ALICANTE.- Familias objetores de Educación para la Ciudadanía (EpC) en Alicante criticaron que lo que más preocupa a los padres es la forma en la que se ha constituido esta asignatura en España, "muy diferente a Europa"."Aquí se produce una expropiación de los derechos de los padres otorgados por la Constitución y la Carta de Derechos Humanos de la ONU, a través de los Decretos que regulan la asignatura, y una atribución por parte del Estado de estos derechos para formar la conciencia moral de nuestros hijos".
Así lo explicó el presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco durante el encuentro organizado por la Plataforma por una Educación en Libertad en las instalaciones del Colegio CEU- Jesús María, de Alicante.
En el acto, participaron familias de colegios públicos, concertados y privados de diversos puntos de la provincia así como profesores y representantes de la Coordinadora de Familias de la Escuela Pública de Alicante, del Foro Español de la Familia, de la Concapa, de la Asociación Alicantina de Familias numerosas y de la Asociación de educadores cristianos de Alicante, entre otros, informaron fuentes de la organización en un comunicado.
Benigno Blanco (en la imagen) resaltó que lo que piden los objetores no es que se suprima la asignatura. "Estamos reivindicando nuestra libertad a formar moralmente a nuestros hijos", matizó.
Asimismo, explicó que la objeción de conciencia es "un instrumento jurídico propio de las democracias, que pueden usar los ciudadanos para proteger sus derechos y libertades frente al poder del Estado".
En el encuentro, donde se pusieron de manifiesto los problemas de los alumnos pertenecientes a la escuela pública por "el acoso que están sufriendo en detrimento de su propia libertad personal para poder pensar de forma distinta", se leyó un manifiesto donde se informa de que sólo en la provincia se han presentado más de 3.500 objeciones de las cuales la mayor parte pertenecen a padres que tienen a sus hijos en escuelas públicas.
Además, 150 padres de colegios públicos han presentado su demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Para algunos padres asistentes, "es incomprensible que un gobierno que reivindica la salida de la formación religiosa de las asignaturas obligatorias por pertenecer al ámbito de la moral de las personas, imponga ahora una asignatura que comporte contenidos de adoctrinamiento moral".
"No queremos que manipulen a nuestros hijos, ni desde el ámbito moral ni desde el ámbito político. Somos los padres quienes tenemos la imposición legal de escolarizarlos y por eso somos nosotros, los responsables legales los que objetamos, no nuestros hijos", destacaron.
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