En un auto, del que ha sido ponente el magistrado Francisco Javier Vieira, la Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal madrileño ha desestimado los recursos del empresario Francisco Correa y ex viceconsejero de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid Carlos Clemente contra el auto de incoación de diligencias, a los que se adhirieron otros 21 imputados.
La desestimación se produce siguiendo el criterio planteado por la Fiscalía Anticorrupción. Los recurrentes alegaban una vulneración por parte del magistrado central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional del derecho al juez predeterminado por la ley e inobservancia e infracción de las normas de reparto vigentes en la Audiencia Nacional.
En sus recursos, los abogados alegaron que las diligencias se abrieron en virtud de la denuncia formulada por la Fiscalía Anticorrupción, la cual no fue remitida al juzgado Decano por reparto entre los Juzgados Centrales de Instrucción, sino que fue presentada directamente al Juzgado de Garzón.
Según el auto del TSJM, la Fiscalía aludía en la denuncia que los hechos guardaban relación con unas diligencias previas seguidas en el mismo Juzgado y pedía abrir unas nuevas para no perjudicar la investigación.
Por ello, recoge el auto, el juez "optó por una de las posibilidades que ofrecía el Ministerio Fiscal, que fue la apertura de una causa nueva con la correspondiente deducción de testimonio, asumiendo la competencia de su tramitación en aplicación estricta de las normas de reparto que entonces estaban vigente, que sólo obligaban en estos casos a dar cuenta al Decanato de esa nueva incoación".
El auto especifica que en las normas de reparto propuestas en Juntas de Jueces Centrales de Instrucción de 5 de noviembre de 2003 y aprobadas por la Sala de Gobierno el 24 de ese mismo mes, en su norma cuarta, apartado tercero, dispone que "los procedimientos que debieran incoarse en virtud de testimonio de particulares deducido por cualquiera de los juzgados Centrales de Instrucción, los instruirá el juzgado que conozca de la causa en que se haya acordado librar el referido testimonio".
Añade que "el Decanato sólo efectuará asignación directa por antecedentes cuando tras la oportunas comprobaciones se siga que existe identidad de asunto".
"Ninguna irregularidad, por tanto, cabe apreciar en la asunción por este Juzgado de la competencia para llevar este procedimiento", recoge el auto, que alude a "la abundante jurisprudencia que niega en estos casos la posibilidad de infracción del derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley".
Por todo ello, la Sala acuerda desestimar los recursos de Correa, Clemente y el resto de los imputados, confirmando el auto del 6 de agosto de 2008 por el que el juez Garzón abrió las diligencias para investigar la trama de corrupción denominada 'caso Gürtel', en el que actualmente hay cerca de 70 imputados.
El 5 de marzo de 2009, el magistrado se inhibió de la causa a favor de los tribunales superiores de justicia de Madrid y Valencia por haber hallado indicios incriminatorios contra aforados de las citadas comunidades autónomas.
La anulación de parte de las intervenciones telefónicas ordenadas por el juez Baltasar Garzón entre los principales imputados en el 'caso Gürtel' y sus abogados en prisión no afectaría a la principal prueba de la instrucción: el 'pen drive' que la Policía incautó al supuesto contable de la 'red Gürtel', José Luis Izquierdo, en el piso de la calle Serrano, indicaron fuentes jurídicas.
La anulación de las intervenciones podría derivar en la impugnación de muchas pruebas obtenidas a raíz del contenido de esas conversaciones pinchadas, según indicaron las mismas fuentes. Sin embargo, una de las pruebas fundamentales de la instrucción son los datos contenidos en el 'pen drive' que la Policía incautó en el piso de Serrano, la sede central del entramado de Francisco Correa donde se encontraba la 'caja B' de la trama corrupta.
Esta memoria electrónica es clave para esclarecer muchos de los pagos hechos a los imputados, como a los tres diputados madrileños imputados en la trama: el ex diputado regional del PP Benjamín Martín Vasco, el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid López Viejo y el ex diputado del PP en la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch Tejedor. Además, recoge los movimientos de la contabilidad 'B'.
En el 'pen drive' se encuentran los archivos de 'excel' a nombre de cada uno de los diputados imputados, con pagos entre 2003 y 2007. A nombre de Benjamín Martín Vasco constan numerosos apuntes en concepto de viajes, gastos de boda, estancias en hoteles y joyerías, e incluso pagos en efectivo, con un saldo total de 345.166 euros.
Según señalaron las fuentes consultadas, el contenido de esta memoria podría sustentar muchas de las principales imputaciones en la causa y mantener en pie parte de la instrucción ante la previsión de que se anulen las citadas escuchas al afectar al derecho de defensa de los implicados en la trama de corrupción.
