ELCHE.- El exlíder de las Juventudes Socialistas de Elche, Alejandro Díaz, irá tres años a la cárcel tras reconocer que consumió y difundió un durísimo material pedófilo en el que aparecen adultos violando a recién nacidos, unos vídeos que llegaron a impactar profundamente a los agentes de la Policía Nacional especialistas en asuntos de pedofilia encargados de esta investigación.
Tal y como ha publicado El Mundo, ante la evidencia de las pruebas acumuladas en su contra y la petición de nueve años de prisión por parte de la Fiscalía, Díaz ha reconocido ante el juez que visionaba y distribuía imágenes de adultos violando a recién nacidos así como fotografías de torturas a bebés a unos niveles difíciles de comprender.
La frase de «los imagino gritando y llorando mientras los violo incorporada en las diligencias» supuso el punto de partida de una investigación en la que pronto emergieron conversaciones demoledoras e imágenes descarnadas que muchos policías fueron incapaces de visionar.
La admisión de los hechos de Díaz ha frenado el juicio y ha puesto fin a tres años de diligencias. Buena parte de los agentes describieron el caso como el peor de pedofilia al que se habían enfrentado en los últimos 25 años.
Abusos a niños
Díaz fue detenido en el año 2017 y suspendido de militancia del PSPV. La juez ordenó su ingreso en prisión y en agosto le dejó en libertad tras pagar su familia una fianza de 20.000 euros.
A raíz de aquella primera detención surgieron otros dos casos, uno de ellos el de unos supuestos abusos a una niña de dos años de su entorno familiar más cercano. Díaz fue juzgado en junio de este año por esos hechos, un caso en el que la Fiscalía pedía cinco años de prisión para el acusado pero en el que resultó absuelto ante la ausencia de pruebas.
El segundo caso hacía referencia al supuesto abuso por parte de Díaz de unos niños saharauis que se encontraban de acogida en Elche, pero aquel caso se archivó al no poder localizar a las supuestas víctimas.
Según publicaba ABC, además de la pena de cárcel, el fallo impone a Díaz la libertad vigilada por un periodo de tres años en el momento en el que salga de prisión y le prohíbe desempeñar «cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por un tiempo superior al de la duración de la pena de privación de libertad».
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