Francesc Arabí/VALENCIA
La Federación de Asociaciones de Vecinos de la Comunitat Valenciana (Favcova) y la Fundación Central Ciudadana -plataforma montada desde la entidad vecinal y que agrupa a asociaciones y colectivos culturales, de mayores y consumidores- pueden recriminarle al Consell cualquier cosa menos un supuesto trato discriminatorio a la hora de repartir subvenciones.
Las siete entidades agrupadas en torno a estas dos asociaciones matrices (que han montado en los últimos años actos de apoyo al PP) recibieron entre 2003, año en el que Francisco Camps ganó las elecciones y tomó el relevo de José Luis Olivas como presidente, y 2006 al menos 4.274.608,3 euros en diversas ayudas concedidas por la práctica totalidad de las consellerias (Agricultura y Turismo son excepciones), las diputaciones de Alicante y Castelló y organismos autónomos dependientes de la Generalitat como el Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ).
La mayoría de las 56 partidas de subvención localizadas en los tres primeros años de legislatura de Francisco Camps están catalogadas como ayudas al fomento del empleo y cursos diversos, entre ellos los planes de formación.
Más de la mitad del dinero se las ha llevado Favcova (2,1 millones de euros), entidad que ahora preside Ana María Rodríguez, pero cuyo hombre fuerte es el hoy vicepresidente Carlos Ruiz, quien en diciembre de 1998 asumió el control de la federación.
El secretario de Favcova es Fernando Piera, ex militante del PSPV (como Ruiz), que lidera el Partido Social Demócrata (PSD), formación que pretende disputarle espacio político al partido que lidera Ignasi Pla.
Ruiz no hizo el vacío a Zaplana
Carlos Ruiz-que estuvo, por cierto, en primera fila en la reciente presentación del libro-fichero sobre los logros de Eduardo Zaplana como presidente- fue el artífice de la expansión de Favcova (dice aglutinar a 450 asociaciones y representar a más de 150.000 familias) para extenderse hacia otros sectores asociativos como la tercera edad, consumidores o grupos culturales.
Como marca paraguas nació Central Ciudadana, fundación que hasta gestiona centros para enfermos mentales, y que ha recibido 1,64 millones del Consell y de las diputaciones de Alicante y Castelló. Engloba, entre otras, a Jóvenes del Movimiento Vecinal (comparten sede con las otras en la calle General Urrutia de Valencia) o a la Federación de Asociaciones de Ciudadanos Mayores (CIMA), que nació en 2002 y está presente en más de 30 comarcas.
En la orden de 11 de junio de 2004 por la que Central Ciudadana es inscrita en el registro de fundaciones se detallan sus fines: «La creación y desarrollo de respuestas e iniciativas adaptadas a las necesidades sociológicas de la sociedad contemporánea y, en particular, a la lucha por la defensa de la democracia en el fomento de la solidaridad, el bienestar de los ciudadanos y la profundización de los derechos humanos».
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Los 4,2 millon es de euros que el Consell ha otorgado en subvenciones a colectivos vinculados a la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Comunitat Valenciana (Favcova) y a la Fundación Central Ciudadana no son las únicas ayudas concedidas con dinero público de la Generalitat a este conglomerado de entidades afines al PP, en el período 2003-2006, correspondiente al mandato del presidente Francisco Camps.
La citada cantidad, de la que ayer dio cumplida información este diario, corresponde a un total de 56 ayudas concedidas por diversas consellerias y las diputaciones de Alicante y Castelló, pero la falta de transparencia de la Generalitat no permite conocer el total de los fondos recibidos por estas asociaciones cuyos dirigentes han impulsado y hasta ocupan cargos de responsabilidad en el Partido Social Demócrata (PSD), formación creada a partir de la cobertura del movimiento vecinal y ciudadano y de diversos colectivos y personas expulsadas o disidentes del PSPV.
El diputado socialista en las Corts Antonio Torres ha preguntado por medio centenar de posibles partidas de subvención. Y lleva hasta ocho meses esperando respuesta del conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, a la solicitud de información sobre si Central Ciudadana se llevó dinero público de su departamento en los años 2003, 2004 y 2006 (demanda de datos formulada el pasado 28 de junio) o acerca de la posible inyección de fondos a Favcova en 2004, 2005 y 2006 (pregunta del 26 de junio).
