El eurodiputado de los Verdes, David Hammerstein , acusó hoy en Bruselas al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, de mostrar una "ignorancia escandalosa" sobre el funcionamiento del Parlamento Europeo, y una "falta de respeto" por la aplicación del derecho comunitario en la Comunidad Valenciana.
Hammerstein hizo estas declaraciones en respuesta a las críticas de Camps contra la Eurocámara, de la que dijo que se entromete en la campaña electoral enviando unavisión sobre urbanismo a Valencia la semana que viene.
Hammerstein subrayó que la comisión de Peticiones del Parlamento organiza delegaciones de investigación "no por motivos partidistas sino en respuesta a peticiones planteadas por ciudadanos y grupos cívicos de una región o un país concreto".
"En este caso hay muchas peticiones relacionadas con el 'boom urbanístico' valenciano que están siendo estudiadas tanto por la comisión de Peticiones como por la Comisión Europea", señaló.
"Para el señor Camps todo es una cuestión de imagen y marketing, pero lo que 'mancilla' y mancha la imagen de la Comunidad Valenciana es la palpable realidad del salvaje oeste urbanístico fomentado por el propio Camps en los últimos años", criticó Hammerstein a través de un comunicado.
Señaló que es "falso" que se produzca una "atención exagerada" del Parlamento Europeo al urbanismo valenciano y puso como ejemplo que recientemente se han mandado misiones a Italia (sobre el AVE) y Malta (sobre la caza) y pronto habrá otra a Polonia (autovías en zonas protegidas) sobre "asuntos de alta sensibilidad política y ambiental y con gobiernos regionales y estatales de distinto color político".
El eurodiputado de los Verdes negó además que la delegación "busque castigar al PP" o que haya una mayoría socialista, y dijo que los parlamentarios visitarán distintas localidades gobernadas por el PSOE tanto en Alicante como en Almería
Afirmó que es la decisión del PP europeo de no participar en la delegación la que evita que ésta tenga una mayoría conservadora, puesto que hasta ahora han confirmado su asistencia el conservador polaco Marcin Libicki y el socialista británico Michael Cashman.
"No es verdad que estemos ya en campaña electoral. Todavía faltan más de dos meses antes de empezar la campaña. Si el Parlamento Europeo tuviera que inhibirse ante las múltiples y largas precampañas en cada país y región tendríamos que paralizar buena parte de nuestra actividad parlamentaria", concluyó Hammerstein.
La Federación de Promotores Inmobiliarios y Agentes Urbanizadores de la Comunidad Valenciana ha remitido hoy desde Valencia un escrito al presidente de la Comisión del Comité de Peticiones, Marcin Libicki, en el que solicita un encuentro con la delegación de eurodiputados que viajará a la Comunidad Valenciana los días 27 y 28 de febrero con el objetivo de informar sobre las "garantías" de Ley Urbanística Valenciana (LUV), según informaron fuentes de esta entidad.
La delegación llegará el próximo martes a Madrid, y el miércoles visitará algunas poblaciones de Almería y los municipios de la Comunitat de Orihuela, Torrevieja, Rojales, San Miguel de Salinas y Catral. El equipo de europarlamentarios recorrerá, además, Parcent, Benissa, Tibi, Dénia y Xàbia.
Al día siguiente estarán en Valencia, momento en el que los máximos representantes del sector han solicitado esta entrevista. Aunque el calendario no es definitivo, aunque la Federación de Promotores "confía en la voluntad" de los eurodiputados de "escuchar a todas las partes implicadas en el desarrollo urbanístico valenciano", así como compartir información y argumentos "que no se pudieron debatir en el curso de la anterior visita, a lo largo de la cual la Federación de Promotores también solicitó un encuentro similar al actual".
Los promotores consideran que la UE "debe escuchar" a la Federación, que representan a más de 700 empresas de un sector que juega un papel determinante en la economía valenciana. Por ello, la carta que suscribe Salvador Vila, como presidente de la Asociación provincial y vicepresidente de la Federación autonómica, detalla que el encuentro se ha solicitado "con el objetivo de entregar un informe a los europarlamentarios sobre las garantías de la LUV".
