ALICANTE.- La aprobación por parte de la Conselleria de Territorio y Vivienda de la declaración de impacto ambiental del plan parcial de Rabasa deja las puertas abiertas para la aprobación definitiva de la Comisión Territorial de Urbanismo, que previsiblemente se reunirá antes de que se celebren las elecciones municipales.La declaración favorable de impacto ambiental al Plan Rabasa a cargo de la Conselleria de Territorio y Vivienda es, de hecho, el visto bueno prácticamente definitivo. Sólo queda la firma del conseller y, antes, la aprobación de la Comisión Territorial de Urbanismo, cuya composición, no deja lugar a excesivas dudas sobre el sentido final del voto. De los 17 integrantes con voz y voto, 13 dependen del Consell y uno, de la Diputación. El resto representan a la Administración General del Estado.
Este organismo, dependiente de Territorio y Vivienda, está compuesto por un presidente, un vicepresidente, un secretario y vocales con voz y voto, además de otros sin capacidad para decidir. Así consta en el Reglamento de los Órganos Urbanísticos de la Generalitat, publicado en el Diario Oficial de la Generalitat el 8 de octubre del 2003 y modificado a través del decreto 275/2004 de 10 de diciembre.
De entre los quince vocales, dos de ellos son propuestos por el conseller de libre designación. Otros ocho son representantes de consellerias y de Presidencia, uno de la Diputación y otro es el gerente del Instituto Valenciano de la Vivienda. Sólo tres dependen de la Administración Central, en concreto, del Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Fomento y los centros de gestión catastral y cooperación tributaria.
Por si hubiera alguna duda sobre quiénes son los representantes de las consellerias, sólo podrán ser directores generales, es decir, cargos políticos, que sólo pueden delegar como máximo en un jefe de servicio.
El reglamento citado prevé la participación de vocales con voz, pero sin voto hasta en un número sin determinar: pueden acudir técnicos de Planificación de la Conselleria como ponentes, representantes de colegios profesionales, de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y de asociaciones cuya actividad profesional esté vinculada al planeamiento.
El alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, considera que una vez que al Conselleria de Territorio ha informado favorablemente sobre el estudio de impacto ambiental del plan Rabasa, “sería ilógico que la Comisión Territorial de Urbanismo no lo aprobase”. Para Alperi, que ha declarado en muchas ocasiones que defendería este plan urbanístico “a capa y espada”, esta actuación debe de acometerse con prontitud. Algo que también defiende el propio constructor Enrique Ortiz (en la fotografía), que argumenta que con voluntad política se pueden empezar las obras en un corto espacio de tiempo.
Hay que recordar que el compromiso que adquirió Enrique Ortiz con el Ayuntamiento era empezar con la construcción de las viviendas de protección oficial, al menos un tercio de las 9.000 previstas en los dos primeros años.
No obstante, el plan de Rabasa, una vez aprobado definitivamente por la Conselleria de Territorio, ha de pasar por otros trámites, como la aprobación del proyecto de urbanización y reparcelación, lo cual podría tardar años en concretarse para dar paso al inicio de las obras.
Miguel Barceló, que representa a más de medio centenar de familias propietarias de medio millón de metros cuadrados de Rabasa afectados por el plan parcial, considera que se han conculcado los derechos de los dueños. Por ello, asegura que “estamos dispuestos a defender nuestros terrenos y derechos, a que se nos tenga en cuenta, y si hace falta lo haremos ante el Constitucional, porque hay muchas familias que han vivido en Rabasa toda su vida y ahora pierden el trabajo e incluso su patrimonio en favor del promotor del plan urbanístico”.
Asegura que los pequeños propietarios de terrenos son los más perjudicados, porque “las cesiones de suelo a las que nos obliga la ley reguladora de la actividad urbanística, por la que se rige el plan de Rabasa, resultan leoninas ya que, además de que tenemos que pagar la urbanización en suelo y no en metálico como hemos reclamado, nos restan un porcentaje de terreno muy alto como consecuencia de la construcción de las viviendas de protección oficial, lo que nos deja casi sin nada”. Añade que “la presión que existe con este plan ha motivado que las empresas promotoras están comprando terreno a los dueños a un precio más barato del que se paga en mercado”.
También criticó que el Ayuntamiento de Alicante no les haya contestado a las alegaciones que presentaron al informe medioambiental de la empresa Viviendas Sociales del Mediterráneo, liderada por el constructor Enrique Ortiz y adjudicataria del proyecto de urbanización de este macroproyecto urbanístico que afecta a una superficie de 4,2 millones de metros cuadrados.
Ortiz no ocultó ayer, en declaraciones a la Cadena Ser-Radio Alicante, su satisfacción por el informe favorable a la declaración de impacto ambiental del plan parcial de Rabasa, que prevé la construcción de más de 15.000 viviendas, de las que 9.000 serán de protección oficial.
