Además, el PSPV, --que solicita que se revoque el sobreseimiento libre decretado por el TSJCV y se continúe el procedimiento por los trámites del Tribunal del Jurado--, asegura en el recurso, que el documento policial ha sido "ignorado" a la hora de decidir el archivo aunque apunta a la existencia de "claros indicios de criminalidad".
Según se indica en el recurso de casación, en el informe de la Brigada de Blanqueo de capitales hay "resultados elocuentes de la investigación sobre la vinculación de al menos un imputado, el secretario general del PPCV, Ricardo Costa" con las adjudicaciones a las empresas de la trama. Concretamente, resalta el pago de 420.000 euros de Orange Market al PPCV, donde el "responsable de los pagos y los cobros" a esta empresa es el propio Costa.
Además, el documento presentado por los socialistas considera "irrazonable y arbitraria" la interpretación de la Sala del TSJCV de la necesidad de establecer una "conexión de causalidad" entre la entrega de regalos y la adjudicación de contratos, cuando la jurisprudencia del TS señala que esta conexión se hace en relación con la función que desempeñan.
En esta línea, el PSPV sostiene que el tribunal valenciano "enreda" el término de la causalidad, pues la "focaliza y desnaturaliza" porque toma como referencia las adjudicaciones a las empresas, cuando el TS señala que la conexión causal debe establecerse entre la dádiva o regalo y la condición de la autoridad a la que se dirige.
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