ALICANTE.- Los vecinos del centro
tradicional valorarán de forma individual la posibilidad de plantear
reclamaciones por daños «morales y personales»
al consistorio alicantino en caso de que la juez concluya que ha habido
una vulneración de derechos fundamentales a la hora de regular los
niveles de ruido, recoge hoy El Mundo.
El juicio arrancó el martes, y el abogado de la
acusación, Luis Santamaría, explicó que no se ha
solicitado ningún tipo de indemnización de momento porque tendrán que
ser los afectados quienes, en caso de que el fallo sea favorable,
reclamen lo que consideren oportuno en concepto de daños morales,
personales o incluso el importe de las obras que hayan tenido que desembolsar para evitar molestias.
Ese fue el caso, por ejemplo, de una de las dos vecinas que
testificaron el pasado martes ante la juez que instruye el caso, y que se vio obligada a insonorizar su vivienda. Ambas
residentes aseguraron que estaban «al límite» y que no podían convivir
con el estado actual del ocio nocturno en la zona. En este sentido, la
presidenta de la asociación del centro tradicional, Alcázar Moreno, confirmó a El Mundo que los vecinos se plantearán realizar estas reclamaciones en caso de que la sentencia sea favorable.
El juicio se ha suspendido diez días para que las partes puedan revisar un informe de más de 600 páginas elaborado
por un perito independiente designado por la juez. Tal como publicó el
martes este diario, el documento concluye que la zona del centro
tradicional de Alicante cuenta con las condiciones para poder ser considerada Zona Acústicamente Saturada (ZAS),
tal como vienen reclamando los residentes desde hace años.
La idea de
la asociación es que la mayor parte de calles del entorno de Castaños
tengan esta consideración, lo que en la práctica supone acabar con la
zona de ocio de moda en la ciudad.
Las
mismas fuentes argumentan que los sonómetros instalados por el
Ayuntamiento demuestran que se están incumpliendo los límites
establecidos
y que, sin embargo, no se han adoptado medidas para corregir la
situación.
También quieren que se limite el número de veladores en la
zona, por lo que se oponen a la peatonalización al considerar que
supondrá «abrir la puerta a privatizar ese espacio».
En
principio el tripartito de izquierdas que entró a gobernar en mayo de
2015 (PSOE, Guanyar y Compromís) llevaba en su programa conjunto de
Gobierno la posibilidad de declarar en el centro una ZAS.
La división interna en el consistorio (el PSOE era contrario y Guanyar
favorable) dejó de tener importancia cuando se rompió el Gobierno y se
quedaron los socialistas en solitario. En este sentido, la entrada del
PP supuso la recuperación de la Policía que vigilaba el tardeo, aunque los vecinos aún se sienten «ignorados».
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