Andrés subrayó que, según figura en la liquidación de las cuentas de la Generalitat, los altos cargos de la administración autonómica ascienden a 173, lo que representa un incremento del 28,32 por ciento respecto al 2004, lo que ha supuesto un desembolso en el último año de 8,1 millones de euros.
De los 173 altos cargos, en el último año se han nombrado un total de 36, que se han adscrito a "gastos diversos", es decir, "que están al servicio del presidente", indicó. Al respecto, lamentó que el jefe del Consell, entre los altos cargos que dependen de Presidencia y estos últimos, "acapara el 15 por ciento de los altos cargos de la Generalitat".
Esta ampliación de la plantilla de altos cargos llevada a cabo por Camps ha supuesto un incremento del presupuesto para el pago de las nóminas de estos puestos de casi 1,5 millones de euros desde 2004, lo que representa un 17,97 por ciento más de presupuesto, agregó.
Asimismo, Andrés criticó que frente a "una situación de crisis", ante la que el Gobierno central y los ejecutivos autonómicos "han apostado por aprobar planes de austeridad que afectan directamente a la nómina de altos cargos", Camps "no se reprime a la hora de crear un gobierno de boato y autosatisfacción".
Para la portavoz de Justicia, el incremento de puestos también "afecta" al personal de confianza o eventual, en el que figuran 146 personas, de las que el 30,13 por ciento dependen de Presidencia y representan un gasto de 4,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 21,23 por ciento desde 2004, que conlleva un aumento del gasto de un 48,93 por ciento.
La diputada socialista reiteró que Camps "casi ha doblado" el número de altos cargos y personal eventual respecto al Gobierno de Zaplana, al pasar de 181 a 319, lo que ha supuesto un incremento del 60,49 por ciento del gasto destinado a estas nóminas. Así, entre altos cargos y personal eventual, el presupuesto asciende a 12,6 millones de euros, frente a los 7,8 de la etapa de Zaplana.
Esto, alertó, "pone negro sobre blanco a la falta de una política de planificación" por parte del actual Gobierno valenciano, ya que la administración pública "no se considera como un servicio al ciudadano sino a la medida del PP".
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