El portavoz del PSPV-PSOE, Manuel Mata, arremetió contra el presidente Francisco Camps por no dar la cara ante casos como el de Terra Mítica, el accidente de metro o el incendio en una residencia en Massamagrell. "Aquí no ha dimitido ni un director general", dijo. Mata emplazó a Mariano Rajoy a pedir responsabilidades por el enriquecimiento "salvaje" de políticos del PP como Fabra o los alcaldes de Orihuela y Torrevieja.
"Aquí no ha dimitido ni un director general", denunció Mata tras hacer recuento de los escándalos en que se han visto envueltos la Generalitat y el partido que la gobierna. "Tenemos un presidente", añadió, "que cuando se encuentra con un problema creado por su Administración, opta por huir". Mata se refirió a la "desaparición" de 17.000 millones en Terra Mítica, "que están en bolsillos desconocidos", o a la muerte de cinco personas en una residencia de Massamagrell o al accidente de metro del 3 de julio, el más grave de toda la historia de España. El portavoz aludió también a los casos de Mercalicante o el Ivex.
"Por vergüenza y responsabilidad, uno coge y se va, y, sin embargo, aquí no se ha ido nadie", se quejó el portavoz socialista, para quien el vuelco electoral dentro de 90 días es imparable. "Salimos del Congreso [del PSPV] de Castellón con las manos limpias y nos ofrecemos después de tres años con las manos limpias". El portavoz sugirió incluso al PP que cambien de candidato
Mata denunció el autismo político de Camps, "porque se niega a hablar de los problemas que afectan a los valencianos y sólo escucha a los brokers de ideas", y censuró los esfuerzos del PP por invalidar las comisiones de investigación en las Cortes Valencianas, a las que los populares "han dado la vuelta, ridiculizado y convertido en un circo de afines".
Ante la última propuesta del presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, de obligar a sus candidatos a declarar públicamente sus bienes, el portavoz de la dirección socialista recordó que el PSOE ya puso en práctica esa política a principios de los 90. Desde entonces el partido obliga a los candidatos a presentar una declaración sobre bienes inmuebles, ingresos y acciones o participaciones. En este sentido, Mata criticó que Rajoy haga esta propuesta, "cuando sólo viene aquí a hacerle el caldo gordo a Fabra [presidente de la Diputación de Castellón] y a los alcaldes, también del PP, de Torrevieja y Orihuela", todos ellos imputados. El portavoz socialista se mostró convencido de que en los próximos días "vamos a tener situaciones complicadas para el Consell y van a tener que dar la cara porque las investigaciones judiciales siguen en marcha"
Urbanismo en entredicho
En su repaso a los escándalos que salpican a la Generalitat, Mata no olvidó el conflicto urbanístico. El socialista recordó que el urbanismo valenciano "ha sido puesto en entredicho" por la Sindicatura de Greuges, las instituciones europeas y los tribunales. "Y la única solución del Consell ha sido cambiar de consejero", dijo en referencia a la sustitución hace unos meses de Rafael Blasco por Esteban González Pons. En esta misma dirección, Mata lamentó que el actual titular de Territorio, "que se presentó como el conseller sandía", haya acabado convertido en el "conseller melón porque se las ha tragado todas". "Ha llevado a cabo una moratoria urbanística con quien ha querido, mientras ha acelerado otros proyectos que ha querido", aseguró el portavoz del PSPV-PSOE.
Sobre la visita prevista esta semana de los eurodiputados a la comunidad autónoma para comprobar sobre el terreno las denuncias urbanísticas, Mata insistió en que los parlamentarios europeos "son también nuestros y, aunque le pese al PP y a Camps, vienen por las quejas que les han enviado los ciudadanos".
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El eurodiputado valenciano del PSOE Joan Calabuig consideró hoy que el hecho de que una misión del Parlamento Europeo (PE) viaje esta semana a la Comunidad Valenciana para estudiar quejas urbanísticas demuestra que "no se han solucionado los problemas" ya denunciados por las instituciones europeas.