El silencio como única respuesta
Gerardo Camps también ha ofrecido de momento el silencio como única contestación, explicó Torres, ante la solicitud de documentación, formulada el 3 de julio, sobre otras ayudas también a la federación vecinal, de la que son directivos Carlos Ruiz, Fernando Piera y Ana María Rodríguez. El parlamentario socialista explicó a este diario que ha pedido ya amparo al presidente de las Corts, Julio de España. De los 435.517 euros con los que Economía financió a esa fundación dio cuenta el titular de ese departamento en respuesta escrita a la socialista Josefa Andrés. En esa misma contestación, Gerardo Camps justificaba el destino de 4.000 euros, que serían para gastos de funcionamiento de la entidad subvencionada. De los 431.000 restantes no se concretaba si iban destinados a fomento del empleo, a cursos de formación o para el sostenimiento de otro tipo de actividades. Las conselleras de Bienestar Social, Alicia de Miguel, y de Cooperación, Gema Amor, tampoco se han explayado demasiado en sus explicaciones en las Corts. Más bien lo contrario. De Miguel ha negado a Antonio Torres el acceso al expediente de justificación de las ayudas concedidas por Bienestar Social a Favcova, pese a que se tiene constancia, por el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) de una partida de 47.336 euros concedida en la anualidad de 2005.
La responsable de Cooperación y Participación Ciudadana, Gema Amor, no ha reconocido ni un céntimo repartido por su departamento. Por supuesto que tampoco los 80.000 euros entregados el año pasado a la Fundación Central Ciudadana, que está presidida por Carlos Ruiz Navarro, quien, como Amor, acompañó a Eduardo Zaplana cuando presentó su libro-fichero sobre sus éxitos de presidente.
De "Levante"
El portavoz adjunto del grupo socialista en las Corts Antoni Such anunció ayer que el PSPV exigirá que se cree una comisión de investigación parlamentaria sobre las subvenciones otorgadas a un entramado de siete entidades afines al PP, vinculadas a la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Comunitat Valenciana (Favcova) y a la Fundación Central Ciudadana y cuyos dirigentes han impulsado y dirigen el Partido Social Demócrata (PSD) con el objetivo de erosionar a los socialistas. Such comparó ayer las actitudes del Consell de Francisco Camps con otras «más propias de un escándalo como el Watergate, que de un gobierno democrático» , en alusión al apoyo a la formación socialdemócrata, que está confeccionando listas a partir de dirigentes y colectivos expulsados del PSPV y en muchos casos utilizando la infraestructura del conglomerado de colectivos y asociaciones vinculadas a Favcova.
En este sentido, p ara el dirigente socialista la conducta del Partido Popular es «indecente» porque «usa fondos públicos para subvencionar entidades más que cuestionables cuyo único objetivo, lejos de defender los intereses de los supuestos colectivos a los que representan, es atacar al PSPV» . «Si Camps y su Consell no tiene nada que esconder lo propio es que den el visto bueno, de lo contrario, quedará claro el juego sucio que están practicando desde la Generalitat» , agregó Such. El portavoz adjunto parlamentario auguró que «lo peor está por llegar» porque «teniendo en cuenta los millones despilfarrados en publicidad y propaganda y los millones que se han concedido en subvenciones oscuras, ahora que las encuestas les son desfavorables y que les ha entrado el pánico, la inyección de dinero de forma parcial y tendenciosa aún será mayor». El diputado socialista Antonio Torres presentó ayer una pregunta oral de urgencia para el pleno que se celebrará los próximos 7 y 8 de marzo. Torres interrogará al vicepresidente del Consell, Víctor Campos, sobre si «cree fundamentadas, adecuadas y debidamente justificadas las subvenciones concedidas por el Consell a determinadas asociaciones vinculadas al movimiento vecinal» .
Por otra parte, el portavoz de la ejecutiva del PSPV, Manuel Mata, explicó ayer que son ya «demasiados casos de irresponsabilidad los que afectan al Consell de Camps» . Recordó que «faltan 90 días para que se produzca el vuelco electoral» y el Partido Popular «está empeñado en ensuciar la noble tarea política, con la mentira, la irresponsabilidad y con la inseguridad permanente. Porque los dirigentes políticos se pueden equivocar, pero no engañar y huir de los problemas», aseguró el representante de la dirección socialista.
Manuel Mata proclamó: «Los socialistas estamos con las manos limpias y vamos a ofrecer una campaña de manos limpias. No podemos tolerar la permanente inseguridad, porque el rigor lo da la disciplina política y si Camps no la asume, que el PP cambie de candidato» .
De "Levante"
El movimiento vecinal aglutinado bajo el paraguas de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Comunitat Valenciana (Favcova) alcanzó su madurez cuando acometió su expansión, a través de la Fundación Central Ciudadana, hacia otros campos asociativos como los consumidores, los mayores o colectivos culturales. Llegó a su plenitud el día en que algunos de sus dirigentes, encabezados por Fernando Piera Giménez, impulsaron el Partido Social Demócrata (PSD), que ha reclutado a ex cargos públicos, expulsados y desencantados del PSPV.
