que el Ayuntamiento de Alicante aplica «las medidas adecuadas»
para restringir el ruido en el entorno de la calle Castaños, donde cada
fin de semana se concentra el fenómeno del ocio conocido como tardeo, según revela hoy El Mundo.
El alcalde, Luis Barcala, anunció el pasado lunes tanto a los residentes como a la patronal provincial de hostelería, Aphea, que
sí recurriría el fallo que condena en primera instancia al consistorio
por vulnerar los derechos fundamentales de los vecinos y le obliga a
aplicar una Zona Acústicamente Saturada (ZAS) en 11 vías del centro
tradicional.
La decisión de Barcala contradice la primera reacción de
sus concejales de Urbanismo, Adrián Santos (Cs), y Ocupación de Vía Pública, Manuel Jiménez
(PP), quienes el mismo día del fallo emitieron una nota de prensa en la
que aseguraban que la ZAS se aplicaría de manera inmediata.
La presidenta de la asociación del centro tradicional, Alcázar Moreno, interpretó el recurso como «un signo de que este equipo de Gobierno se doblega ante los intereses empresariales» y
calificó de «inaudito» que «se actúe contra el interés de los vecinos
después de una sentencia tan contundente como esta».
Sobre las medidas
antirruido que el primer edil anunció que se pondrían en marcha, Moreno
dijo que «aún no se ha concretado anda» pero que estarán «muy pendientes de que se cumpla la Ley». En caso contrario, y una vez la sentencia sea firme, no descartan acudir a los tribunales, incluso para exigir «responsabilidades» a los responsables políticos que no hayan controlado los niveles de ruido.
¿Qué
medidas creen los vecinos que se deberían de aplicar? Pues una de las
más importantes son los horarios, que quieren que sean «lo más restrictivos posibles: a las 23 en invierno y media hora más en verano». También solicitarán la eliminación de veladores y la vigilancia continua por parte de la Policía Local.
Por su parte, Aphea mostró su satisfacción por la decisión municipal,
y eludió valorar las medidas que quiere aplicar el bipartito hasta que
no se especifiquen.
Además, la patronal agregó que sigue «trabajando en
este asunto para minimizar el impacto en los intereses de nuestros
asociados, para que puedan seguir funcionando con normalidad y no se
resienta la economía de Alicante».
Según sus estimaciones, unos 2.000 empleos, entre directos e indirectos, dependen del ocio del centro.
El PSOE reaparece
La
decisión del Ayuntamiento de interponer el recurso provocó ayer
reacciones en prácticamente toda la oposición. Por un lado, el portavoz
del PSOE, Paco Sanguino, hizo declaraciones oficiales tras diez días de silencio.
Sanguino indicó que, con esta decisión, el bipartito demuestra que «no tiene una idea del modelo de ciudad».
«Este es el resultado final de un año y medio en el que el alcalde no
ha hecho nada por resolver este problema».
También estimó que se debe
encontrar «un modelo de convivencia» para el centro de Alicante. No
obstante, precisó que «no todo el tardeo es incivismo; lo que hay que hacer es expulsar el incivismo e incentivar y también penalizar».
Sin embargo, se da la circunstancia de que la primera denuncia de los
vecinos por una presunta vulneración de los derechos fundamentales se dio con un Gobierno socialista, precisamente después de que éste ignorase la entrada por registro para aplicar una ZAS. Fuentes
de la asociación del centro, de hecho, vinculan la falta de respuesta
del actual grupo municipal con que el representante de los pubs, Lalo Díez,
un destacado dirigente socialista que ha tenido cargos como portavoz de
la ejecutiva local, fuese jefe de gabinete del ex alcalde Gabriel Echávarri.
Críticas de la oposición
Por otra parte, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido,
aseguró que Barcala y Santos «han quedado retratados» con la decisión
de recurrir la sentencia. «Barcala tanto por incapacidad para conducir
el debate y aproximar posiciones en un conflicto enquistado, como para gobernar en contra del interés general de la ciudad y para mostrar parcialidad desatendiendo a los vecinos o falta de valentía política para plantarse ante el lobby económico
del tardeo, y el concejal Urbanismo por haber mentido a los vecinos al
asegurarles, -según sus representantes- que no interpondría recurso ante
la sentencia, pero claro, ya sabemos que dentro del bipartito la opinión y fuerza de Ciudadanos es absolutamente nula», dijo Bellido.
Para el líder de la coalición, «estas actuaciones que muestran la debilidad y docilidad del bipartito ante los lobbys poderosos de la ciudad», y alertó del «peligro que puede suponer que la derecha inicie los trabajo de modificación del PGOU,
dado que diseñar un modelo de ciudad amable, equilibrado y sostenible
no está entre sus prioridades y que si la derecha gobierna la ciudad no
se diseñará desde el Ayuntamiento, sino gobernado desde la batuta de los
intereses privados».
El líder de Unidas Podemos en Alicante, Xavier López,
afirmó que su grupo no comparte «la decision de recurrir la sentencia
por parte del Ayuntamiento, ni entendemos la motivación del cambio de
postura».
«La sentencia es muy dura y basa el fallo en la vulneración de
derechos fundamentales que, ahora sí se puede decir, están padeciendo
los vecinos de Castaños».
En este sentido, López pidió al equipo
de Gobierno que «ponga sobre la mesa las medidas concretas para aplicar
y garantizar el derecho al descanso de quienes viven allí».
Vox, como ya es costumbre, no emitió ninguna opinión oficial desde su grupo municipal.
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