En declaraciones a los periodistas, Calabuig recordó que el PE aprobó en diciembre de 2005 un informe en el que censuraba la antigua Ley Valenciana Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y hacia recomendaciones para ajustarla a la legislación europea.
"El Parlamento Europeo vuelve a la Comunidad Valenciana un año y pico después, sobre todo alarmado por el hecho de que no se han arreglado los problemas, y las peticiones y las quejas siguen llegando", dijo Calabuig.
El socialista afirmó que la nueva ley promovida por el actual Gobierno autonómico, la Ley Urbanística Valenciana, sigue sin cumplir las exigencias comunitarias y que la Comisión Europea prevé denunciarla ante el Tribunal de Justicia de la UE el próximo marzo.
Añadió que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha recibido un "número creciente de peticiones de ciudadanos (de la Comunitat) que se quejan tanto del deterioro medioambiental grave como de que su propiedades estás siendo afectadas".
Y censuró que el PP y la Generalitat valenciana hayan hecho "todo lo posible porque no se realizase el viaje" de los parlamentarios que pretenden estudiar sobre el terreno estas quejas.
"Ellos mismos se han colocado a la defensiva porque saben perfectamente que han cambiado la ley y la han cambiado mal, que las quejas siguen produciéndose y que no han cumplido las recomendaciones del Parlamento Europeo", afirmó.
La misión de eurodiputados, enviada por la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, prevé visitar entre mañana y el próximo viernes los municipios alicantinos de Orihuela, Torrevieja, Rojales, San Miguel de Salinas, Catral, Tibi, Parcent, Benissa y Jávea, los castellonenses de Benicassim y Oropesa, Els Mestrets (en la ciudad de Castellón) y Valencia.
Entre otras actividades, los eurodiputados prevén entrevistarse el viernes con el conseller autonómico de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons.
La misión incluye además visitas a otros municipios objeto de denuncias urbanísticas en la provincia de Almería y la Comunidad de Madrid.
La misión parlamentaria está compuesta por el presidente de la Comisión de Peticiones, el polaco Marcin Libicki, un conservador adscrito al grupo Unión por la Europa de las Naciones, y por el laborista británico, Michael Cashman, del grupo Socialista.
El grupo del Partido Popular Europeo (PPE) ha declinado participar al entender que responde a un intento de influir en las elecciones municipales y autonómicas del próximo 27 de mayo.
La Comunidad Valenciana centrará la agenda de trabajo de un grupo de parlamentarios europeos que, en respuesta a diversas quejas urbanísticas planteadas por asociaciones vecinales ante la UE, visitará España a lo largo de esta semana, según informaron fuentes de uno de estos colectivos ciudadanos.
De los dieciséis municipios españoles que tienen previsto visitar los diputados europeos, doce están en la Comunidad y, de éstos, nueve pertenecen a la provincia de Alicante. Según la agenda de esa delegación europea, hecha pública ayer por la Asociación de Veïns de Parcent, una de las entidades que ha denunciado presuntos abusos urbanísticos, los diputados de la UE visitarán las localidades alicantinas de Torrevieja, Orihuela, Catral, Parcent, Rojales, San Miguel de Salinas, Tibi, Benissa y Alicante .
La delegación visitará también los municipios castellonenses de Oropesa y Benicàssim y la ciudad de Valencia, así como Galapagar (Madrid), la propia capital española, Albox (Almería) y la capital almeriense.
Tercera inspección
Esta presencia de europarlamentarios para estudiar las leyes españolas de suelo y los proyectos de desarrollo urbano, la tercera que realiza en este sentido la Comisión de Peticiones de la UE, fue autorizada por el Parlamento Europeo el pasado 12 de febrero.
La Asociación Veïns de Parcent manifestó que, según un escrito recibido desde la UE, la delegación europea estará integrada por el presidente de la Comisión de Peticiones, el polaco Marcin Libicki, adscrito al grupo parlamentario Unión por la Europa de las Naciones (UEN), y el vicepresidente de esta institución, el británico Michael Cashman, del Grupo Socialista Europeo (PES). Acompañan a ambos los responsables de su Secretaría, David Lowe y Angel Ardaiz, y los asesores Kjell Sevon y Witold Ziobro.