El empresario promotor de esta actuación manifestó a esa emisora su convencimiento de que “con voluntad política, este proyecto se puede empezar a acometer con rapidez”, lo que, a su juicio, “redundará en beneficio de una gran número de ciudadanos que aspiran a conseguir una vivienda”.
Viviendas Sociales del Mediterráneo abrió en junio de 2005 una oficina de información sobre las viviendas de protección previstas en Rabasa, por las que pasaron miles de ciudadanos interesados en este actuación, lo que ha dado pie al empresario para señalar las bondades de su proyecto urbanístico y argumentar el interés social de su proyecto. Además, Ortiz lanzó un reto a promotores y políticos al afirmar que “si hay alguien que tenga un proyecto mejor, que lo presente y lo saque adelante”.
El argumento esgrimido tanto por el promotor como por el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, de que la urbanización de Rabasa supondrá una oferta muy importante de suelo para construir VPO, y que contribuirá a regular el mercado de la vivienda en la ciudad, no es compartido por los vecinos y propietarios de terrenos.
Francisco Soler, vecino del barrio, asegura que “lo que pretende Alperi es hacer un traje a medida de Ortiz, que es el gran beneficiario de esta operación, que supone un pelotazo urbanístico”. Además, criticó que “un plan como el de reforma interior del barrio, en el que hay previstas más de 360 viviendas de protección oficial, se ha mantenido paralizado durante más de diez años mientras ahora esta actuación, que se pretende realizar al margen del PGOU, se acelera”, por lo que se preguntó “dónde está el interés del PP de hacer VPO en Alicante”.
www.laverdad.es y www.lasprovincias.es
2 comentarios:
Vecinos por Alicante (VA), el partido que lidera José Luis Valdés, considera que la decisión del Consell “es otra vuelta de tuerca más del PP que da rienda suelta al Plan Rabasa y permite de nuevo la consolidación depredadora de las políticas del ladrillo”.
El candidato a la Alcaldía por VA dijo que “con estas actuaciones de la Conselleria, consentidas por los socialistas, han dado luz verde a Alperi, principal impulsor del proyecto, para que Viviendas Sociales del Mediterráneo ejecute el plan urbanístico prometido y aprobado por ambos partidos, el mismo que fue recurrido por colectivos ciudadanos y grupos políticos, criticado por el Síndic y rechazado por el Ministerio de Defensa”.
Para Valdés, “resulta curioso observar las prisas que se ha dado la Conselleria para aprobar un Plan, que se encuentra fuera de toda ordenación urbanística y al margen del PGOU. Con estas actuaciones interesadas, se ofrece al constructor Enrique Ortiz amigo personal del alcalde, el mayor pelotazo urbanístico que se ha conocido en la historia de Alicante”.
Por su parte, el candidato a la Alcaldía de Alicante por Esquerra Unida, José Antonio Fernández Cabello, no tenía ayer claro que era más grave, si la aprobación de la declaración de impacto ambiental previo a la autorización definitiva del macroproyecto de Rabasa por parte de la Generalitat o la valoración que hizo la secretaria autonómica de Territorio, Cristina Serrano, al poner el Plan Rabasa como ejemplo de urbanismo ambiental y sostenible.
“El PP ha emprendido una huida hacia delante y en ella traspasa todos los límites del sentido común”, recalcó Cabello, para quien el Plan Rabasa es “uno de los casos más señalados del proceso de destrucción y desordenación territorial”.
En similares términos se expresó la coordinadora de la coalición en el País Valencià, Gloria Marcos, quien aseguró que la política de vivienda del Consell se limita a “beneficiar los negocios especulativos e inmobiliarios en detrimento de los derechos de los valencianos a acceder a una vivienda digna y asequible”.
La candidata del Compromís pel País Valencià a la Presidencia de la Generalitat, Gloria Marcos, se comprometió ayer a impulsar una reforma de la Ley Electoral Valenciana en la que se deje «fuera» de toda responsabilidad pública a los cargos imputados por delitos contra la hacienda pública. Marcos, quien mantuvo ayer una reunión de trabajo con el secretario general de CC OO, Joan Sifre, manifestó su voluntad de que los cargos públicos que estén imputados «por la comisión de delitos que tengan que ver con esa mala utilización de los recursos públicos en beneficio privado» no puedan tener responsabilidad institucional.
La candidata defendió la necesidad de esta reforma ante unas elecciones donde se están produciendo «alteraciones de los censos y donde hay personas vinculadas a la comisión de delitos que tienen que ver con la privatización de los recursos públicos y la utilización indebida de los caudales públicos. Es necesario rearmar el modelo de la democracia valenciana y creemos que ése es un mensaje que la ciudadanía tiene que tener muy en cuenta a la hora de participar en las elecciones del 27 de mayo porque lo que nos gustaría es que hubiera una gran participación», declaró.
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