ALMERÍA.-El eurodiputado del grupo Los Verdes, David Hammerstein, aseguró hoy que la Comisión Europea llevará al Tribunal de Justicia de la Unión Europea el próximo 21 de marzo la Ley Urbanística valenciana porque "no cumple" con la directiva europea de Contratación Pública.
Así lo manifestó, en declaraciones a los periodistas en Almería, durante el encuentro mantenido en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía entre representantes de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y de la Consejería de Obras Públicas.
Hammerstein explicó que la medida por parte de la UE se adoptará con objeto de frenar un modelo urbanístico "fuera de cualquier control" que "hace caso omiso" a la legislación europea ambiental.
La normativa urbanística valenciana, comunidad en la que la delegación visitará un total de 12 municipios, violaría, según el eurodiputado y miembro de la Comisión de Peticiones, la Directiva de Hábitats, la Directiva de Evaluaciones Ambientales y la de Evaluaciones Estratégicas.
Además, la figura del urbanizador incluida en la legislación valenciana incumpliría "sobre todo" con la Directiva de Contratación Pública, por su "falta de transparencia, igualdad de trato y la existencia de contrataciones y adjudicaciones no abiertas a concurso público", añadió.
Hammerstein respondió a las críticas recibidas por parte del presidente de la Generalitat, Francisco Camps -quien manifestó que la delegación pretende "distorsionar la campaña electoral" de forma "indigna e injustificada"- que "sólo falta que acabe culpando a la UE de la burbuja inmobiliaria".
Justificó el envío de la delegación del Parlamento Europeo en el hecho de que "sólo de España hemos recibido más de 15.000 quejas ciudadanas" en materia urbanística, y añadió que entre los municipios que analizará la delegación se encuentran varios gobernados por el PSOE, "puesto que sólo nos hemos centrado en el estudio de los Planes Generales de Ordenación Urbana".
Tras analizar la situación de una docena de municipios de la Comunitat Valenciana, se trasladarán a Madrid donde el próximo sábado, según Hammerstein, mantendrán un encuentro con la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.
La visita a España de los eurodiputados pretende, "muy lejos de meter el dedo en ojo ajeno", buscar soluciones "reales" a un modelo urbanístico "desbocado", como mostraría el hecho de que en España, con dos millones de viviendas proyectadas, se prevé un crecimiento urbanístico superior al de Francia, Alemania y Reino Unido juntos, concluyó Hammerstein.
Parte de la prensa inglesa asentada en la provincia de Alicante ya dedicó ayer los primeros titulares a la misión de los europarlamentarios. La edición de Internet de «Costa Blanca News» ya resaltaba la visita y se refería a una «riada de quejas» de propietarios de viviendas extranjeros, que podrían perderlas en las tres provincias de la Comunidad.
El rotativo, fundado en 1971, se distribuye desde Almería a Castellón en los principales aeropuertos.
En la crónica que abría ayer los contenidos de su página web se hacía eco de que 7.000 propietarios de terrenos podrían sufrir una expropiación sin ninguna clase de compensación por culpa de las leyes urbanísticas valencianas.
La publicación, de amplia difusión entre los residentes británicos en Alicante, recoge unas declaraciones del eurodiputado conservador británico, Robert Atkins.
3 comentarios:
VALENCIA.-La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha organizado unas jornadas de reflexión sobre la “necesidad de optar por un urbanismo diferente” en las que participará, entre otros, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.
La asociación advirtió de que la Ley Urbanística Valenciana (LUV) “facilitará la continuidad de las construcciones incontroladas y masificadas por parte de agentes públicos y privados, que siguen limitando las posibilidades de los ciudadanos de disfrutar de un entorno natural”. Las jornadas se celebrarán durante los días 1 y 2 de marzo.
Según la asociación, esas jornadas de reflexión sobre un urbanismo diferente están motivadas por “la gravedad de la situación y las pérdidas irreversibles que ya se están produciendo para la integridad de nuestro territorio”.
Así, JpD hizo un “firme llamamiento” a las autoridades valencianas para que “efectúen una defensa del patrimonio común y no favorezcan unas actuaciones especulativas que resultan contrarias al interés general”.
Para la asociación, a pocos meses de la entrada en vigor de la LUV, “se detectan síntomas preocupantes de que dicha norma, ante la falta de restricciones legales, facilitará la continuidad de las construcciones incontroladas y masificadas por parte de agentes públicos y privados”.
De Las Provincias
El viaje de los dos eurodiputados y su séquito costará a Bruselas entre 30.000 y 40.000 euros
LAURA VILLENA/BRUSELAS
Entre 30.000 y 40.000 euros costará el viaje a España de una restringida comisión de europarlamentarios -solamente vendrá el presidente y el vicepresidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo- y un equipo compuesto por seis personas -un letrado, un secretario, dos asesores y dos intérpretes-, en su periplo por Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana para comprobar «in situ» el urbanismo y las normativas sobre esta materia.
Fuentes del Parlamento Europeo (PE) aseguraron a este diario que, aunque la delegación comunitaria cogiera las tarifas más económicas de Iberia, el coste de los vuelos se elevaría ya alrededor de 20.000 euros, a los que habría que sumar el alquiler del autobús que les llevará de ruta por las distintas poblaciones que van a observar con detalle.
