Según ha expuesto tras la junta de síndics, con sus enmiendas conjuntas buscan evitar el cierre de locales de juego que habían obtenido autorización, lo que según él supondría "hasta 420 millones de euros" en indemnizaciones a abonar por parte de la Generalitat y la pérdida de "miles" de puestos de trabajo.
En concreto, PP y Vox presentaron enmiendas a la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat de 2024 para modificar la Ley del Juego, estableciendo que los locales podrán renovar sus licencias aunque estén a menos de 850 metros de un centro educativo, algo que no permite la norma aprobada en 2020 por el Botànic. Es una propuesta que criticó este lunes la Confederación de AMPA Gonzalo Anaya.
Preguntado al respecto en rueda de prensa, el síndic del PP ha asegurado que el Consell es consciente del "problema de la ludopatía" y tiene "muy en cuenta" la preocupación mostrada por las AMPA, pero ha defendido la necesidad de evitar sanciones millonarias en los tribunales por el cierre de locales que "habían obtenido autorización".
La Ley del Juego, ha expuesto, "dejaba sin trabajo a miles de trabajadores y podía suponer un coste adicional a las arcas valencianas de hasta 420 millones en indemnizaciones". Además, ha asegurado que era la normativa sobre el juego más restrictiva de la Unión Europea.
En cualquier caso, Barrachina ha argumentado que las enmiendas pretenden que los locales con autorización la puedan mantener y no tengan que cerrar a partir del 1 de enero.
Por su parte, la síndica del PSPV, Rebeca Torró, ha avanzado que realizarán una interpelación sobre estas enmiendas en el pleno de Les Corts de la próxima semana, al considerar que el Consell "quiere eliminar" la distancia de los locales de juego respecto a los centros educativos y los ambulatorios.
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