MADRID.- La Audiencia Nacional juzgará desde este martes al exdirector general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad y al exdirectivo Daniel Gil por los negocios inmobiliarios entre la extinta entidad y Valfensal en el Caribe, que habrían ocasionado un perjuicio de 28 millones.
La sección primera de la sala de lo Penal
celebrará la vista, suspendida el pasado julio, después de que la
Fiscalía Anticorrupción modificara sus conclusiones provisionales, una
vez ratificado el acuerdo de conformidad alcanzado con los
administradores de Valfensal, Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó.
En virtud del pacto, al que se adhirió el Fondo de Garantía de
Depósito (FGD), ambos empresarios aceptaron seis meses de prisión por
administración desleal y otros 18 meses por la comisión de tres delitos
fiscales por importe de 6,5 millones de euros, condenas muy inferiores a
los 22 años que inicialmente solicitaba el Ministerio Público.
Con
el objetivo de reparar el daño causado, los dos abonaron además 12,5
millones de euros equivalentes al total no asegurado por la póliza de
responsabilidad de los altos cargos de la CAM, al FGD, representado por
el abogado Carlos Gómez-Jara y al que resarcirán de forma adicional con
las costas del proceso.
El cambio de la Fiscalía y la consiguiente
adhesión del fondo, que por primera vez es resarcido en vía penal,
supuso el sobreseimiento automático de la causa respecto al ex director
general de la participada Tenedora de Inversiones y Participaciones
(TIP) Vicente Sánchez, al ex director de la división internacional y
negocio hotelero César Véliz, y a los miembros de la comisión de control
de la CAM.
Tampoco se sentará mañana en el banquillo el ex
director económico de Valfensal Francisco Climent, que se enfrentaba a
12 de años de prisión como presunto cooperador de los delitos fiscales y
al que la fiscal Belén Dorremochea retiró su acusación.
La causa
parte de la querella que interpuso en 2012 el FGD, que sostiene que «con
el conocimiento y consentimiento de López Abad y Gil, se desviaron
fondos en beneficio de Ferri y Baldó, sus socios de Valfensal, gracias a
una política de opacidad y falta de transparencia que generó en una
provisión de 28 millones de euros».
El fondo denuncia que los
órganos de control tanto de la caja como de TIP «infringieron sus
deberes» al avalar tales operaciones, gracias a las cuales los
empresarios «se beneficiaron» de importes millonarios transferidos desde
Valfensal «a cuentas en Andorra de sociedades radicadas en paraísos
fiscales». Irregularidades que contrastan con el estado «crítico» en el
que se encontraba la CAM entre 2009 y 2010, cuando «por instrucción
expresa» de López Abad y Gil, para los que Fiscalía pide cuatro años de
prisión en su escrito inicial, se llegaron a refinanciar tales
inversiones.
La de Valfensal es la tercera pieza de la que se
pronuncia la Audiencia Nacional, que en octubre de 2017 condenó a López
Abad, su sucesora María Dolores Amorós y otros dos antiguos miembros de
la cúpula de la CAM a tres años de cárcel por «distorsionar» los estados
contables entre 2010 y su intervención en 2011. Casi un año después,
suspendía el juicio por las preferentes de la entidad, tras la retirada
de las acusaciones particulares.
El pasado julio, el Tribunal
Supremo absolvió al que fuera director general de la caja tras apreciar
una «duda razonable» sobre el efecto real que tuvieron ciertas
decisiones en la imagen de las cuentas de 2010, suerte que no corrió
Amorós, a la que, no obstante, se rebajó su pena de tres años a un año y
seis meses de cárcel.
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