En su declaración, Izquierdo aseguró al juez Garzón que cumplía ordenes estrictas de Correa, quien le indicó en su día que tenía que aparecer en la contabilidad 'B' como Don Vito y con la denominación D.V.I.T.O, en alusión al Padrino.
Las deliberaciones sobre los recursos contra Garzón concluyeron el martes y en los próximos días se conocerá el auto que motive la decisión final de la Sala. Según publicó este miércoles el diario 'El País', la Sala anulará parte de las intervenciones de las comunicaciones entre los cerebros de la trama de corrupción y sus letrados en la prisión de Soto del Real.
Los magistrados Francisco Vieira, José Manuel Pérez Robledano y Emilio Fernández de Castro concluyeron el martes las deliberaciones de los 23 recursos presentados por los letrados defensores. Al parecer, Vieira y De Castro abogaron por anular parte de las escuchas, mientras que Robledano se mostró a favor de validar las mismas.
Visita del Papa
El portavoz del PSPV en las Corts, Ángel Luna, mostró en las Corts Valencianes un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales en el que se destaca que algunas empresas relacionadas con la trama 'Gürtel' "prepararon el terreno" en enero de 2006 para lograr los contratos de sonorización e instalación de pantallas durante la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia que se produjo siete meses después, en julio de 2006, con motivo del V Encuentro Mundial de las Familias.
Luna, que exhibió dicho informe desde la tribuna de oradores de las Corts durante la sesión de control al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, pero que luego rechazó facilitarlo a los medios, resaltó que una de las novedades de este documento es que concluye que la trama "ha actuado como conseguidor de contratos".
El portavoz socialista desveló la existencia de varias "cartas cruzadas" con fecha de enero de 2006 entre tres empresas del sector audiovisual que, posteriormente, fueron subcontratadas por Teconsa, adjudicataria del contrato.
Según Luna, estas empresas estuvieron "preparando el terreno" para lograr el contrato con RTVV de 6,5 millones de euros, de los cuales más de 900.000 euros "fueron para la trama", y recalcó que se utilizó a Teconsa como "pantalla" para lograr los contratos, ya que esta empresa pertenece al sector de la construcción y no al audiovisual, indicó.
En este sentido, apuntó que el Síndic de Comptes "puso de manifiesto que un contrato de esa naturaleza no se puede adjudicar de la manera que se hizo", a lo que el Consell "no hizo ninguna alegación al respecto", apostilló.
El portavoz del PSPV en las Corts, firmante de la querella contra el presidente Camps, algunos empresarios y el ex director de RTVV Pedro García, por financiación irregular, explicó que se incluyó a este último en la querella porque tenían "noticias de esto" pero carecían entonces del informe.
De este modo, explicó que el informe, de julio de 2009, procede de un 'pen drive' requisado por la Policía Nacional en un "registro en una casa de seguridad de la trama Gürtel" en la calle Martínez Campos, de Madrid, donde había documentos y plantillas 'excel' "con contabilidad de la trama".
Concretamente, se localizó en el 'pen drive' una carpeta designada como 'visita del Papa', con los "gastos e ingresos de la trama, que son muchos" y que "no va a ser anulado porque no son parte de unas escuchas", apostilló
En el informe, "se infiere que la organización liderada por Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, ha diseñado la operación y habrían recibido parte de los beneficios generados que se han repartido entre los participantes".
"La consecución del contrato de RTVV con motivo de la visita del Papa a Valencia obedece a la relación directa de la organización con el director general de dicha televisión Pedro García y con personas vinculadas a la Fundación que lo organiza. La organización ha actuado como intermediaria realizando una labor de conseguidor del contrato", leyó Luna, quien agregó que el documento contiene 80 páginas.
Así, Luna subrayó que la trama actuó como "conseguidor" del contrato gracias a la relación entre el ex director de RTVV, Pedro García, y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes', presunto representante de la trama en la Comunitat.
El síndic socialista además recordó que el conseller de Economía, Gerardo Camps, dijo en las Corts, en octubre del año pasado, que la Generalitat había gastado en la visita del Papa 1,9 millones de euros y que "quedaría algún otro gasto mínimo más".
Pero, dos meses después, el Consell aprobó dos millones de euros más para la Fundación V Encuentro "sin ninguna explicación y sin que se sepa si los otros patronos de la Fundación han aprobado otro tipo de gasto". Pero "sí sabemos que hay impagos y reclamaciones" contra esta entidad, apostilló.
Por su parte, el actual director de RTVV, José López Jaraba, compareció el pasado 10 de marzo en la Comisión de control de RTVV en las Corts Valencianes, donde rechazó informar del contrato de adjudicación a Teconsa al señalar que dicha información está sujeta al secreto de sumario dictado por el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que investiga el caso Gürtel, Antonio Pedreira.
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