En una situación casi sin parangón en la Comunidad Valenciana, este municipio ha sido así incapaz de cumplir con la Ley de Haciendas Locales, que obliga a las administraciones a ejercer un control económico de sus arcas, bien a través de la redacción de los presupuestos o de un plan de saneamiento. Calp no ha hecho ni lo uno ni lo otro. Lleva prorrogando sus presupuestos desde 2006, cuando aún contaba con los ingresos de la época dorada del urbanismo, por lo que ahora se rige con unas cuentas absolutamente irreales.
En mayo de este año, la corporación se propuso redactar en menos de tres meses un plan de saneamiento que fue presentado en julio por el alcalde, el nacionalista Ximo Tur, quien gobierna aliado con el PP. Pero el intento acabó en fracaso y provocó hasta una crisis de gobierno: el plan de Tur contaba con el informe negativo del interventor al considerar ilusorio que contemplara el ingreso de más de siete millones de euros por futuros planes urbanísticos, lo que llevó al concejal de Hacienda, el campsista Fernando Penella, a rechazarlo, desmarcándose así tanto del alcalde como de sus propios compañeros ripollistas del PP.
No es el primer intento de sanear las cuentas municipales que se frustra en Calp: en septiembre de 2008 ya lo intentó, también sin resultado, el gobierno que entonces lideraba el socialista Luis Serna. Un mes más tarde, uno de los motivos que arguyeron Bloc y PP para firmar la moción de censura que desbancó a Serna del poder fue la necesidad de sanear la economía del consistorio.
La difícil situación financiera impide a Calp concertar nuevas operaciones de crédito sin la autorización de Hacienda y podría abocarle a asumir medidas extraordinarias, como la reducción de los gastos de personal o el aumento de la presión fiscal sobre los ciudadanos.
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