En la misiva Salvador Vila manifiesta su "esperanza" de que la delegación del Parlamento Europeo "se muestre interesada" en contar con la "máxima información" sobre la aplicación de la legislación urbanística en la Comunidad Valenciana.
Este conocimiento será, en opinión de Vila "de gran utilidad" para el proceso abierto desde la UE, teniendo en cuenta que en la anterior visita, los eurodiputados "no pudieron contar con el punto de vista empresarial ni con la información que ha elaborado la Federación de Promotores, con objeto de argumentar las garantías jurídicas del urbanismo valenciano".-(Europa Press)
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Un centenar de vecinos protesta en contra de la urbanización «del último reducto de costa»
Vega Baja No Se Vende insta al Consell y al Gobierno a proteger el paraje de Cala Mosca La manifestación fue politizada por partidos políticos que asistieron como figurantes
FERNANDO AMAT/ORIHUELA
Un centenar de vecinos protesta en contra de la urbanización «del último reducto de costa»
Con el lema «No más cemento», en el litoral oriolano de Cala Mosca, protestaron un centenar de vecinos, y políticos, para pedir la paralización del último sector que queda por urbanizar en la costa de Orihuela. El equipo de gobierno del PP aprobó el pasado martes 13 de febrero la construcción de 1.700 viviendas en el entorno del acantilado, que se encuentra junto la carretera nacional-332. Los manifestantes acudieron al paraje salvaje que queda por obrar para pedir, tanto a la Conselleria de Territorio Vivienda como a la de Medio Ambiente y al Gobierno, que intercedan para que «se paralice el proyecto».
La movilización estuvo politizada por varios grupos políticos, entre ellos PSOE, PSDE, Claro y Los Verdes, que aprovecharon la ocasión para realizar oposición al actual gobierno municipal del Partido Popular. Los vecinos, tanto de la costa oriolana como de poblaciones cercanas, secundaron la convocatoria de la coordinadora de asociaciones Vega Baja No Se Vende, con el fin de «proteger esta zona y que no se elimine la antigua cañada por donde circulaban animales de ganado», explicó Miguel Ángel Pavón, portavoz de la plataforma comarcal.
Segura Limpio
El representante de de la asociación Segura Limpio, José González, cree que «el alcalde José Manuel Medina sólo ha tenido en cuenta los intereses de los empresarios, porque algo debe a esta gente», criticó con dureza. El Pleno que aprobó la urbanización no estuvo exento de interpretaciones contradictorias, puesto que se suspendió en un primer momento ante la ausencia de tres ediles populares. Pavón hacía hincapié en que «estudiaremos las opciones administrativas que tenemos para la paralización de la edificación de las 1.700 viviendas, y en el caso de que no se tengan en cuenta ya estudiaremos las vías judiciales a nuestro alcance».
Los ecologistas destacaban el hecho de que los 450.000 metros cuadrados, cercanos al litoral, incluyen una cañada de propiedad pública, además de la cercanía a la orilla del mar. «Es un lugar de interés comunitario (LIC) y además habita la pajarilla Cabeza de Gato», denunció el representante de Vega Baja No Se Vende. En este sentido, González aludió al hecho de que «aunque sea legal no significa que sea bueno para los ciudadanos, ya que la leyes están para cambiarlas».
Antonia Moreno
A la protesta se sumó la cabeza de lista del PSOE para las elecciones municipales, Antonia Moreno, que sostuvo que «esto sólo lo han aprobado 11 oriolanos sin contar con la ciudadanía». Al tiempo que la socialista declaraba sus ideas a la Pensa, una manifestante le replicó que «ésta no era una protesta política». Moreno se defendió, pues «asisto como vecina, y no llevamos pancartas ni insignias como otros partidos».
Los Verdes sí que estuvieron presentes con cartelería, acompañados de algún vecino con los ánimos exaltados y piedras en la mano. La portavoz ecologista Martina Scheurer afirmó que había venido «hasta la primera cadena de televisión alemana, la ARD, para realizar un reportaje». Y se apoyó en el argumento de que «nosotros convocamos la primera manifestación», para responder a las críticas de Moreno.
Por su parte, los militantes del partido de europeos Claro, que caminaban en grupillos, al igual que las demás formaciones políticos, declararon que «por esto hemos formado una agrupación política, porque Orihuela Costa sólo tiene interés para planes urbanísticos», subrayó el presidente de Claro, Robert Houliston.