Esta delegación de la UE mantendrá reuniones tanto con vecinos afectados por decisiones urbanísticas como con autoridades locales y regionales. La visita se inicia hoy en Madrid, donde están previstas sendas reuniones con autoridades nacionales sobre «el nuevo marco legislativo referente al planeamiento del uso del suelo» y con los embajadores europeos.
Un día después, los parlamentarios se desplazarán hasta Almería para celebrar un encuentro de trabajo con autoridades locales y visitarán el municipio almeriense de Albox. Posteriormente, se trasladarán a Orihuela (Alicante) para abordar diversas reuniones con asociaciones vecinales que el pasado año elevaron denuncias de posibles ilegalidades.
La tercera jornada de la agenda de visita, día 1 de marzo, la delegación europea recorrerá las localidades alicantinas de Torrevieja, Rojales, San Miguel de Salinas y Catral, para mantener un encuentro de trabajo alrededor de las 13,00 horas en Alicante con la Síndica de Greuges, Emilia Caballero. Por la tarde, los diputados de la UE se desplazarán hasta Tibi, Parcent y Benissa, municipios donde también mantendrán reuniones.
Al día siguiente, la representación europea acudirá a Xàbia para proseguir viaje hasta Castellón, para conocer denuncias de propietarios en Benicassim, Oropesa y Els Mestrets (en la ciudad de Castellón), y posteriormente saldrán hacia Valencia donde está prevista una reunión con autoridades autonómicas.
El PP reclamó ayer, en la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que la delegación cancele la visita prevista a la localidad madrileña de Galapagar. El PP alega que la misión está programada para un sábado por la tarde y que la comisión parlamentaria no ha estudiado su caso concreto.
Preservar, proteger y divulgar el patrimonio natural que tienen en común Benissa, Llíber y Xaló: la sierra de Bèrnia i Ferrer. Los tres alcaldes se reunieron ayer para pedir al Consell que declare parque natural los 70 metros cuadrados del este paraje que tiene un valor geológico y paisajístico inequívoco en la comarca.
Por primera vez en la historia, tres municipios de la Marina Alta se unen para luchar contra la especulación urbanística y abogan por la protección del territorio que conforma el paisaje de la comarca. Mientras que otros gobiernos aprueban actuaciones urbanísticas sin tener en cuenta el impacto ambiental en el territorio, otros apuestan por el crecimiento moderado y abogan por proteger áreas de gran valor y riqueza medioambiental.
Los alcaldes de Xaló, Llíber y Benissa, dejan a un lado el color político que representan–BNV, PSPV y PP respectivamente– para exigir al Consell que declare el paraje de la Serra de Bèrnia i Ferrer, parque natural, al menos en lo que el área LIC. se refiere. En total, esto representa unos 70 millones de metros cuadrados en donde la gran mayoría ya está clasificado como suelo no urbanizable. Llíber es la única localidad, de las tres que conforman la petición, que todavía tiene manchas donde se puede urbanizar dentro de la Serra de Bèrnia i Ferrer.
En concreto, según apuntó el propio alcalde socialista, Juan Bautista Reus, siguen siendo susceptibles de la especulación con el ladrillo alrededor de 3 millones de metros. Por ello, el munícipe se comprometió a recalificar estos terrenos para que sean no urbanizables pues considera una prioridad proteger del urbanismo este entorno natural.
Reus indicó durante su intervención, que esta situación deriva de las normas subsidiarias aprobadas hace ya más de 25 años en Llíber y comentó que “estamos estudiando los inconvenientes y ventajas para proceder cuanto antes a la desclasificación de estos terrenos”.
A pesar de ello, Reus se mostró optimista con el acuerdo que se daba a conocer y dijo que “ya era hora que tres pueblos se juntaran para proteger un espacio como es el nuestro”.