También hay que tener en cuenta las dietas que cada persona integrante de la comisión tiene derecho a percibir, que en este caso serían las misas que si se quedaran a trabajar en sus despachos de Bruselas. Eso sí, en este apartado se establecen categorías. Mientras que el presidente de la Comisión de Peticiones, el polaco conservador Marcin Libicki, y el vicepresidente, el laborista británico Michael Cashman -quien ya vino a la Comunidad en la segunda visita cursada por la Eurocámara-, cobrarán en concepto de hoteles y comidas 279 euros diarios, el resto de la comitiva, sin rango de eurodiputados, tendrán asignados 200 euros diarios.
Declaraciones de Cashman
El eurodiputado británico y vicepresidente de la comisión de Peticiones del PE, Michael Cashman, conversó con ABC en la tarde de ayer y aseguró que no tiene «un interés personal en el problema urbanístico español, es el Parlamento Europeo en su conjunto quien está interesado en escuchar a los ciudadanos que han presentado sus quejas en la Eurocámara y por eso que considero positivo el envío de esta misión».
Asimismo, destacó que «venimos aquí para establecer contacto con las autoridades regionales y nacionales, para escuchar y hablar con los peticionarios y ver con nuestros ojos lo que ellos denuncian. Con la visita pretendemos hacer un seguimiento de los anteriores informes elaborados por el Parlamento Europeo en torno a esta cuestión».
Reunión con embajadores
La comisión llegó a Madrid y, tras reunirse con los embajadores de Reino Unido, Alemania, Austria y Países Bajos, se alojó en un hotel para descansar y coger fuerzas para la apretada agenda que les espera ayer, mañana y pasado. A la Comunidad llegó ayer tarde, después de haber visitado por la mañana de Almería. El primer contacto con la realidad urbanística valenciana fue en Orihuela, donde se reunió con los peticionarios de las quejas.
Hoy visitará, en primer lugar, Torrevieja, Rojales San Miguel de Salinas y Catral antes de reunirse con la síndica de Greuges. Por la tarde, retomará su ruta por la provincia de Alicante para detenerse en Tibi, Parcent y Benisa, donde se reunirán con opositores al urbanismo valenciano.
El viernes, los dos eurodiputados visitarán Jávea y se reunirán en Valencia con los Colegios Oficiales de Arquitectos y de Abogados y los promotores. Posteriormente, lo harán con el conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, quien explicará su visión y las normativas vigentes en materia medioambiental.
Por la tarde, se desplazarán a la provincia de Castellón, con visitas a Benicasim y Oropesa, donde se entrevistarán con su alcalde. Finalmente, de vuelta a Valencia, mantendrán un encuentro con más personas damnificadas por lo que califican de «irregularidades del urbanismo», aunque de las 15.000 quejas presentadas en Europa no hay ninguna decisión judicial al respecto.
ABC-CV
La delegación del Parlamento Europeo que visita España estos días aterrizó ayer por la tarde en Orihuela, la primera localidad de la Comunidad Valenciana que visitaron, para reunirse con varios vecinos, principalmente de la zona litoral oriolana, que tuvieron la oportunidad de expresar sus quejas ante los eurodiputados. Marcin Libicki y Michael Cashman, presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Comisión de Peticiones, escucharon a los vecinos y les mostraron la preocupación que se tiene desde Europa para solucionar los asuntos urbanísticos y de otra índole que se les plantearon. De hecho, al término de su intervención, Libicki afirmó que, después de una tercera visita a la Comunidad por parte de los europarlamentarios, «con la información que tenemos, sabemos que sí que se violan los derechos básicos de los ciudadanos».
Entre los problemas que se expusieron se habló de la imposibilidad de muchos ciudadanos extranjeros de votar en las próximas elecciones, cosa que los europeos calificaron como un «derecho fundamental», más todavía teniendo en cuenta que estos ciudadanos de la costa están empadronados. Pero sin duda el plato fuerte fue el urbanístico. Gerard Perret, vecino de la urbanización Los Almendros, denunció que en esta zona se pretende quitar el 60% del terreno a sus vecinos, en concepto de aprovechamiento urbanístico, para hacer un plan en el que se aumentará de 20 a 500 viviendas este paraje. Según Perret, «las casas tienen más de 25 años y se han convertido en una zona consolidada, ahora llega un urbanizador con un proyecto de reparcelación y tenemos que ceder ese terreno». A este respecto, el presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo recomendó a los vecinos que negocien estas cuestiones con el gobierno municipal oriolana «y les recomiendo que les digan que es mejor solucionarlo en este ámbito que entre en el caso el Tribunal Europeo de Justicia».
Por su parte, el portavoz de Los Verdes en el Ayuntamiento, Monserrate Guillén, expuso la necesidad de que se investigue la urbanización del PAU-21 junto a Sierra Escalona, en un terreno que según el edil «entra dentro de los límites de lo que ahora se quiere declarar Parque Natural». Asimismo, Guillén habló de la controvertida urbanización de la Cala de la Mosca y solicitó a los europarlamentarios que intercedan para evitar la urbanización del último reducto de costa virgen que le queda a Orihuela. Los representantes del partido Claro, que también estuvieron presentes, apoyaron la propuesta de Guillén, a lo que Libicki aseguró que espera que el gobierno local «entienda que nosotros podemos influir en estos temas». El vicepresidente de la Comisión, Michael Cashman, indicó que en el informe que hicieron en su última visita se hicieron recomendaciones, algunas de las cuales se han incluido en la LUV aunque no todas.
El británico afirmó que el sábado tienen prevista una reunión con el Gobierno de la nación en la que, entre otras cosas, se tratará el papel de los urbanizadores y la posibilidad de legislar un máximo de viviendas por cada urbanización.
De La Verdad
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