El miembro de IU, Carlos Andrés Navarro, de incógnito, comparó este plan con el PAU 21 de Sierra Escalona donde se talan miles de árboles». Y añadió que «tanto que nos quejamos de la construcción masiva en Torrevieja, y aquí se va ha realizar algo parecido porque el proyecto no se parece en nada a las casas de Punta Prima o Cabo Roig».
De "La Verdad"
Una cascada de informes negativos de la CHJ pone en entredicho la mayoría de planes urbanísticos
El papel de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), organismo estatal que gestiona los recursos de la cuenca del mismo nombre -que abarca la mayoría de la Comunidad-, en la imagen que se ha trasladado a la Unión Europea (UE) del urbanismo valenciano ha sido determinante. En la mayoría de ocasiones, las respectivas oposiciones vecinales se aferran a los citados informes para condenar los planes parciales o Programas de Actuación Integrada (PAI). Lo cierto es que, en líneas generales, cualquier proyecto que contemple un número elevado de viviendas se topa con su correspondiente informe negativo de la CHJ, que concluye que «no se puede garantizar el suministro» de agua a los nuevos inmuebles. En realidad, esta respuesta no implica que no existan o se puedan encontrar los citados recursos, sino que, a la luz de la documentación aportada, el organismo de cuenca es incapaz de determinar si podrá abastecer a los inquilinos de las respectivas urbanizaciones. Mientras para la Delegación del Gobierno en la Comunidad, dirigida por el socialista Antoni Bernabé, considera determinantes estos dictámenes, el Consell y los respectivos ayuntamientos -incluso algunos socialistas, como el de Elda- interpretan que se trata de una apreciación técnica, y que no es en ningún caso vinculante. Sea como fuere, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad ya ha paralizado algunos PAI, como el de Parcent, basándose especialmente en los informes hídricos. La «doctrina Parcent» considera un éxito cada uno de éstos «veredictos».
De ABC-CV
El urbanismo «mete» en la UE a
Alicante
DAVID MARTÍNEZ. ALICANTE
La Unión Europea (UE), que no suele acordarse de la provincia de Alicante excepto cuando se habla de trasvases, volverá a enviar una expedición de europarlamentarios para comprobar sobre el terreno la supuesta especulación urbanística que se dice se lleva a cabo en una de las regiones españolas con más kilómetros de suelo protegido.
La visita se producirá finalmente pese a que el PP europeo pidió que se aplazase hasta después de las elecciones, para evitar un uso partidista de la misma. Sin embargo, y más allá de que ese interés partidista exista, lo cierto es que la expedición está claramente orientada hacia municipios gobernados por los populares.
En este sentido, el parlamentario popular Carlos Iturgaiz considera que «se está tratando de hacer una sangría» con la Comunidad, porque «es la tercera visita por irregularidades urbanísticas». Según Iturgaiz, esta visita «no tiene precedentes en ningún otro Estado miembro».
Los europarlamentarios viajarán en primer lugar a Madrid, el próximo martes. El miércoles se desplazarán a la provincia de Almería, para comenzar con la inspección al urbanismo de Alicante el miércoles. Durante su estancia en la provincia, la misión recorrerá Orihuela, Torrevieja, Rojales, San Miguel de Salinas, Catral, Ibi, Parcent y Benisa. La visita continuará el viernes, en Denia y Jávea, pasará por la provincia de Valencia y terminará en la de Castellón antes de volver a Madrid.
Seis del PP, tres del PSPV
En total, en la provincia de Alicante serán seis municipios gobernados por el PP los que serán inspeccionados por la UE, mientras sólo se visitará tres municipios socialistas. En Valencia y Castellón todas las visitas se centrarán en localidades con ayuntamientos populares. En cada municipio, los parlamentarios europeos se reunirán con los colectivos vecinales que han denunciado las supuestas irregularidades.
Orihuela
Si se cumplen las previsiones, la primera visita de la euromisión les llevará a Orihuela. El alcalde oriolano, José Manuel Medina, está acusado por el fiscal Anticorrupción de un presunto delito contra la ordenación del territorio, tras aprobar dos planes parciales -con el voto contrario de parte del PP- a un promotor cuyo chalé y vehículo utilizaba. Los dos planes afectaban a suelo no urbanizable.