Pero el entramado dirigido por el propio Piera, por Carlos Ruiz Navarro (vicepresidente de Favcova) y por Agustín Cosgaya (de la Fundación Vecinal Vicente Blasco Ibáñez) tiene una tercera pata constituida por media docena de pymes, montadas por los propios dirigentes vecinales y que, al igual que las entidades de la órbita de Favcova, han servido para justificar las subvenciones recibidas por la federación vecinal desde la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo para cursos y programas de inserción laboral en los ejercicios de 2004 y 2005. Estas empresas han actuado como empleadoras de alumnos de los cursos de inserción laboral y como tales han recibido también ayudas. Esas firmas y las asociaciones de la red vecinal han generado facturas de gastos por servicios prestados a Favcova.
Un porcentaje de inserción
El departamento que dirige Gerardo Camps financió con casi 1,9 millones de euros los planes en esos dos años. Una parte de ese dinero se entrega por el propio desarrollo del curso y un porcentaje está condicionado a que la entidad beneficiaria, en este caso Favcova, justifique que ha integrado en el mercado laboral la cuota del alumnado previamente establecida.
Para ello ha de entregar en el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) contratos laborales con una duración que, generalmente, no puede ser inferior a seis meses. El dirigente de Favcova Carlos Ruiz ha recurrido a su propia empresa para generar la contratación exigida. Ruiz administra Sociedad Valenciana de Estudios e Investigaciones (SVEI), creada el 14 de septiembre de 2004, con 3.100 euros de capital, sede en Valencia y objeto social multidisciplinar: «Realización de estudios e investigaciones, promoción de cursos, jornadas e investigaciones, gestión de programas de actuación, asesoramiento de prevención de riesgos laborales, tanto directamente como mediante el concurso de terceros especializados en cada uno de los ámbitos de la prevención» .
Unos meses después -el 3 de enero de 2005-, cuando ya se estaba pergeñando la creación de Unión Social Demócrata (USD), antecedente del PSD, Agustín Cosgaya montó Gestión Integral Siglo XXII, domiciliada en la Avenida Blasco Ibáñez de Alaquàs. Para no complicarse la vida, Cosgaya fotocopió hasta la última coma del objeto social de la empresa de su colega Ruiz. Las dos han servido para insertar alumnos de al menos siete programas subvencionados o han cobrado por prestar servicios al colectivo vecinal en esos cursos. La firma de Carlos Ruiz participó en un Plan integral de empleo para parados de larga duración (expediente número 21.219 de 18 de noviembre de 2005), dotado con 240.000 euros y en el que también actuó la Asociación Internacional de Mujeres del Mundo Siglo XXI, presidida por Rosario Tebar Carretero, consuegra de Ruiz.
La empresa SVEI contrató a una limpiadora y la de Tebar, a un ebanista en ese mismo programa en el que participaron 100 desempleados y se exigió emplear a 30. La sociedad de la consuegra de Ruiz también participó como insertadora en otro plan de 2005 para integrar a parados de más de 45 años, con una subvención de 118.000 euros y 60 alumnos. Se exigía emplear a 20 para cobrar íntegramente los fondos públicos. Al menos una de las teóricamente empleadas (con contrato indefinido firmado el 28 de septiembre de 2005) denunció (el 7 de diciembre) ante la Inspección de Trabajo que la Asociación de Mujeres del Mundo Siglo XXI adeudaba varias nóminas a los trabajadores que diariamente acudían a su centro de trabajo, en la Plaza del Ayuntamiento, donde no existía actividad alguna, según la denunciante. En el contexto de esa denuncia y de las irregularidades detectadas, el Servef retuvo 22.000 de los 118.000 euros, por no cumplir con el cupo fijado. En el otro programa, Favcova salió peor parada. El Servef dictó una resolución por la que sólo daba por justificados 114.000 de los 240.000 euros dedicados a ese plan. Rechazó el recurso presentado por Favcova y ordenó la devolución de los 130.000 euros restantes.
Y muchos gastos por servicios
La empresa de Carlos Ruiz presentó facturas de gastos a Favcova por 1.931 euros en un taller de inserción de Monitores sociales polivalentes , desarrollado en Alicante en 2004 y otros 1.986,40 por servicios prestados en un programa similar para monitoras. Y la de Agustín Cosgaya -Gestión Integral Siglo XXII- facturó 6.264 euros. Esta firma presentó a Favcova otra factura por 487 en gastos, dentro del expediente de ese plan de integración de monitoras.
Los fondos concedidos por el Consell a ese programa cundieron. Las asociaciones de la órbita de Favcova vieron engordar su economía: Central Ciudadana cobró 1.888 euros por tres módulos impartidos en ese mismo curso y Central de Consumidores percibió 800 euros por dos talleres. La Fundación Vicente Blasco Ibáñez actuó en ese curso como entidad contratadora, al igual que Jóvenes Consumidores, cuyo representante fue Juan Manuel Delgado, precisamente el jefe de programas de la federación vecinal.
De "Levante"
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