MADRID.- La inminente disolución de las Cortes
Generales este próximo martes 24 y la convocatoria de la repetición
electoral del 10 de noviembre harán que el Gobierno en funciones
dirigido por Pedro Sánchez se prolongue al menos unos meses más, lo que,
ante la cercanía de 2020, ha activado el debate sobre la capacidad de
un Ejecutivo en funciones para aprobar medidas de calado como las
subidas de las pensiones con el IPC, el Salario Mínimo Interprofesional
(SMI) o el salario de los funcionarios.
El Gobierno
socialista ha manifestado en las últimas semanas su intención de llevar a
cabo estas medidas, suscitando dudas sobre si un Ejecutivo en funciones
puede y debe tomar decisiones como éstas que conllevan un fuerte
impacto en las cuentas públicas. En este sentido, según han manifestado
fuentes gubernamentales, en el Gobierno consideran que tienen capacidad
para aprobarlas, amparándose en el artículo 21 de la Ley de Gobierno,
que tiene como título 'Del Gobierno en funciones'.
Dicho artículo, en su punto número tres, establece que "el Gobierno
en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación
del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su
gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de
adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones
de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique,
cualesquiera otras medidas".
Así, desde el Ejecutivo consideran
que medidas como la revalorización de las pensiones y la subida del SMI o
del salario de los funcionarios podrían encajar en el concepto de
"casos de urgencia" o de "interés general" y que, por tanto, estaría
justificado aprobarlos por real decreto. Sin embargo, las mismas fuentes
gubernamentales consultadas señalan que en estos momentos no se trabaja
con la idea de aprobarlas estando en funciones, al prever que el resto
de formaciones políticas podrían acusar al PSOE de utilizar el Gobierno
para tomar medidas electoralistas.
Contradicciones
En cualquier caso, en los últimos días las
declaraciones realizadas por distintos miembros del Gobierno han entrado
en contradicción sobre la posibilidad de aprobar estas medidas estando
en funciones. Por un lado, el pasado jueves por la noche, Sánchez indicó
en una entrevista en laSexta su intención de aprobar antes de final de
año la revalorización de las pensiones con el IPC y la subida del SMI,
además de expresar su compromiso de materializar el incremento del
salario de los funcionarios que estaba pactado. Sin embargo, los tiempos
contemplados para la formación de las nuevas Cámaras parlamentarias y
las negociaciones para la formación de Gobierno, dificultan que haya un
Ejecutivo a pleno rendimiento antes de finalizar el año.
Además,
en el caso de las pensiones, el pasado jueves la ministra de Hacienda
en funciones, María Jesús Montero, aseguró que para aprobar su
revalorización con el IPC "se necesita un Gobierno que no esté en
funciones". Por ello, señaló que, en caso de que su partido consiga
formar Gobierno tras el 10 de noviembre, "tendremos que trabajar a
finales de año, una vez el Gobierno esté a pleno rendimiento, para
intentar plantear que la recuperación de los derechos de los colectivos
más vulnerables pueda entrar en vigor en la mayor brevedad posible".
En
caso de que el 1 de enero siguiera sin haber un Ejecutivo a pleno
rendimiento con capacidad para aprobar estas medidas, las pensiones se
revalorizarán de forma automática tan sólo un 0,25%, el mínimo legal,
según establece el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP). En
cualquier caso, como ha ocurrido en otras ocasiones, la revalorización
con el IPC puede ser aprobada más adelante aplicándola con carácter
retroactivo desde el 1 de enero.
Además, a pesar de que la subida
de las pensiones depende del Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social, y la subida del salario de los funcionarios es
competencia del de Política Territorial y Función Pública, fuentes de
Hacienda indicaron que su departamento trabaja con la idea de acometer
ambas medidas a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de
2020 en caso de que no sean aprobadas antes.
En este caso, una vez investido un presidente y formado el Ejecutivo,
se podría activar la tramitación de los Presupuestos, que suele tener
una duración de unos tres meses, algo que dependerá también de la
correlación de fuerzas parlamentarias que haya tanto en el Congreso de
los Diputados como en el Senado. A este respecto, la ministra Montero
manifestó el jueves su esperanza de que "en febrero o marzo estemos
hablando de los Presupuestos de la legislatura".
Funcionarios y SMI
En cuanto al salario de los funcionarios, el
pasado miércoles los sindicatos CCOO, UGT y CSIF enviaron al presidente
del Gobierno en funciones una carta en la que le exigían que garantice
que los empleados públicos tendrán en 2020 la subida salarial pactada.
Preguntado
sobre este tema en la rueda de prensa del Consejo de Ministros
celebrada ayer, viernes, y a si será posible aprobarla antes de que
finalice 2019, el ministro de Política Territorial y Función Pública en
funciones, Luis Planas, se limitó a responder que el Gobierno tiene la
voluntad de acometer dicha subida y que "tiene que someterse a la ley",
pero sin especificar si puede hacerse o no estando en funciones.
En
concreto, el acuerdo que se cerró en 2018 entre los sindicatos y el
entonces Ministerio de Hacienda y Función Pública, dirigido por
Cristóbal Montoro, pactó para 2020 una subida fija del 2% y hasta un 1%
adicional en función de la tasa de crecimiento económico.
En lo
que respecta a la subida del SMI, fuentes gubernamentales explicaron que
en este caso la aprobación mediante real decreto sería menos
problemática que en el caso de las pensiones y el salario de los
funcionarios, ya que el Salario Mínimo no va vía Presupuestos.
Entregas a cuenta
Otra
cuestión que plantea una contradicción con la posibilidad de acogerse
al artículo 21 de la Ley de Gobierno para aprobar medidas que implican
un fuerte incremento del gasto es el debate vivido en los últimos meses
alrededor de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas.
Ante
las críticas recibidas por parte de las comunidades autónomas y de
diversos partidos de la oposición por el retraso en la actualización de
las entregas a cuenta que el Gobierno debe transferir a las comunidades
autónomas, la ministra Montero ha argumentado que, según un informe de
la Abogacía del Estado, el Ejecutivo no puede actualizar dichas entregas
estando en funciones. Además, Montero ha recordado que esta es la misma
situación vivida en 2016 cuando el Gobierno del PP liderado por Mariano
Rajoy estuvo en funciones y que el entonces ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, utilizó el mismo argumento.
De esta forma, se
genera la contradicción de por qué el Gobierno ha defendido públicamente
en los últimos meses que no puede actualizar las entregas a cuenta
estando en funciones, y que, al mismo tiempo, sí considere la
posibilidad de aprobar la subida del SMI o las pensiones con el IPC
acogiéndose al argumento de que son medidas de "interés general" o de
"urgencia".
No hay comentarios:
Publicar un comentario