Recientemente se aprobó un nuevo plan que urbanizará la única franja de litoral virgen que queda en el término municipal.
Torrevieja
Una de las visitas más difícilmente justificable se llevará a cabo en Torrevieja. Si bien el alcalde, Pedro Hernández Mateo, fue imputado tras una denuncia de los Verdes, originada por una operación particular de compraventa de terrenos -en otro municipio-, el crecimiento urbanístico de Torrevieja no ha sido por ahora objeto de denuncias vecinales. El PSPV, en cambio, critica que el Ayuntamiento pretende recalificar una parcela cercana al parque natural de La Mata, propiedad de la empresa a la que Hernández Mateo vendió sus terrenos.
Sin salir de la Vega Baja, la expedición visitará, tras San Miguel de Salinas -donde una ordenanza dictada a finales de 2006 excluye a los representantes de la oposición de la comisión que aprueba los planes parciales-, dos municipios socialistas cuyo crecimiento sí ha sido objeto de quejas.
Catral
El alcalde de Catral, el socialista José Manuel Rodríguez Leal, fue denunciado junto con el resto de su junta de gobierno por una asociación de consumidores, e imputado recientemente por un presunto delito contra la ordenación del territorio. Según los datos del Consell, en Catral existen más de un millar de viviendas en situación irregular, al construirse en suelo rústico con licencias de obra menor.
La Conselleria de Territorio prevé comenzar en abril el precinto de las viviendas cuya legalización resulte imposible -varias se encuentran dentro del perímetro protegido de un parque natural-, así como el corte de suministro. Las notificaciones a los propietarios afectados -extranjeros, en su mayoría- comenzarán a enviarse en breve, según el conseller Esteban González Pons.
Rojales
El municipio de Rojales se ha convertido en los últimos años en el de mayor proporción de habitantes extranjeros censados. La mayoría de sus nuevos residentes, de edad avanzada, compran chalés en las afueras del casco urbano. Las quejas sobre deficiencias en las construcciones, que han sido reflejadas incluso en la prensa británica, llevó a los residentes europeos a crear un partido político.
Los principales defectos denunciados son los malos acabados, la ausencia de suministro eléctrico e hidráulico, y la inexistencia de viales y asfaltado en las supuestas calles donde se construyen las viviendas.
Ibi
En el industrial municipio del interior de la provincia, gobernado por la popular Mayte Parra, escasean las controversias urbanísticas tan habituales en los últimos años en la comarca alicantina de la Vega Baja. Sin embargo, uno de los escasos proyectos de ampliación del casco urbano que se ha presentado en la legislatura, un plan parcial que prevé 1.100 viviendas, motivó tímidas protestas vecinales y una recogida de firmas que cristaliza con la visita de la expedición de europarlamentarios.
Parcent
La oposición vecinal a tres planes parciales ha logrado que se suspenda la tramitación de uno de ellos -que contaba con un informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre la disponiblidad de recursos hídricos-, después de que el TSJ paralizase otro. De hecho, la visita de los parlamentarios europeos está, en gran medida, motivada por las quejas que la plataforma vecinal ha hecho llegar a la Comisión de Peticiones.
El «éxito» de los habitantes de Parcent al frenar unas actuaciones que preveían 1.800 viviendas -en un municipio con 1.000 vecinos censados-, respaldados por recomendaciones de la síndica de Greuges, Emilia Caballero, y del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica -ambos socialistas-, ha motivado que se comience a hablar de la «doctrina Parcent» para oponerse a cualquier actuación urbanística fuera del Plan General.
Denia
En la presente legislatura, la alcaldesa socialista de Denia, Paqui Viciano, ha expedido más licencias de obra mayor que en cualquier otra. El PP denuncia que de un municipio «horizontal» se ha pasado a autorizar edificios de siete plantas. Hace seis meses que el Consistorio debía haber presentado a Territorio el concierto previo del Plan General.
Antes de llegar a Denia, los parlamentarios europeos visitarán Benisa. La pequeña localidad gobernada por el PP se vio envuelta hace meses en una controversia tras adjudicar un proyecto urbanístico.
De ABC-CV
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