Y es que ayer mismo se presentaron en la Seu Universitaria de Benissa las conclusiones del estudio natural, agrario y paisajístico de la vertiente norte de la Serra de Bèrnia y las propuestas de actuación y conservación emitidas por el botánico encargado de este proyecto, Jaume Soler.
De Las Provincias
El juez que investiga la presunta malversación de fondos, falsedad documental y delito fiscal en la firma y ejecución del contrato «b» del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) con Julio Iglesias ha exigido al Arab Bank que le aporte toda la documentación sobre los movimientos de la cuenta que la empresa Midway International tenía abierta en la sucursal del banco egipcio en Valencia en los dos años (1998 y 1999) en los que se sustanciaron los pagos al cantante y empresas afines.
El magistrado titular del juzgado de instrucción número 19 quiere que el banco le dé información detallada sobre los ingresos en los que el impositor fuera el IVEX directamente o, en el caso de que se tratara de cheques librados por el instituto público, la justificación de los servicios prestados que amparaban esos efectos bancarios. Aunque el juez, Luis Carlos Presencia Rubio, no lo comenta en su resolución, cabe recordar la curiosa casualidad de que el organismo público también tenía cuenta en el Arab Bank, además de en la sucursal de Bancaja de la calle Pintor Sorolla. La cuenta bancaria de Midway International Ltd era la 1703002435316 y desde la misma se traspasaron, en un total de cuatro transferencias, al menos 1.697.113 dólares a la cuenta cifrada WA356115.000, en la sucursal de UBS en Nassau (Bahamas). Casi la mitad de ese dinero, concretamente 980.321 dólares, fue ingresado en el Arab Bank de la calle Colón de Valencia en nueve cheques, librados por el IVEX contra su cuenta en Bancaja, entre el 1 de abril y el 12 de mayo de 1999. Con los primeros nueve talones se pagaron los servicios de organización del concierto que Julio Iglesias ofreció en el Auditorio Nacional de México, el 10 de abril de 1999. Posteriormente, alguien en nombre de Midway International hizo otras dos transferencias por un total de 822.113 dólares (el 2 de julio, 471.323, y el 27 de julio, 350.790 dólares). Con más o menos gloria, Julio Iglesias cantó, pero Midway no organizó nada. El montaje de aquel evento corrió por cuenta de Rac Producciones, una firma mexicana que, a cambio de que el IVEX le cediera gratis el caché del artista, corrió con los gastos de organización, regaló 300 invitaciones a la Generalitat para atender a los compromisos de aquella misión comercial y hasta hizo un donativo de 800.000 pesos a la Fundación México Unido. El organizador real del concierto como gerente de Rac, Carlos Santos, llevó, el pasado 31 de julio, al notario toda la contabilidad de aquel evento, que revelaba la facturación falsa de Midway. El acta notarial la entregó el ex delegado del IVEX en México, Vicente Sendra, al fiscal del caso en Valencia y éste al juez. Sendra se ratificó en todo el día en que fue a declarar al juzgado. La Agencia Tributaria también sospechó desde el principio que las facturas de Midway por ese recital mexicano eran falsas. «En ningún caso ha sido acreditado» , advirtió Hacienda en el expediente, que esas «empresas extranjeras hayan realizado los servicios facturados» . Se refería a Midway y a otra empresa -Gold Peak Trade Service- que cobró un millón por el recital de Shangai. Hasta tal punto Hacienda era escéptica, que no admitió como desgravables esos gastos de promoción exterior y encima multó al IVEX con 191.457 euros.
Silencio del ex director bancario
Midway no organizó el concierto pero cobró seis veces lo que realmente costó montarlo. Porque los gastos de organización entregados por Rac al notario ascendían a 168.522 dólares. El ex director del Arab Bank Felipe Espinosa Bolanos podría haber despejado algunas incógnitas -por ejemplo, quién movía la cuenta de Midway- el pasado 11 de mayo cuando acudió a declarar ante el juez. Pero tenía uno de esos días en que flaquea la memoria. Espinosa Bolaños fue nombrado poco después gerente del Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa).
De "Levante"
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